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Sofía Pérez Mendoza

Periodista. Vinculada siempre con lo social y comprometida con el periodismo con visión de género. Antes pasé por El Mundo. 

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Los rectores niegan que pidieran al Gobierno el cambio de los contratos de los investigadores

La Conferencia de Rectores de Universidades Españoles (CRUE) asegura que no pidió al Ministerio de Empleo que los códigos de los contratos predoctorales se cambiaran. Los rectores niegan que esta modificación, hecha por la Seguridad Social sin avisar y con efecto retroactivo, fuera pedida por ellos, como sostiene el Ministerio.

En una nota enviada este martes, la CRUE deja claro que los cambios responden a una orden procedente del Ministerio. "Se ha efectuado en las prórrogas y nuevas altas según las directrices de la Seguridad Social", afirma el comunicado, en el que concretan que aunque no solicitaron esta modificación sí hicieron una consulta a Empleo "con el fin de plantear una solución por las disfunciones que se estaban produciendo en los contratos predoctorales al adaptarlos a los establecido en la Ley de la Ciencia".

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"Tengo un contrato como investigadora que nunca he firmado y nadie me explica nada"

Un rumor de que alguien conoce a alguien que ya no tiene derecho a la tarjeta sanitaria europea. El runrún de que algo pasaba empezó a difundirse así entre los investigadores predoctorales (licenciados que trabajan para la universidad mientras hacen su tesis), que fueron desmadejando entre cafés y grupos de Facebook el nexo que los une: todos sus contratos tienen modificado un número del que no sabían nada. Ni para qué servía, ni qué significaba. Nadie les avisó del cambio.

Lo recuerda Paloma, física de 26 años y una de las impulsoras de la asamblea de la Universidad de Granada, el núcleo más numeroso y activo de contratados predoctorales afectados por esta modificación decidida de forma unilateral y ordenada por el Ministerio de Empleo a finales de 2015. "Uno de los primeros días que nos juntamos me acuerdo de que un compañero se trajo impresas todas las leyes. Pusimos en común lo que sabíamos cada uno y fuimos descifrando", cuenta.

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El Gobierno ha precarizado ilegalmente el contrato a miles de investigadores

El Ministerio de Empleo ha precarizado ilegalmente los contratos de miles de investigadores contratados por las universidades y el CSIC mientras hacen la tesis doctoral. Los expertos consultados por eldiario.es coinciden en que la conversión de sus contratos, que dejan de ser por obra y servicio y ahora son en prácticas, utilizando las prórrogas y sin comunicación previa, no se ajusta a la legalidad. Para cambiar las condiciones laborales tendrían que haber firmado un nuevo contrato.

Los contratos de los investigadores, financiados con fondos del Ministerio de Educación (FPU) y de Economía (FPI), son de un año con tres prorrogables año a año. En el inicial, donde se establece la relación contractual, todos firmaron bajo el código 401.

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El Gobierno precariza los contratos de miles de investigadores sin avisar y con efecto retroactivo

Más precarización para los investigadores españoles. El Gobierno ha cambiado sin comunicarlo y de forma retroactiva los contratos de los predoctorales (licenciados que están haciendo la tesis y trabajan para la universidad) firmados desde 2014 y sujetos a fondos del Ministerio de Educación y de Economía. La medida, acordada entre la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo a finales de 2015, implica que los contratos pasan de ser de obra y servicio (código 401) a en prácticas (código 420).

El cambio conlleva, teniendo en cuenta los derechos adscritos a cada código, la pérdida de la indemnización al final del contrato y la tarjeta sanitaria europea, motivo este último por el que los investigadores repararon en la modificación. Nadie les avisó, aseguran, de que estaban firmando prórrogas de su contrato inicial (401) con otras condiciones (420), lo que contraviene la legalidad, según CCOO.

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Las elecciones con más participación de la Rey Juan Carlos revelan un cisma entre profesores y alumnos

La Universidad Rey Juan Carlos está en plena jornada electoral aunque nadie lo diría desde fuera. En el campus de Vicálvaro, el más movilizado, no hay ni un cartel con la cara de los dos candidatos que este miércoles se disputan el rectorado: el continuista Javier Ramos y la crítica Rosa Berganza. Y eso que estas son las elecciones más mediáticas que ha vivido la institución, que intenta sacudirse a trompicones del  escándalo de los plagios.

Una normalidad aparente cubre la calma tensa de los últimos meses. Y aunque los estudiantes aseguran que "vuelan cuchillos", las mesas electorales funcionan con normalidad y un trasiego inusual en jornadas anteriores. Solo se ha producido una incidencia, según informa la asociación Lambda, en una mesa ubicada en el centro adscrito de artes TAI.

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Las comunidades aumentan el control sobre los colegios concertados que financian

Algunas comunidades autónomas empiezan a moverse para controlar más y mejor a los centros concertados que funcionan con sus fondos. Madrid y Valencia, dos regiones que, con gobiernos del PP, dieron alas durante años a este modelo educativo están dando pasos para acotar las normas generales que regulan los conciertos y controlar la apertura a espuertas de aulas privadas sostenidas con dinero público.

La Comunidad de Madrid  ha regulado por primera vez por decreto que los centros estén obligados a tener un número mínimo de estudiantes para tener y mantener la financiación.  El reglamento de 1985 que sienta las bases regulatorias a nivel nacional ya lo preveía aunque la realidad es casi ninguna comunidad ha establecido aún ratios fijas para todo su territorio y condicionan estas cifras a los datos de escolarización de las zonas. El documento es laxo en sus planteamientos y en el momento de la redacción las competencias no estaban aún transferidas a las comunidades autónomas.

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No a todos los colegios les parece buena idea la jornada escolar intensiva

Las familias del colegio público Latina de Madrid ya han dicho dos veces que no quieren cambiar el horario escolar. Han rechazado la jornada intensiva lo que le convierte en una  rara avis en el  mapa general de España donde sí se ha impuesto con porcentajes cercanos al 100% en muchas comunidades. En la Comunidad de Madrid se dan más resistencias: poco más de la mitad de los colegios públicos tienen este tipo de horario.

El proceso para concentrar las clases en la mañana no solo ha fracasado, sino que ha generado tantas tensiones entre la comunidad educativa que el equipo directivo ha decidido que no volverá a iniciarlo hasta que no haya una propuesta que nazca de las madres y los padres. Hasta ahora, ambas habían venido del grupo de maestros.

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Tres grupos reclaman que el Congreso discuta sobre el final digno de la vida

En los dos últimos meses los principales partidos de la oposición han dado forma a sus proposiciones de ley sobre muerte digna. Con la iniciativa registrada este martes por el PSOE, la mesa del Congreso ya tiene en su poder tres diferentes. Socialistas, Ciudadanos y Unidos Podemos quieren abordar las condiciones del final de la vida. Las alternativas deben pasar la calificación del Gobierno, que podría bloquearlas antes de que lleguen a debatirse.

No es la primera vez que el debate sobre muerte digna entra en el Congreso. En las dos ocasiones que se ha intentado con el PP en el Gobierno, los textos –de IU y PSOE– han decaído por el rodillo parlamentario que permitía la ya extinta mayoría absoluta de los populares en la Cámara Baja.

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El Gobierno responde que "no tiene competencia" para investigar al rector de la URJC por los plagios

El Gobierno reitera, esta vez a través de una respuesta parlamentaria, que "no tiene competencia formal o material para realizar la función inspectora del Rectorado de la URJC" tras conocerse que Fernando Suárez plagió  al menos en una decena de obras firmadas con su nombre.

Previamente se había pronunciado sobre la cuestión el ministro de Educación, que aludió a la autonomía universitaria y pasó la bola al Gobierno regional de Cristina Cifuentes. Ahora es el Ejecutivo quien contesta a una diputada de En Marea a través de los cauces oficiales que es "la universidad la que tiene que autorregularse y realizar el correspondiente control normativo".

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La Comunidad de Madrid obliga a pagar por un garaje en sus viviendas públicas para jóvenes que sube el precio un 30%

La Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid, presidida por Cristina Cifuentes (PP), obliga a los adjudicatarios de la mayor parte de las promociones del Plan Joven a pagar una plaza de garaje aunque no tengan un vehículo para ocuparla. Eso incrementa un 30% el precio mensual.

Los beneficiarios de este programa –que no pueden ganar más de unas cantidades límite– pagan anualmente por la casa y el trastero unos 4.270 euros. A eso se les añade otros 1.240 más por el garaje, como refleja uno de los contratos correspondiente a una promoción cercana a Plaza de Castilla cuyas llaves se entregaron el año pasado. Dividido en 12 meses, la cuota sale a 356 y 103, respectivamente sin IVA. Si la mensualidad está reducida por motivos de renta, la proporción es la misma. Los recibos llevan el sello de la Agencia de Vivienda Social, el antiguo Ivima.

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    Así se entrenan las 'reclutas' de Femen

    #12 Ya se ha corregido el problema. Efectivamente, era algún tipo de virus. Gracias por el aviso.

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    La Laponia española queda entre Cuenca y Guadalajara

    #13 #2 #6 #7 #9 Ya está corregida la errata. Gracias por el aviso. Saludos.

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    Las grietas de la atención a la diversidad: ¿quién se preocupa por mi hijo superdotado?

    #16 Disculpa, Maria Dolors. El error ya está corregido. Un saludo y gracias.

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    El PSOE pedirá la retirada del programa 'Entre Todos' en la Comisión de Control de RTVE

    #17 Ya está corregida la errata. Gracias por el aviso.

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    Diez claves para ayudar a los inmigrantes sin derecho a la sanidad

    #3 #2 En el taller dijeron que los padres de un inmigrante en España, a pesar de que puedan venir debido a la reagrupación familiar, no tienen derecho a la sanidad pública. De todos modos, seguro que en la página web de Yo SÍ Sanidad Universal encuentra más información. Saludos.

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    Aplicaciones interactivas que ayudan a corregir la dislexia

    #3 #2 El lector que adapta textos es para android. Dyseggxia creo que todavía está en fase beta para este sistema operativo. Puedes intentar descargarla desde aquí: http://dyseggxia.com/download