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Periodismo a pesar de todo

Sandra León

Sandra León es Doctora en Ciencias Políticas por el Instituto Juan March y profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de York (Reino Unido). Escribe sobre cuestiones relacionadas con el federalismo y el comportamiento electoral. Colabora habitualmente con el Laboratorio de la Fundación Alternativas y ha participado como tertuliana en el programa “Hoy por hoy” de la SER. Es miembro de Líneas Rojas.

Contra la Gran Coalición

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Rajoy y Rubalcaba sufren un profundo desgaste según todos los sondeos.

Durante las últimas semanas han aumentado los rumores sobre la posibilidad de que el Partido Popular y PSOE puedan formar una coalición de gobierno si los resultados de las próximas elecciones generales confirman el hundimiento del bipartidismo. Resulta cuando menos sorprendente, por lo que denota respecto al grado de aislamiento o simple indiferencia respecto a la realidad política del país, que las élites de estos partidos estén contemplando dicha posibilidad.

¿Qué puede justificar esta iniciativa y cuáles son sus posibles consecuencias? A pesar de que la propuesta se defiende desde la bien reputada nebulosa de “razón de Estado”, las motivaciones ni siquiera se sostienen sobre la miopía de los cálculos electorales, pues la coalición podría conllevar pérdida de votos para ambos partidos, especialmente para el PSOE. Así que solo cabe situar el impulso a esta propuesta en un escalón más bajo: la simple supervivencia en el poder.

La iniciativa supone una irresponsabilidad si atendemos a sus consecuencias sobre el funcionamiento de la democracia. Una Gran Coalición remacharía la actual impotencia de los ciudadanos, doblemente ninguneados: a su incapacidad de cambiar el rumbo de las políticas económicas mediante el voto (puesta de manifiesto tras las elecciones generales de 2011), se añadiría su irrelevancia a la hora de provocar un cambio significativo en algo, si cabe, más básico: la alternancia en el poder. 

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¿Por qué no se revuelven las ideologías?

La actual crisis económica  ha puesto de manifiesto un desequilibrio fundamental entre la política y la economía. Ello no ha pasado desapercibido entre la opinión pública, especialmente en los sectores de izquierda. Estos consideran que los bancos tienen más poder que el gobierno y que el poder político está desprotegido de las presiones del poder económico. Quienes así piensan son más críticos con el funcionamiento de la democracia y más pesimistas sobre la capacidad del sistema para reducir las desigualdades.  Las políticas de ajuste también se están llevando por delante algunos de los ámbitos con los que se suele asociar a la izquierda como la igualdad, el Estado del Bienestar o la solidaridad. ¿Se han revuelto las ideologías como consecuencia de estos cambios?


No parece que sea así. Por el momento, nada indica que el revulsivo de la crisis sobre los principios de izquierda tenga un impacto  sobre el mapa de identificación ideológica de la sociedad española. En el Gráfico 1 se puede apreciar que la distribución de quienes se sienten de izquierdas o de derechas durante los últimos años no es muy distinta a la del periodo anterior a la crisis. Quizás alguien creyó en algún momento que la injusta distribución de las políticas de ajuste o el aumento de la desigualdad podía llevar a un mayor número de ciudadanos a abrazar los principios de la izquierda. Sin embargo, aunque ha aumentado ligeramente el porcentaje de quienes se definen en la extrema izquierda (posiciones 1 y 2), la tendencia desde el comienzo de la crisis (2008) ha sido más bien la de estabilidad en el predominio de las posiciones de centro (5 y 6).

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¿Por qué jugamos a la lotería?

El 22 de diciembre es uno de esos días en los que viene a la memoria la fantástica película de Harold Ramis “Atrapado en el tiempo”, más conocida como “El día de la marmota” por su título original (Groundhog day). Las noticias sobre los ganadores del sorteo de la lotería que protagonizan la jornada se repiten año tras año con iguales contenidos: imágenes de los afortunados que celebran su suerte saltando, abrazándose y brindando con cava, acompañadas de anécdotas variopintas, como la fortuna de quien compró el décimo en el último minuto o el alivio de quien la suerte salvó del desahucio o la bancarrota.

La alegría no es para menos. La probabilidad de que te toque la lotería es bajísima. Los economistas dirían que la utilidad esperada de jugar es negativa. Y de ahí que se hayan preguntado: entonces ¿por qué jugamos? ¿Somos irracionales apostando por algo en lo que con casi total seguridad acabaremos perdiendo? Para algunos la irracionalidad nace del juego como válvula de escape frente a la frustración. Si apostar se convierte en la última esperanza para superar una situación económica insostenible, no hay cálculo de probabilidades que resista. Los marxistas veían en esa ilusión del juego la mano del capitalismo, y percibían la lotería como un instrumento del poder para hacer creer a  las clases trabajadoras que podían escapar de la pobreza sin hacer la revolución.  

Dada la enorme propensión de los españoles a jugar a la lotería en comparación con otros países, ¿significa esto que somos una sociedad de esperanzados irracionales?  Si es así, lo somos la gran mayoría, pues solo un 22 por ciento dice no participar en el sorteo de la lotería en Navidad [1]. Quienes deciden quedarse fuera lo hacen principalmente siguiendo una lógica de maximización de utilidad: muchos de ellos creen que es tirar el dinero porque nunca les va a tocar.  ¿Qué ocurre entonces con la gran mayoría de ciudadanos que sigue decidiendo apostar, ignorando las probabilidades de ganar?

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¿Cataluña polarizada?

¿Se está polarizando la sociedad catalana? Parlamentariamente sí, pero sociológicamente no. La representación parlamentaria que dibujan las encuestas presentan un Parlament donde ganan peso las fuerzas políticas antagónicas en el eje nacionalista [1]. Sin embargo, las preferencias de los ciudadanos catalanes sobre el modelo territorial o respecto a su identidad no se han polarizado, pues el aumento del independentismo y la reducción de las identidades duales a favor de las exclusivas no se ha visto correspondido con un incremento en las posiciones centralistas [2].

Entonces, ¿cómo puede explicarse la polarización parlamentaria  si la sociedad no se ha polarizado? Una hipótesis apuntada hace unas semanas por Lluís Orriols es que a la hora de que los ciudadanos catalanes decidan su voto la ideología ha pasado a un segundo plano frente a la cuestión territorial.

Una primera manera de estudiarlo es ver si ha cambiado el perfil nacionalista de los votantes de cada partido. Si el nacionalismo ha ganado peso frente a la ideología, entonces cabe esperar que los votantes se distribuyan y acumulen en los partidos con posiciones antagónicas en el eje territorial. Si comparamos el grado de nacionalismo medio de quienes votan a cada partido en las elecciones del 2012 y en las 2010 los resultados son los siguientes:

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Los incondicionales del PP

Una de las señales más claras del declive electoral del Partido Popular es que ha perdido capacidad para movilizar a su electorado potencial. No es un cambio menor, pues las victorias electorales de este partido se explican en gran medida por su alto nivel de penetración entre los votantes conservadores, una fidelidad de la que el PSOE ha carecido entre el electorado de izquierda. No obstante, a pesar de la erosión electoral del Partido Popular, casi uno de cada tres votantes daría su apoyo a los populares si hoy se celebraran elecciones. ¿Quiénes son estos electores incondicionales cuyo compromiso con el PP resiste frente a los embates políticos y económicos del Gobierno? Si atendemos a los datos, los votantes que le quedan al PP son fundamentalmente los sectores ideológicos más radicales de su electorado.

El capital electoral que el PP acumuló en las últimas elecciones generales tiene dos grandes vías de agua. La primera es la de los ciudadanos que, habiendo dado su apoyo al partido en el 2011, hoy votarían a otros partidos políticos (a quienes denominaré fugados). El perfil ideológico de estos electores está alejado del de los votantes incondicionales del Partido Popular: son más moderados en su ideología (ver gráfico 1) y menos centralistas en sus preferencias sobre la cuestión territorial o en su identidad nacional [1]. Se trata de un grupo de votantes más formado e implicado en actos de movilización, que discute con mayor frecuencia de política y con un perfil menos religioso que los votantes fieles al PP social (barómetro CIS abril 2013) [2].  

Viendo el perfil de los fugados, es posible que su abandono del PP se explique por su desacuerdo con medidas de naturaleza más ideológica del Gobierno o por su discurso sobre el Estado Autonómico. Este grupo también muestra una mayor intolerancia hacia los escándalos dentro del PP que el resto de votantes. Por ejemplo, un 80% de fugados piensa que el caso Bárcenas es una trama organizada dentro del partido y no tanto un caso de irregularidades cometido por una persona (frente a un 43% entre los votantes incondicionales y un 65% entre quienes votaron al PP y ahora se abstendrían, votarían en blanco o están indecisos) [3]. La valoración de la situación política parece ser más importante que la valoración de la situación económica para explicar por qué quienes apoyaron al PP se fugan a otros partidos.

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Unidos en el bienestar, separados en lo territorial

Hace uno días, Lluís Orriols nos contaba en Piedras de papel que la crisis económica está produciendo un divorcio ideológico en Europa entre los ciudadanos y partidos políticos de los PIIIGS (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España) y los del resto de países. En concreto, el artículo de Lluís mostraba cómo los partidos en los PIIGS se han movido hacia posiciones más a la de izquierda (más favorables a las políticas de bienestar y menos partidarios al mercado) y, en cambio, los partidos del resto de la UE se han movido en dirección opuesta, hacia la derecha.

En España, el divorcio ideológico se concreta en un aumento de la distancia entre las posiciones programáticas de Izquierda Unida y el PSOE, por un lado, y el Partido Popular, por otro. Los ciudadanos, en cambio, siguen manteniendo un amplio consenso a favor de las políticas de bienestar.

Donde sí parece existir un creciente divorcio entre los ciudadanos es en la cuestión territorial. El aumento del centralismo en la opinión pública es la principal novedad que aparece cuando se agregan los resultados de manera nacional. Sin embargo, ello solo describe una parte de los cambios que se están produciendo. La otra parte tiene que ver con un creciente distanciamiento entre el modelo territorial que prefieren los ciudadanos en unas comunidades autónomas y en otras.  

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Motivos para escandalizarse

Hace unos días, el Ministro de Defensa Pedro Morenés se refirió en una entrevista a la “extraña paradoja” de que, siendo el Ejército una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, se esté planteando recortes en su presupuesto. Para empezar, lo verdaderamente extraño es que a un miembro del Gobierno se le haya ocurrido tal silogismo. Si los recortes se diseñaran respondiendo al grado de desapego de los ciudadanos hacia las instituciones, a los partidos políticos no les llegaría ni para fotocopias.  

En segundo lugar, las dificultades presupuestarias del Ministerio no son el resultado de la austeridad impuesta por la crisis. Si la crisis no existiera, Defensa seguiría estando cerca de la quiebra. El origen y mantenimiento del agujero financiero en el Ministerio no es económico, sino institucional y político. Es el resultado, por un lado, del déficit democrático del sistema político en España - falta de transparencia y de control sobre la contratación de las administraciones públicas. Por otro lado, es consecuencia (y un ejemplo más) del reparto desigual en los sacrificios para salir de la crisis, que impone austeridad a los ciudadanos mientras con el presupuesto público se protege de las pérdidas a grupos de interés poderosos, sea el poder financiero o las empresas de armamento.

Como muy bien explica el investigador Bernardo Navazo en su excelente documento “El impacto de la crisis económica en la defensa”, publicado por la Fundación Alternativas, el problema financiero en Defensa tiene su origen en la delirante política de modernización de equipamientos militares emprendida por el primer gobierno de Aznar (en el que Morenés participó como Secretario de Estado de Defensa). Se trata de los célebres Programas Especiales de Armamento. Para impulsar esos programas, el Ministerio de Industria otorgó un préstamo a interés cero por valor de 14.000 millones de euros a las empresas encargadas de fabricar los nuevos sistemas. Estos préstamos se contabilizarían como I+D, aunque la propia Secretaría de Defensa, en un informe elaborado en 2011, pone en duda tal naturaleza, al reconocer que muchas ocasiones simplemente se trata de transferencias de I+D de otros países.

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El camino de la independencia en Escocia y Cataluña

Entre las muchas cuestiones que diferencian a España del Reino Unido una importante es su distinta sensibilidad ante la cesión de soberanía. En España la controversia está en la transferencia de poder hacia abajo, y no hacia Europa. La opinión pública española es capaz de asistir impasible a la enésima lectura de cartilla por parte del comisario Olli Rehn y anotar pacíficamente la lista de deberes pendientes, mientras las histerias colectivas se desbocan cada cierto tiempo ante cualquier asunto relacionado con la cuestión territorial.

En cambio, lo que duele en Gran Bretaña es diluir su autonomía en las instituciones europeas. Los británicos están dispuestos a marcharse de Europa con tal de proteger su soberanía, mientras de puertas para adentro son capaces de pactar un referéndum sobre la independencia de Escocia.

La coincidencia en el tiempo de la eclosión independentista en Cataluña y Escocia invita a establecer ciertos paralelismos. Por ejemplo, los avances en el nivel de autogobierno que se han producido en los dos casos se explican en gran medida por las dinámicas de competición electoral entre los partidos nacionales y los de ámbito regional. También son similares en su relativa prosperidad, en que las fuerzas conservadores nacionales han sido más reticentes que la izquierda a apoyar los procesos de descentralización y en que la independencia es más popular entre los jóvenes. Sin embargo, más allá de estas similitudes, los procesos en uno y otro lado son distintos.

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Un gobierno a contracorriente

La determinación del ejecutivo de Mariano Rajoy de seguir gobernando a contracorriente de lo que quieren los ciudadanos solo puede definirse, por lo que tiene de suicidio electoral y de adulteración democrática, como una terca insensatez. Rajoy ha decidido gobernar sustituyendo sus promesas electorales por lo que él considera “su deber” con la nación. Si el futuro coste electoral de esta decisión depende del desajuste entre lo que hace y lo que quieren los ciudadanos, los datos no hacen más que poner de relieve la terquedad con la que se empeña en inmolarse políticamente ignorando a la ciudadanía.

La distancia entre las decisiones del gobierno y los intereses de los ciudadanos se pone de manifiesto al observar la evolución de las preferencias de la opinión pública sobre cuánto se gasta en cada política.

Durante los primeros años de la crisis económica, las preferencias sobre el gasto apenas cambiaron: el porcentaje de ciudadanos que apoyaba que más inversión en políticas sociales (educación, sanidad, desempleo y pensiones) era prácticamente el mismo durante los años de bonanza económica (2004-2007) que durante los primeros años de la crisis (2008-2010) (ver Zoom Político 1 “¿Nos cambia la crisis?, Fundación Alternativas). Las políticas prioritarias para los ciudadanos variaron muy poco entre periodos: vivienda, pensiones, seguridad y educación durante el boom económico; y vivienda, justicia, pensiones y educación durante los primeros años de crisis.

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Las dos caras de la desafección política

La indignación que los casos de corrupción provocan en la ciudadanía podría representarse como una escena en tres actos. El primero lo protagoniza la indignación más inmediata, aquella que aparece a medida que se descubren los detalles de cada caso. El segundo surge al poco tiempo como reacción a las decepcionantes respuestas que dan los partidos políticos que están involucrados. El tercero y último es un acto inacabado: son los posos de desconfianza general que unas y otras actuaciones van dejando en la sociedad.

El resultado de todo ello es la desafección política. Se trata de un término poco preciso con el que se intenta describir la creciente desconfianza y el distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes. El dato que mejor ilustra este fenómeno y que más ha captado la atención de los medios es la caracterización de la clase política por parte de la opinión pública como uno de los principales problemas del país. Según el último barómetro del CIS (diciembre de 2012), casi uno de cada tres españoles identifica a los políticos y a los partidos entre los tres problemas más importantes de España. Un año atrás esa misma valoración se daba en uno de cada cinco ciudadanos.

La desafección política es un problema grave. Lo será más si deja de estar vinculada a los acontecimientos coyunturales (los casos de corrupción o las consecuencias de la crisis económica) y se convierte en un aspecto estructural del sistema político. Algunos quizás confíen en que la mejora de la situación económica o el olvido lo cure todo, como ya ocurrió en el pasado. Las series de barómetros del CIS muestran que en el año 1995 aumentó de manera significativa la desconfianza hacia la clase política en un contexto donde también se combinaban corrupción y crisis económica.

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