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Sandra León

Sandra León es Doctora en Ciencias Políticas por el Instituto Juan March y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido). Escribe sobre cuestiones relacionadas con el federalismo y el comportamiento electoral. Colabora habitualmente con el Laboratorio de la Fundación Alternativas y ha participado como tertuliana en el programa “Hoy por hoy” de la SER. Es miembro de Líneas Rojas.

La casta y el futuro del Reino Unido

En este tiempo hablamos mucho de casta política en España, pero el alejamiento de la clase política también forma parte del debate político en otros países. De hecho, en el reciente referéndum de independencia sobre Escocia, un discurso parecido al de la casta política ha estado muy presente en la campaña por el “Sí ” de Alex Salmond.

La “casta” política en el Reino Unido ha sido identificada con los partidos políticos que tradicionalmente han dominado la política en el parlamento central (Westminster): Conservadores, Laboristas y Liberales. Alex Salmond se refirió a ellos durante la campaña como el “equipo Westminster” ( team Westminster) frente al “equipo Escocia” ( team Scotland). De esta manera buscaba atraer hacia su causa el desencanto con la clase política. Los nacionalistas presentaban la disyuntiva entre independencia o permanencia en la Unión como una decisión entre continuar bajo el dominio de los partidos del “establishment” o desvincularse de ese modelo bajo el paraguas de un nuevo Estado. Este discurso bebe (y contribuye a reforzar) el alejamiento de la política que predomina entre los votantes favorables a la independencia. La gran mayoría de ellos piensa que a los políticos no les preocupan los ciudadanos y más del 50% confía nada o casi nada en sus representantes parlamentarios[1].

El papel del argumento “anti-casta” a la hora de alimentar el discurso independentista parece distinto en el caso escocés que en el catalán. Aunque la crisis económica e institucional y la corrupción seguramente han servido como catalizadores de las demandas soberanistas en Cataluña, la vinculación entre desafección hacia la clase política y ruptura con España en el discurso independentista ha sido más débil que en el caso escocés. De hecho, el perfil socioeconómico de quienes apoyan la independencia en Cataluña (más educación, mayores ingresos) está generalmente asociado a mayores niveles de interés y confianza en la política. Al contrario de lo que ocurre en Escocia, en Cataluña la visión negativa de la política predomina en mayor medida entre quienes prefieren un modelo territorial centralizado que entre quienes defienden la independencia[2].

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Aprender de la lección escocesa

A menos de tres semanas de que se lleve a cabo el referéndum que determinará la permanencia o no de Escocia en el Reino Unido, los análisis sobre sus implicaciones para el caso catalán se centran en las consecuencias que para Cataluña pueda tener el resultado. Sin embargo, no está muy claro que el triunfo del “Sí” o del “No” pueda contribuir a desencallar la situación en la que se encuentra el impulso soberanista en Cataluña. Más bien todo lo contrario: el resultado del referéndum escocés puede simplemente acabar reforzando los argumentos de quienes apoyan o se oponen a la celebración de la consulta catalana. Las principales lecciones a aprender de lo que está ocurriendo en el Reino Unido no se encuentran en el futuro desenlace del referéndum, sino en cómo se ha gestionado el proceso hasta el mismo día de la consulta. La insistencia en dirigir el debate hacia la decisión que finalmente tomen los ciudadanos en Escocia solo contribuye a soslayar el rotundo fracaso de la política en la gestión del conflicto en Cataluña.

La evolución del impulso independentista en Escocia es admirable si se tiene en cuenta que sus promotores han llegado más lejos con unas condiciones de entrada menos favorables. El apoyo a la independencia ha sido relativamente menor que en Cataluña, más oscilante en los últimos años  y más pegado a la coyuntura económica. Un ejemplo de ello es que las regiones más pobres son más proclives a la ruptura con el Reino Unido, seguramente porque ven en la secesión la opción que las rescata del desempleo y la falta de oportunidades. La reivindicación de un modelo social escocés frente a los recortes en el Estado del Bienestar del gobierno de Westminster también ilustra el peso de la coyuntura económica en los argumentos que alimentan el debate de la secesión.

El giro independentista en Cataluña tiene una naturaleza más estructural y ha sido el resultado de la intensificación de cambios en la opinión pública catalana que se vienen produciendo desde antes de la crisis económica. El discurso ideológico pivota sobre todo alrededor de las cuestiones identitarias, y no las sociales. Ello se debe a que el debate ha encallado en la decisión sobre la convocatoria de la consulta y en todas las cuestiones vinculadas a la soberanía. Con excepción de algunas referencias por parte de ERC, no se asocia la independencia con un modelo social distinto, como ocurre en el caso escocés. De hecho, en Cataluña la relación entre nivel socioeconómico y apoyo a la independencia es inversa a la existente en Escocia, pues los grupos con más ingresos y estudios son más favorables a la secesión [1].

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Homer Simpson, Montoro y las rebajas fiscales

Una de las interpretaciones más extendidas sobre la reforma fiscal que acaba de anunciar Cristóbal Montoro es que responde fundamentalmente a una estrategia electoral. La fórmula es simple y conocida entre Gobiernos de medio mundo: cortejar al electorado mediante una bajada de impuestos antes de las elecciones con el objetivo de obtener una recompensa en las urnas. Los mandatarios se encomiendan así a la lógica cortoplacista, esperando que los votos de hoy acaben compensando los desastres financieros del mañana derivados de esa miopía fiscal.

La propuesta del Gobierno y sus posibles consecuencias sobre la economía da que pensar sobre la clase de motivaciones que ha llevado a Mariano Rajoy a una estrategia de “último cartucho”, apostando por una rebaja impositiva en un contexto de deuda inmanejable y caída de ingresos públicos. Una decisión que roza la irresponsabilidad financiera puede ser resultado de la ansiedad provocada por los resultados de las elecciones europeas. Quizás es esto lo que ha llevado a los populares a autoconvencerse de que los réditos electorales de esta maniobra pueden superar sus riesgos.

¿Tiene dicho convencimiento fundamento en el estado de la opinión pública? No parece que sea así. Ni la crisis económica ni la subida del IRPF o del IVA puesta en marcha por el PP tras ganar las últimas elecciones generales han conseguido aumentar el atractivo de una bajada de impuestos entre la ciudadanía. Como ya mostramos en otro  artículo, tanto en los años del boom económico como en los primeros años de la recesión, la mayoría de ciudadanos prefería subir los impuestos para mejorar los servicios frente a bajarlos si ello suponía una reducción de las prestaciones. Lo mismo ocurre con datos más recientes: a pesar de que entre 2011 y 2013 ha aumentado notablemente el porcentaje de quienes piensan que pagan “muchos” impuestos (de un 57% a un 71%), ello no ha derivado en una mayor preferencia por rebajas fiscales que puedan erosionar los servicios [1].

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Las europeas y el "dret a decidir"

Lluis Orriols: ¿un paso más hacia el "dret a decidir"?

No hay duda de que en Cataluña las elecciones europeas se vivieron de una manera diferente, por dos motivos. Primero, porque mientras en el resto de los territorios los resultados han provocado un terremoto político, en Cataluña las novedades son menores, y  los cambios se concretan en una intensificación de la tendencia marcada en las últimas elecciones. Segundo, porque los catalanes han roto su tradicional desmovilización en este tipo de comicios, unos 5 puntos porcentuales menos que la media española, mientras en la mayoría de las comunidades autónomas la participación se ha mantenido o se ha reducido ligeramente. El resultado es que, por primera vez en unas elecciones europeas, los catalanes han llenado más las urnas que el resto del territorio español (véase gráfico 1).



Tal movilización no se debe a un repentino amor de los catalanes por Europa. De hecho, el porcentaje de euroescépticos en Cataluña es muy parecido a la media española. Tras el incremento de la participación se encuentra el movimiento soberanista. En efecto, actualmente el electorado más catalanista se encuentra muy politizado y aprovecha cualquier ocasión para manifestar sus preferencias políticas. Como mostramos en el gráfico 2, la participación ha crecido especialmente en esas comarcas donde el voto soberanista en 2012 fue más fuerte. Así, los datos parecen indicar que han sido los nacionalistas los que han provocado que la participación haya aumentado. El espectacular resultado de Esquerra podría, en parte, explicarse por esta particular movilización del electorado nacionalista, aunque el “sorpasso” de ERC a CiU, aún no puede darse por hecho.

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Lo que no te cuenta el fast-food de la información política sobre el último barómetro

El interés mediático que suscita cada mes la publicación de los barómetros del CIS es tan intenso como efímero. Su protagonismo en la cabecera de turno no suele pasar de un día, que es lo que dura el morbo de la estimación de voto de los partidos o la valoración de los líderes. El avance de resultados del último barómetro se publicó hace 48 horas y ya ha quedado anticuado: nada nuevo bajo el sol del descalabro del bipartidismo y el hundimiento de la valoración de los políticos.  El paso que ha tenido la encuesta por los medios es un buen ejemplo del fast-food de la información política. Para cuando dentro de unos meses los datos se publiquen por completo, nadie, excepto algunos académicos, tendrá interés en explotarlos.

El trato que los medios ha dado a los datos confina el análisis de la situación política y social a una simple radiografía electoral. Sin embargo, parte de la información que contiene el barómetro y que ha sido ignorada en los resúmenes de prensa tiene implicaciones más interesantes que las que se derivan del baile de porcentajes en la intención de voto de los partidos.  En las siguientes líneas me referiré a dos. Primero, a la posibilidad de que en el futuro las valoraciones económicas se recuperen sin que lo hagan las valoraciones de la política. Segundo, al desigual reparto de las cargas de la crisis y su reflejo en el grado de optimismo de las clases sociales y en sus diferencias respecto a cuáles son los principales problemas del país.

Desde de los inicios de la crisis (2008) la valoración ciudadana de la situación económica y política se ha deteriorado profundamente. No obstante, a principios de 2013 comenzó a producirse un ligero cambio de tendencia, aunque la mejora ha sido menor en las valoraciones de la política que en el caso de la economía. Es resultado de este desajuste entre la evolución de la economía y la política es lo que confirma el barómetro de abril y se viene produciendo desde septiembre de 2013: las expectativas de los ciudadanos sobre la situación política son ya peores que sus expectativas económicas (ver Gráfico 1).

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Contra la Gran Coalición

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Rajoy y Rubalcaba sufren un profundo desgaste según todos los sondeos.

Durante las últimas semanas han aumentado los rumores sobre la posibilidad de que el Partido Popular y PSOE puedan formar una coalición de gobierno si los resultados de las próximas elecciones generales confirman el hundimiento del bipartidismo. Resulta cuando menos sorprendente, por lo que denota respecto al grado de aislamiento o simple indiferencia respecto a la realidad política del país, que las élites de estos partidos estén contemplando dicha posibilidad.

¿Qué puede justificar esta iniciativa y cuáles son sus posibles consecuencias? A pesar de que la propuesta se defiende desde la bien reputada nebulosa de “razón de Estado”, las motivaciones ni siquiera se sostienen sobre la miopía de los cálculos electorales, pues la coalición podría conllevar pérdida de votos para ambos partidos, especialmente para el PSOE. Así que solo cabe situar el impulso a esta propuesta en un escalón más bajo: la simple supervivencia en el poder.

La iniciativa supone una irresponsabilidad si atendemos a sus consecuencias sobre el funcionamiento de la democracia. Una Gran Coalición remacharía la actual impotencia de los ciudadanos, doblemente ninguneados: a su incapacidad de cambiar el rumbo de las políticas económicas mediante el voto (puesta de manifiesto tras las elecciones generales de 2011), se añadiría su irrelevancia a la hora de provocar un cambio significativo en algo, si cabe, más básico: la alternancia en el poder. 

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¿Por qué no se revuelven las ideologías?

La actual crisis económica  ha puesto de manifiesto un desequilibrio fundamental entre la política y la economía. Ello no ha pasado desapercibido entre la opinión pública, especialmente en los sectores de izquierda. Estos consideran que los bancos tienen más poder que el gobierno y que el poder político está desprotegido de las presiones del poder económico. Quienes así piensan son más críticos con el funcionamiento de la democracia y más pesimistas sobre la capacidad del sistema para reducir las desigualdades.  Las políticas de ajuste también se están llevando por delante algunos de los ámbitos con los que se suele asociar a la izquierda como la igualdad, el Estado del Bienestar o la solidaridad. ¿Se han revuelto las ideologías como consecuencia de estos cambios?


No parece que sea así. Por el momento, nada indica que el revulsivo de la crisis sobre los principios de izquierda tenga un impacto  sobre el mapa de identificación ideológica de la sociedad española. En el Gráfico 1 se puede apreciar que la distribución de quienes se sienten de izquierdas o de derechas durante los últimos años no es muy distinta a la del periodo anterior a la crisis. Quizás alguien creyó en algún momento que la injusta distribución de las políticas de ajuste o el aumento de la desigualdad podía llevar a un mayor número de ciudadanos a abrazar los principios de la izquierda. Sin embargo, aunque ha aumentado ligeramente el porcentaje de quienes se definen en la extrema izquierda (posiciones 1 y 2), la tendencia desde el comienzo de la crisis (2008) ha sido más bien la de estabilidad en el predominio de las posiciones de centro (5 y 6).

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¿Por qué jugamos a la lotería?

El 22 de diciembre es uno de esos días en los que viene a la memoria la fantástica película de Harold Ramis “Atrapado en el tiempo”, más conocida como “El día de la marmota” por su título original (Groundhog day). Las noticias sobre los ganadores del sorteo de la lotería que protagonizan la jornada se repiten año tras año con iguales contenidos: imágenes de los afortunados que celebran su suerte saltando, abrazándose y brindando con cava, acompañadas de anécdotas variopintas, como la fortuna de quien compró el décimo en el último minuto o el alivio de quien la suerte salvó del desahucio o la bancarrota.

La alegría no es para menos. La probabilidad de que te toque la lotería es bajísima. Los economistas dirían que la utilidad esperada de jugar es negativa. Y de ahí que se hayan preguntado: entonces ¿por qué jugamos? ¿Somos irracionales apostando por algo en lo que con casi total seguridad acabaremos perdiendo? Para algunos la irracionalidad nace del juego como válvula de escape frente a la frustración. Si apostar se convierte en la última esperanza para superar una situación económica insostenible, no hay cálculo de probabilidades que resista. Los marxistas veían en esa ilusión del juego la mano del capitalismo, y percibían la lotería como un instrumento del poder para hacer creer a  las clases trabajadoras que podían escapar de la pobreza sin hacer la revolución.  

Dada la enorme propensión de los españoles a jugar a la lotería en comparación con otros países, ¿significa esto que somos una sociedad de esperanzados irracionales?  Si es así, lo somos la gran mayoría, pues solo un 22 por ciento dice no participar en el sorteo de la lotería en Navidad [1]. Quienes deciden quedarse fuera lo hacen principalmente siguiendo una lógica de maximización de utilidad: muchos de ellos creen que es tirar el dinero porque nunca les va a tocar.  ¿Qué ocurre entonces con la gran mayoría de ciudadanos que sigue decidiendo apostar, ignorando las probabilidades de ganar?

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¿Cataluña polarizada?

¿Se está polarizando la sociedad catalana? Parlamentariamente sí, pero sociológicamente no. La representación parlamentaria que dibujan las encuestas presentan un Parlament donde ganan peso las fuerzas políticas antagónicas en el eje nacionalista [1]. Sin embargo, las preferencias de los ciudadanos catalanes sobre el modelo territorial o respecto a su identidad no se han polarizado, pues el aumento del independentismo y la reducción de las identidades duales a favor de las exclusivas no se ha visto correspondido con un incremento en las posiciones centralistas [2].

Entonces, ¿cómo puede explicarse la polarización parlamentaria  si la sociedad no se ha polarizado? Una hipótesis apuntada hace unas semanas por Lluís Orriols es que a la hora de que los ciudadanos catalanes decidan su voto la ideología ha pasado a un segundo plano frente a la cuestión territorial.

Una primera manera de estudiarlo es ver si ha cambiado el perfil nacionalista de los votantes de cada partido. Si el nacionalismo ha ganado peso frente a la ideología, entonces cabe esperar que los votantes se distribuyan y acumulen en los partidos con posiciones antagónicas en el eje territorial. Si comparamos el grado de nacionalismo medio de quienes votan a cada partido en las elecciones del 2012 y en las 2010 los resultados son los siguientes:

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Los incondicionales del PP

Una de las señales más claras del declive electoral del Partido Popular es que ha perdido capacidad para movilizar a su electorado potencial. No es un cambio menor, pues las victorias electorales de este partido se explican en gran medida por su alto nivel de penetración entre los votantes conservadores, una fidelidad de la que el PSOE ha carecido entre el electorado de izquierda. No obstante, a pesar de la erosión electoral del Partido Popular, casi uno de cada tres votantes daría su apoyo a los populares si hoy se celebraran elecciones. ¿Quiénes son estos electores incondicionales cuyo compromiso con el PP resiste frente a los embates políticos y económicos del Gobierno? Si atendemos a los datos, los votantes que le quedan al PP son fundamentalmente los sectores ideológicos más radicales de su electorado.

El capital electoral que el PP acumuló en las últimas elecciones generales tiene dos grandes vías de agua. La primera es la de los ciudadanos que, habiendo dado su apoyo al partido en el 2011, hoy votarían a otros partidos políticos (a quienes denominaré fugados). El perfil ideológico de estos electores está alejado del de los votantes incondicionales del Partido Popular: son más moderados en su ideología (ver gráfico 1) y menos centralistas en sus preferencias sobre la cuestión territorial o en su identidad nacional [1]. Se trata de un grupo de votantes más formado e implicado en actos de movilización, que discute con mayor frecuencia de política y con un perfil menos religioso que los votantes fieles al PP social (barómetro CIS abril 2013) [2].  

Viendo el perfil de los fugados, es posible que su abandono del PP se explique por su desacuerdo con medidas de naturaleza más ideológica del Gobierno o por su discurso sobre el Estado Autonómico. Este grupo también muestra una mayor intolerancia hacia los escándalos dentro del PP que el resto de votantes. Por ejemplo, un 80% de fugados piensa que el caso Bárcenas es una trama organizada dentro del partido y no tanto un caso de irregularidades cometido por una persona (frente a un 43% entre los votantes incondicionales y un 65% entre quienes votaron al PP y ahora se abstendrían, votarían en blanco o están indecisos) [3]. La valoración de la situación política parece ser más importante que la valoración de la situación económica para explicar por qué quienes apoyaron al PP se fugan a otros partidos.

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