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N. Elia

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El cuatripartito respalda que la bandera republicana ondee en el Parlamento el 14 de abril

A la particular guerra de banderas que se vive en la Comunidad foral, con una recién derogada ley de símbolos para permitir que la ikurriña vuelva a los ayuntamientos, y una bandera de Europa desaparecida de los mástiles oficiales del Parlamento desde hace meses, se suma ahora la bandera republicana. Los grupos de Geroa Bai, Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Socialistas navarros han ratificado su decisión política de que el próximo 14 de abril ondee en la Cámara foral la bandera republicana. El voto en contra de UPN y PP no ha servido para reconducir esta iniciativa, y la mayoría ha decidido además que el Parlamento recurra las medidas cautelares que Fiscalía ha solicitado contra esta decisión, así como personarse en el contencioso abierto.

El acuerdo se ha alcanzado en una sesión extraordinaria y urgente convocada después de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJN, que ha rechazado la petición de la Abogacía del Estado de suspender de forma urgente ese acuerdo, diera a la Cámara el plazo de un día para presentar alegaciones. La Sala ha justificado su rechazo de la medida "cautelarísima" de suspender el acuerdo de la Mesa y Junta de Portavoces sin recabar los argumentos de la institución "por la inexistencia de especial urgencia en el caso" ya que la ejecución del acuerdo "no va a ser inmediata". Además, ha anunciado que será la próxima semana cuando resuelva la solicitud del Estado de anular la decisión del Legislativo Foral.

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La nueva ley de Policía foral que prepara Beaumont pone en la encrucijada al Gobierno de Barkos

Además de conseguir sacar a la calle a casi la mitad de la plantilla de la Policía Foral para pedir su retirada, el anteproyecto de ley de Policía que elabora la consejera de Interior, María José Beaumont, ha puesto en una difícil encrucijada al Gobierno de Barkos. Dos de sus socios, Podemos e Izquierda Unida, han anunciado que no apoyarán el anteproyecto si el texto no logra una adhesión sindical mayoritaria. También el PSN se ha pronunciado en contra de un anteproyecto que ha batido récords de opositores: “Ni siquiera UPN consiguió tener en contra a todos los sindicatos de Policía foral y a sindicatos de policías locales”, ha destacado la socialista Inma Jurío. Con el único apoyo de Geroa Bai y Bildu, el texto podría ser la primera derrota parlamentaria que causa la división en el cuatripartito.

Antes de que la sangre llegue al río, la presidenta Uxue Barkos ha propuesto “una mesa de trabajo y negociación a las partes implicadas”. En su opinión, la aplicación de la ley aprobada en esta legislatura supone, de facto, un repliegue de Policía Foral”. Por esa razón, añade Barkos, “tenemos que buscar la forma para utilizar de la manera más operativa y más eficaz posible los medios policiales con los que cuenta Navarra, para que no se produzca ese repliegue”. De manera que propone, tanto a los sindicatos con representación en la Mesa general como a los grupos parlamentarios, una “negociación” en torno al anteproyecto de ley para que el texto pueda llegar a pleno con unas mínimas garantías de ser aprobado.

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Los afectados por la hipoteca piden apoyo al Parlamento foral para su ley antidesahucios

A las puertas del Parlamento foral, Mounira Moustarih anuncia: “El próximo 2 de junio me van a echar a la calle. Si esta ley estuviera aprobada, podría quedarme en mi casa. Por eso, y para que nadie más sea desahuciado, pido a los parlamentarios que nos ayuden a aprobar esta ley”. La norma a la que se refiere esta mujer es la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el Congreso, y que a pesar de haber conseguido más de un millón y medio de firmas para su promoción, no salió adelante. La PAH de Navarra pide ahora el apoyo del Parlamento foral para que presione a los grupos de la Cámara baja y la ley anti desahucios pueda volver a ser tramitada.

La petición de apoyo se ha llevado a cabo a través de una concentración que han secundado en torno a un centenar de personas. Coreando lemas como “ni casas sin gente, ni gente sin casa” o “ningún desahucio sin respuesta”, los congregados han recibido con aplausos la presencia en la concentración de la presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez. También han tomado parte en el acto reivindicativo parlamentarios de Geroa Bai, Bildu e Izquierda Unida. A ellos se ha dirigido personalmente Josu Osta, en representación de la PAH de Navarra, para pedirles que sus diputados “hagan fuerza” para que la ley anti desahucios pueda aprobarse en el Congreso.

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Navarra, insignificante en el debate nacional

La derecha foral reclama que Navarra entre a formar parte del debate nacional: el Gobierno nacionalista del cuatripartito (Geroa Bai, Bildu, Podemos e IU) está imponiendo el euskera a toda la población, está introduciendo la ikurriña en las instituciones y organiza homenajes a víctimas de la violencia en los que participan familiares de etarras, denuncian desde UPN.

Más allá de encendidos titulares, la realidad refleja fielmente el peso escasísimo de la Comunidad foral en España: los presupuestos generales del Estado reducen de 106 a 79 millones de euros las inversiones estatales en territorio foral.

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Crecen hasta 224 las denuncias de personal sanitario que sufre agresiones

Insultos, broncas, desprecios, faltas de respeto e incluso empujones, puñetazos o golpes con objetos contundentes. Son parte de los maltratos a los que se ven sometidos los profesionales públicos de la salud en Navarra, y que en datos se corresponden con 224 agresiones denunciadas el año pasado ante la consejería de Salud. La cifra, muy abultada teniendo en cuenta que en 2014 ascendió a 120 denuncias, no ha sorprendido al consejero de Salud, Fernando Domínguez. “Debido a las diferentes acciones llevadas a cabo en el SNS para animar al personal a realizar la notificación de agresiones, era esperable un incremento de las mismas”, ha señalado. De las 120 agresiones denunciadas durante el último gobierno de UPN, se pasó a 203 en 2015 y 224 el año pasado, primer año completo del Gobierno del cuatripartito.

Domínguez no ha dudado en calificar de “importante” el incremento de las agresiones denunciadas. Pero también ha querido matizar que las cifras “se refieren a las notificaciones, no a agresiones reales, puesto que existe infradeclaración en las asociadas a la hospitalización de pacientes psiquiátricos”. Con todo, de las 224 notificaciones, 158 fueron denuncias de agresiones verbales y 66 por agresiones físicas.

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UPN apoyará los presupuestos generales sin lograr un compromiso del PP sobre el TAV

A falta de la aprobación definitiva por parte de la Ejecutiva de UPN, su presidente, Javier Esparza, y el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, parecen haber llegado a un acuerdo para que los dos diputados de la formación regionalista apoyen los presupuestos generales del Estado. Los dos votos de UPN, que desde el PP de Navarra aseguran no haber visto nunca en peligro, son esta legislatura especialmente importantes para el Gobierno de Rajoy, que está negociando con los grupos minoritarios cómo alcanzar la mayoría necesaria para aprobar las cuentas del Estado. El acuerdo alcanzado entre regionalistas y populares no incluye, como exigía UPN, ningún “compromiso firme y por escrito de que se va a volver al proyecto inicial, original, del tren de alta velocidad en Navarra”. Es más, el vicepresidente del Gobierno foral, Manu Ayerdi, asegura que “la única hoja de ruta” para el TAV es la que acordó con el ministro de Fomento hace unas semanas, un acuerdo que fue duramente criticado por UPN.

Tanto el líder de UPN como su diputado Iñigo Alli trataron, a principios de año, de hacer valer sus dos votos ante la necesidad de apoyos del PP. Con abundante proyección mediática, ambos regionalistas aseguraron que no votarían a favor de los PGE si Rajoy no garantizaba para Navarra la financiación necesaria para la construcción del Tren de Alta Velocidad. Tres meses y un par de reuniones después, los regionalistas han vuelto al redil popular y reconocen que apoyarán los PGE. Lo hacen sin apenas revuelo en los titulares, como si pretendieran que su cambio de postura pase lo más desapercibido posible.

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¿La ikurriña en Navarra? Sin prisa pero sin pausa

¿La ikurriña en el mástil oficial del Ayuntamiento de un municipio navarro? Prudencia. Es el mensaje transmitido por muchos de los llamados ayuntamientos del cambio, los gobernados por el cuatripartito (Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra) tras la derogación de la ley de Símbolos de 2003, que prohibía expresamente la exhibición de la bandera vasca en las dependencias de las corporaciones municipales de la comunidad foral. "No hay prisa", "no está en la agenda" o "no es una prioridad" son las respuestas que se repiten entre los primeros ediles de los ayuntamientos del cuatripartito. Todos ellos consideran un gran paso la derogación de la ley de Símbolos que promovió UPN, pero no quieren ir más allá.

Los ayuntamientos con mayoría suficiente como para aprobar la colocación de la ikurriña no van a lanzarse a la carrera de quién será el primero en tenerla de nuevo presente en sus fachadas. Y menos ahora, que la batalla emprendida por la derecha contra la presencia de la ikurriña en Navarra está en su punto álgido. Desde la delegación del Gobierno, la 'popular' Carmen Alba ha lanzado serias advertencias a los ayuntamientos navarros: habrá sanciones para aquellos que cuelguen la ikurriña en sus fachadas.

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La guerra de banderas en Navarra seguirá librándose en los tribunales

La guerra de banderas en Navarra seguirá librándose en los tribunales. A pesar de que el cuatripartito que apoya al Gobierno de Uxue Barkos ha derogado este jueves la ley de Símbolos que impulsó UPN en 2003 (una norma que prohíbe de forma expresa que ondee la ikurriña en los edificios oficiales de la Comunidad foral), esta iniciativa no garantiza un blindaje legal para la presencia de la ikurriña en los municipios que así lo acuerden por mayoría.

Lo advierte así el Consejo de Navarra, el máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, aunque su dictamen no es unánime: la secretaria del Consejo, Socorro Sotés, que fue propuesta y elegida para el cargo por los cuatro partidos políticos que apoyan al Gobierno, ha emitido un voto particular con el que discrepa frontalmente del pleno del Consejo y señala que “la parte de la ciudadanía que no esté conforme con la derogación tiene el deber democrático de soportarlo”.

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Las ayudas para rehabilitar viviendas de más de 25 años se amplían hasta el 60% del coste

A las medidas ya anunciadas para incrementar el parque de vivienda protegida en régimen de alquiler, el vicepresidente de Derechos Sociales ha sumado ahora nuevas iniciativas para promover la rehabilitación de los inmuebles: las ayudas que se concedan este año pueden llegar al 60% del coste de las obras en viviendas de más de 25 años. Laparra ha recordado que el impulso al alquiler social y la apuesta por la rehabilitación son las dos líneas maestras que rigen la política de vivienda del Gobierno. Dos iniciativas, asegura, “con una incidencia muy notable tanto en el ámbito social como en el económico y el de la sostenibilidad ambiental”.

Entre las mejoras que introduce este año el departamento de Derechos Sociales en materia de rehabilitación, el consejero ha destacado que, por una parte, se incrementa el porcentaje del coste de las obras subvencionado (sobre todo para jóvenes y para mayores de 65 años); por otro lado, el presupuesto mínimo de las obras que hay que cumplir para poder acceder a las subvenciones disminuye de 6.000 a 2.000 euros. De esta manera, los trabajos de rehabilitación de menor cuantía también tendrán la oportunidad de ser subvencionados.

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El Parlamento apoya el desarme de ETA con el voto en contra de UPN y PP

El cuatripartito (Geroa Bai, Bildu, Podemos e IU) y los socialistas navarros han unido sus votos para expresar que el Parlamento foral considera “necesario” que el desarme de ETA se produzca cuanto antes y de forma “unilateral, completa, definitiva y verificada”. En una sesión de Mesa y Junta celebrada en Arguedas, sólo UPN y PP han quedado descolgados de este pronunciamiento común. Las formaciones de derechas han votado en contra de la resolución presentada por el resto de los partidos, un texto que los regionalistas ven “poco contundente”.

La presidenta del Parlamento, Ainhoa Aznárez, ha explicado que intentó “hasta el último momento” conseguir el acuerdo de UPN y PP para que la declaración se aprobase por unanimidad, “pero no pudo ser”, ha lamentado. También ha querido dejar claro que “el Parlamento siempre estará con las víctimas”, aunque “nunca tendremos el suficiente caudal personal y económico para mitigar ese dolor”.

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