Amnistía Internacional pide a los partidos navarros que impulsen una agenda común en derechos humanos
“Garantizar el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas de ETA y de otros grupos armados, incluidas las de los GAL”. Con este objetivo, el director de la Sección Española de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha pedido a los partidos políticos de Navarra “que impulsen una agenda común en derechos humanos por lo que ocurrió en la CAV, Navarra y en el Estado durante mucho tiempo”. Invitado por el cuatripartito y el PSN, Beltrán entiende que el contexto social es propicio para intentar pactar entre Navarra, Euskadi y el Estado una agenda común en derechos humanos basada en los estándares del derecho internacional. “Siete años sin que nadie tenga que mirar debajo del coche, sin tiros… tenemos un escenario proclive al diálogo”, ha animado a los grupos parlamentarios.
Sin embargo, la respuesta de los partidos a su invitación ha tenido más de enfrentamiento entre ellos que de voluntad de conciliación. Así, Geroa Bai, Bildu, Podemos e Izquierda Unida han puesto el acento en criticar al PP, los socialistas han recordado que “existe una banda terrorista que aún no se ha disuelto”, y en la derecha UPN y PP han destacado que todavía quedan partidos que no condenan los atentados de ETA.
Inasequible al desaliento, Beltrán ha expuesto ante los grupos que esa agenda común en derechos humanos tendría que impulsarse “despojada de cualquier sesgo de cualquier tipo. Quien quiera un determinado énfasis en unas víctimas u otras, está traicionando al derecho internacional”. El planteamiento básico de Amnistía Internacional, ha insistido Beltrán ante sus señorías, es que “todas las víctimas de graves abusos y violaciones de derechos humanos tienen los mismos derechos, no puede haber impunidad”.
Sentadas estas bases, Beltrán ha aclarado que la agenda común debería buscar “que se garantice que cualquier víctima de ETA y de otros grupos armados tenga derecho a la justicia, verdad y reparación; que se esclarezcan los atentados sin resolver, que se asegure la justicia y la reparación para las víctimas de tortura, que se produzca el reconocimiento público de que ocurrió la tortura y que se continúe avanzando en la sistematización de información de la violación de derechos humanos entre 1960 y 2011”.
Beltrán ha reconocido que “a pesar de las iniciativas de varias instituciones y organizaciones para garantizar que los derechos humanos estén en la agenda, el Gobierno central está varios pasos por detrás”. En este sentido, ha señalado que el acceso a la verdad “es incompleto”. Falta información sobre atentados de ETA y otros grupos armados, señala Beltrán, “y no hay ninguna investigación judicial de víctimas del batallón vascoespañol”.
Con respecto a la reparación, a su juicio, “el camino es desigual”, ya que el 98% de las víctimas de ETA ha recibido indemnización económica, mientras que las víctimas del GAL o del batallón vascoespañol ni siquiera han sido reconocidas como víctimas del terrorismo.
En cuanto a la tortura, ha indicado que “el denominador común ha sido la falta de investigación que se mantiene hasta hoy y falta de acceso a justicia y a la reparación para muchas de estas víctimas”. Tras señalar que “no hay suficientes datos contrastados”, ha comentado que “hay unas 4.200 denuncias públicas”, con 292 expedientes de torturas de navarros“. ”Pese a estas cifras, el Gobierno central ha negado siempre la tortura“, ha añadido, para afirmar que ”es muy importante que aceptemos que ha habido torturas, es el inicio de una rectificación y de que no vuelva a ocurrir“.
