El Gobierno foral prevé rebajar a la mitad la pobreza severa, que en 2015 afectaba al 8,8% de los navarros
El Gobierno foral quiere consolidar su modelo de Renta Garantizada más allá de esta legislatura. Para el periodo 2018 a 2021, va a aprobar el llamado Plan Estratégico de Inclusión Social, en el que deberán trabajar de forma conjunta los departamentos de Derechos Sociales, Salud y Educación con el objetivo, entre otros, de reducir la pobreza severa en Navarra del 8,8% de la población (dato de 2015) al 4,4% en 2021.
Para conseguirlo, el plan cifra en 45,7 millones de euros el incremento presupuestario necesario en las cuentas de Navarra en los próximos tres años. Una financiación que el Ejecutivo de Barkos no puede garantizar en estos momentos más allá de 2019, año electoral, pero que tiene previsto aprobar como planificación a largo plazo para la reducción de la pobreza en Navarra.
El capítulo económico del plan explica que parte de la dotación extra que será necesaria en áreas como el empleo o los complementos de pensiones podrá desviarse de la menor necesidad que habrá de financiar las ayudas de Renta Garantizada, partida cuya cuantía se prevé reducir en 11 millones hasta 2021.
Compromiso de empleabilidad
Esta reducción en las ayudas se conseguirá, precisamente, con la consecución de uno de los principales objetivos del plan, y que consiste en que los perceptores de Renta Garantizada no permanezcan más de 24 meses sin acceder a un empleo. El compromiso señala también que la mitad de los receptores de esta ayuda acceda a un trabajo antes de los primeros 12 meses de recibirla.
“Estamos ultimando los diagnósticos de empleabilidad de los perceptores de Renta Garantizada, y entendemos que se trata de un objetivo exigente pero asumible”, resume el vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra. El compromiso de que todos los perceptores de Renta Garantizada que estén en condiciones de trabajar accedan a un empleo en dos años es la consolidación del modelo de protección social que inició el Gobierno de Barkos al comienzo de la legislatura. El objetivo de la Renta Garantizada, recuerda Laparra, es prioritariamente la inclusión social de sus beneficiarios. Y no hay mejor instrumento de inclusión social que el empleo. Para fomentarlo, el Gobierno tirará de fórmulas como el empleo social protegido o el conjunto de políticas activas de empleo, que se orientarán hacia el colectivo de perceptores de Renta Garantizada de acuerdo con los estímulos contemplados en la ley que regula estas ayudas.
En materia de empleo se contemplan otras medidas como el trabajo conjunto entre el Servicio Navarro de Empleo y los servicios sociales, la adaptación de las ofertas formativas a las necesidades territoriales y a los perfiles de las personas en situación de exclusión social o la promoción de acciones de carácter ocupacional para personas que no están en condiciones de trabajar.
Vivienda, Salud y Educación
En materia de Vivienda, el plan recoge el derecho subjetivo de las personas a una vivienda digna. Como el acceso a un domicilio será exigible a la Administración, el Gobierno quiere acomodar su oferta de inmuebles a los jóvenes y familias vulnerables, sectores con más dificultades y que Laparra cifra en hasta 2.500 núcleos familiares. El compromiso que contempla para ellos el plan es ofrecerles una vivienda de alquiler social (o ayudas para pagar el alquiler de la vivienda habitual) a todas las personas demandantes registradas con ingresos inferiores a dos veces el alquiler de mercado, a los que no se les haya ofrecido antes y que no la hubieran rechazado en los últimos 5 años.
En materia de Educación, el Gobierno estudia cómo reducir el abandono escolar temprano y situarlo por debajo del 8%, teniendo en cuenta que en 2017 el problema afectaba al 11,3% de la población joven de Navarra. El plan aborda cómo reducir la proporción de jóvenes que no está estudiando ni trabajando (el 14,3% el año pasado) y dejarlo por debajo del 10% para la población de entre 15 y 29 años.
En materia de Salud, el Plan se marca como objetivo reducir en un 10% las desigualdades encontradas en el estado de salud de los perceptores de Renta Garantizada. Por ejemplo, la obesidad y el sobrepeso infantil y juvenil es tres veces más frecuente entre las personas beneficiarias de Renta Garantizada, factor directamente relacionado con las barreras económicas de acceso a alimentos saludables. Asimismo, la diabetes es también más frecuente entre este colectivo.
