Hace unos días, el Ministro de Defensa Pedro Morenés se refirió en una entrevista a la “extraña paradoja” de que, siendo el Ejército una de las instituciones mejor valoradas por los ciudadanos, se esté planteando recortes en su presupuesto. Para empezar, lo verdaderamente extraño es que a un miembro del Gobierno se le haya ocurrido tal silogismo. Si los recortes se diseñaran respondiendo al grado de desapego de los ciudadanos hacia las instituciones, a los partidos políticos no les llegaría ni para fotocopias.  

En segundo lugar, las dificultades presupuestarias del Ministerio no son el resultado de la austeridad impuesta por la crisis. Si la crisis no existiera, Defensa seguiría estando cerca de la quiebra. El origen y mantenimiento del agujero financiero en el Ministerio no es económico, sino institucional y político. Es el resultado, por un lado, del déficit democrático del sistema político en España - falta de transparencia y de control sobre la contratación de las administraciones públicas. Por otro lado, es consecuencia (y un ejemplo más) del reparto desigual en los sacrificios para salir de la crisis, que impone austeridad a los ciudadanos mientras con el presupuesto público se protege de las pérdidas a grupos de interés poderosos, sea el poder financiero o las empresas de armamento.

Como muy bien explica el investigador Bernardo Navazo en su excelente documento “El impacto de la crisis económica en la defensa”, publicado por la Fundación Alternativas, el problema financiero en Defensa tiene su origen en la delirante política de modernización de equipamientos militares emprendida por el primer gobierno de Aznar (en el que Morenés participó como Secretario de Estado de Defensa). Se trata de los célebres Programas Especiales de Armamento. Para impulsar esos programas, el Ministerio de Industria otorgó un préstamo a interés cero por valor de 14.000 millones de euros a las empresas encargadas de fabricar los nuevos sistemas. Estos préstamos se contabilizarían como I+D, aunque la propia Secretaría de Defensa, en un informe elaborado en 2011, pone en duda tal naturaleza, al reconocer que muchas ocasiones simplemente se trata de transferencias de I+D de otros países.

Entre las muchas cuestiones que diferencian a España del Reino Unido una importante es su distinta sensibilidad ante la cesión de soberanía. En España la controversia está en la transferencia de poder hacia abajo, y no hacia Europa. La opinión pública española es capaz de asistir impasible a la enésima lectura de cartilla por parte del comisario Olli Rehn y anotar pacíficamente la lista de deberes pendientes, mientras las histerias colectivas se desbocan cada cierto tiempo ante cualquier asunto relacionado con la cuestión territorial.

En cambio, lo que duele en Gran Bretaña es diluir su autonomía en las instituciones europeas. Los británicos están dispuestos a marcharse de Europa con tal de proteger su soberanía, mientras de puertas para adentro son capaces de pactar un referéndum sobre la independencia de Escocia.

La coincidencia en el tiempo de la eclosión independentista en Cataluña y Escocia invita a establecer ciertos paralelismos. Por ejemplo, los avances en el nivel de autogobierno que se han producido en los dos casos se explican en gran medida por las dinámicas de competición electoral entre los partidos nacionales y los de ámbito regional. También son similares en su relativa prosperidad, en que las fuerzas conservadores nacionales han sido más reticentes que la izquierda a apoyar los procesos de descentralización y en que la independencia es más popular entre los jóvenes. Sin embargo, más allá de estas similitudes, los procesos en uno y otro lado son distintos.

La determinación del ejecutivo de Mariano Rajoy de seguir gobernando a contracorriente de lo que quieren los ciudadanos solo puede definirse, por lo que tiene de suicidio electoral y de adulteración democrática, como una terca insensatez. Rajoy ha decidido gobernar sustituyendo sus promesas electorales por lo que él considera “su deber” con la nación. Si el futuro coste electoral de esta decisión depende del desajuste entre lo que hace y lo que quieren los ciudadanos, los datos no hacen más que poner de relieve la terquedad con la que se empeña en inmolarse políticamente ignorando a la ciudadanía.

La distancia entre las decisiones del gobierno y los intereses de los ciudadanos se pone de manifiesto al observar la evolución de las preferencias de la opinión pública sobre cuánto se gasta en cada política.

Durante los primeros años de la crisis económica, las preferencias sobre el gasto apenas cambiaron: el porcentaje de ciudadanos que apoyaba que más inversión en políticas sociales (educación, sanidad, desempleo y pensiones) era prácticamente el mismo durante los años de bonanza económica (2004-2007) que durante los primeros años de la crisis (2008-2010) (ver Zoom Político 1 “¿Nos cambia la crisis?, Fundación Alternativas). Las políticas prioritarias para los ciudadanos variaron muy poco entre periodos: vivienda, pensiones, seguridad y educación durante el boom económico; y vivienda, justicia, pensiones y educación durante los primeros años de crisis.

La indignación que los casos de corrupción provocan en la ciudadanía podría representarse como una escena en tres actos. El primero lo protagoniza la indignación más inmediata, aquella que aparece a medida que se descubren los detalles de cada caso. El segundo surge al poco tiempo como reacción a las decepcionantes respuestas que dan los partidos políticos que están involucrados. El tercero y último es un acto inacabado: son los posos de desconfianza general que unas y otras actuaciones van dejando en la sociedad.

El resultado de todo ello es la desafección política. Se trata de un término poco preciso con el que se intenta describir la creciente desconfianza y el distanciamiento entre la ciudadanía y sus representantes. El dato que mejor ilustra este fenómeno y que más ha captado la atención de los medios es la caracterización de la clase política por parte de la opinión pública como uno de los principales problemas del país. Según el último barómetro del CIS (diciembre de 2012), casi uno de cada tres españoles identifica a los políticos y a los partidos entre los tres problemas más importantes de España. Un año atrás esa misma valoración se daba en uno de cada cinco ciudadanos.

La desafección política es un problema grave. Lo será más si deja de estar vinculada a los acontecimientos coyunturales (los casos de corrupción o las consecuencias de la crisis económica) y se convierte en un aspecto estructural del sistema político. Algunos quizás confíen en que la mejora de la situación económica o el olvido lo cure todo, como ya ocurrió en el pasado. Las series de barómetros del CIS muestran que en el año 1995 aumentó de manera significativa la desconfianza hacia la clase política en un contexto donde también se combinaban corrupción y crisis económica.

Si intentamos utilizar la ideología de los partidos políticos como una manera de predecir cuál será su posición respecto a la descentralización o el federalismo, el resultado será fallido. Un repaso a la experiencia comparada muestra que, más allá de los debates teóricos, la práctica de la descentralización no es patrimonio exclusivo de ningún ámbito ideológico. Los modelos descentralizados y federales han sido utilizados como una suerte de panacea para resolver distintos males institucionales, económicos y políticos, y esa pluralidad de motivaciones se corresponde con la variedad ideológica de los partidos políticos que los han impulsado.

Que la descentralización haya sido defendida tanto por la izquierda como por la derecha también responde al pragmatismo político y a las alianzas electorales de los partidos. Ello explica, por ejemplo, que el primer avance significativo en la corresponsabilidad fiscal de las Comunidades Autónomas se produjera como contrapartida al apoyo parlamentario proporcionado por CiU al Partido Popular en 1997. O, más llamativo aún, que el mayor traspaso de recursos hacia los gobiernos autonómicos (el de la sanidad) y el segundo avance importante en la autonomía fiscal de las regiones se produjera en el 2002, cuando los populares gobernaban con mayoría absoluta.

La polarización del debate territorial que se inició con la aprobación del Estatuto de Cataluña y que se ha intensificado con la crisis económica no parece dejar mucho hueco al pragmatismo político que ha imperado hasta ahora. Esto hace más improbable futuras alianzas entre los partidos conservadores nacionalistas (PNV, CiU) y sus hermanos ideológicos de ámbito estatal (PP). Sin embargo, el verdadero problema no se encuentra en las consecuencias que la polarización tiene en los partidos de derecha, sino en los retos que supone su impacto en la opinión pública para la izquierda, y muy especialmente para el PSOE.