“La educación es la vacuna frente a la violencia de género”

La magistrada Gloria Poyatos.

Mª José Lahora

Arrecife —

Como presidenta de de la Asociación Canaria de Iuslaboralistas, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Gloria Poyatos, organiza las VII Jornadas Laborales de Lanzarote donde se debate sobre la difícil situación de la mujer trabajadora en un mercado que la discrimina. No en vano, es fuerte defensora de los derechos de las mujeres y reconocida a nivel mundial por sus sentencias en casos de violencia de género.

¿Sigue discriminada la mujer en el ámbito laboral?

Sí. Una vez conquistada la igualdad jurídica en el siglo XX, el gran desafío de este siglo es la conquista de la igualdad real, que parece inalcanzable. Ello es incuestionable a tenor de las estadísticas que nos recuerdan cómo las brechas de género siguen imperando en todos los ámbitos sociales, y se exacerban en el mercado laboral, donde las diferencias se sostienen, sustancialmente, sobre tres pilares.

Primero, la brecha salarial, que en nuestro país se sitúa en el 23% y según un informe del Foro Económico Mundial asegura que, a este ritmo, se tardarán 170 años en cerrarla. La brecha salarial se reduce a paso de tortuga y perpetúa las discriminaciones de género.

En segundo lugar, el tiempo dedicado a los cuidados familiares no profesionales y al trabajo doméstico. Se trata de un trabajo imprescindible que sostiene la vida pero históricamente invisibilizado y carente de valoración social, curricular o económica. Las mujeres se han incorporado masivamente en el mercado de trabajo pero los hombres no se han incorporado masivamente al trabajo doméstico, lo que ha generado grandes desigualdades. Tampoco se han cambiado las reglas del mercado laboral, pensado y diseñado en masculino.

Esto ha incrementado exponencialmente el trabajo de las mujeres que, sin dejar de ser proveedoras de las tareas del hogar y los cuidados, intentan competir en un mundo laboral que las discrimina, precisamente por ello. Y luego está el techo de cristal, un elemento arquitectónico descriptivo de las limitaciones profesionales de las féminas y que impera en todas las actividades económicas.

Según los datos aportados por la UE, un 60% de las licenciaturas que se obtienen en Europa son femeninas, a pesar de lo cual solo el 13% de los puestos de Dirección de las empresas son ocupados por mujeres.

Ello se reproduce también en profesiones que debieran ser un ejemplo de igualdad, como la justicia, donde a pesar de que actualmente la carrera judicial española es mayoritariamente femenina (un 52%), la presencia de las juezas en el Tribunal Supremo es efímera, pues de 78 integrantes solo 11 son mujeres.

Y el mismo patrón se observa en el Tribunal Constitucional, que debiera ser guardián de la igualdad en su composición por mandato constitucional, y en cambio de un total de 64 integrantes desde su creación, solo 6 tienen nombre de mujer, lo cual es una anomalía democrática que redunda negativamente en la calidad de la justicia y que no representa realmente la mirada completa de la sociedad española, compuesta por hombres y mujeres.

¿Conoce el caso de Las Kellys? ¿Cree que la sobrecarga de trabajo puede ser considerada acoso laboral?

La sobrecarga laboral suele ser, en supuestos de acoso moral descendente, la opción más utilizada por el mobber o persona acosadora, cuando tiene el poder de dirección y control frente a la víctima de acoso. No obstante lo anterior, y cuando la sobrecarga es colectiva, mi punto de vista es que estaríamos ante un incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales generador de estrés laboral, que es otro riesgo laboral frente al cual debe protegerse al trabajador.

¿Qué se puede hacer desde la jurisprudencia para mejorar esta situación?

Juzgar con perspectiva de género. Ello no es una opción del juez, sino un mandato imperativo para la justicia, y también para los restantes poderes públicos, porque supone integrar el principio de igualdad. Juzgar con perspectiva de género supone franquear los estereotipos y prejuicios de género desde la justicia, evitando una justicia formalista o mecánica y aplicando una justicia equitativa, contextualizada y más humana. La justicia sin perspectiva de género no es justicia, es otra cosa…

También ha denunciado la situación de explotación de las empleadas de hogar en otras ocasiones.

Desde la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), que tengo el honor de presidir, emitimos un comunicado para sensibilizar a la sociedad y a los poderes públicos de la precaria situación de las empleadas domésticas y personas dedicadas a los cuidados de otras personas.

Las trabajadoras domésticas pertenecen a un sector laboral invisible, desprotegido y carente de representación. Su bajo estatus socioeconómico; el estigma de una actividad considerada no productiva o infravalorada; y las peculiaridades del lugar de trabajo hace que estas operarias sean particularmente vulnerables a la explotación y a las malas condiciones de trabajo.

El sector del empleo doméstico en España ha sido históricamente desterrado de una gran parte de los derechos laborales, en comparación con otros colectivos similares y sigue siéndolo. El 95% de las personas afiliadas a la Seguridad Social son mujeres. El 45% de las personas afiliadas son extranjeras. El Instituto Nacional de Estadística (INE) considera que en España un 14,4% de los más de 17 millones de hogares cuenta con una persona trabajadora regular que presta algún tipo de servicio doméstico, por lo que se puede concluir que un 70% presta estos servicios en economía sumergida.

Las desigualdades que afectan al trabajo doméstico incentivan su clandestinidad y perpetúan la histórica precariedad en la que viven estas empleadas. Por ello, es urgente acabar con la histórica discriminación de este colectivo e igualarlo en derechos laborales con el resto de sectores, mediante una regulación expresa que, entre otras cuestiones, proteja ante situaciones de desempleo o impago de créditos salariales.

¿Cómo se puede educar en la igualdad?

Hay que cambiar el abordaje en la lucha frente a la violencia de género, que no debe hacerse solo desde la gestión judicial del fracaso social sino principalmente desde la prevención. En la educación y la formación está la solución. Hay que educar en igualdad desde las escuelas, integrando transversalmente una educación con perspectiva de género, inculcando valores de igualdad respeto y tolerancia e incluyendo a las mujeres en la historia de la humanidad de las que han sido históricamente excluidas y también promoviendo el uso de un lenguaje inclusivo que las visibilice, entre otras medidas de coeducación.

Pero, de otro lado, también hay que educar a la sociedad, pues vivimos en la cultura de la igualdad simulada. No se trata de decir que somos iguales sino de actuar como si lo fuésemos. No podemos decir que somos iguales y tener permisos parentales diferentes por sexos, o que se cosifique a las mujeres desde los propios medios de comunicación, que en los supermercados tengan zonas por colores destinadas a cada uno de los sexos, que en la RAE solo haya habido un 2% de mujeres, en el Tribunal Constitucional un 9% o que tengamos una foto oficial de la justicia donde, aún siendo mayoría las juezas, no haya ni una sola magistrada, entre otros muchos mensajes sociales que devalúan continuamente la imagen de la mujer.

En este sentido cuentan con el proyecto Educando en Justicia Igualitaria. ¿Qué resultados está teniendo?Educando en Justicia Igualitaria

La educación es la vacuna frente a la violencia de género. Por ello es importante promover proyectos educativos igualitarios desde el socioconstructivismo, como es el programa educativo impulsado por la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) Educando en Justicia Igualitaria, una idea educativa desde la justicia con perspectiva de género que fomenta el aprendizaje transformativo entre jóvenes de 9 a 18 años, con tres señas de identidad: igualdad, justicia y educación, donde colaboran altruistamente centros de educación y operadores de la justicia de todos los ámbitos. También un programa plural de divulgación y conocimiento de lo que es la justicia igualitaria entre el alumnado para ayudarles a reconocer las discriminaciones y violencias de género, así como los estereotipos sexistas.

Un programa que pretende el acercamiento de estudiantes al mundo judicial, a través de visitas guiadas a las instalaciones judiciales y asistencia a juicios públicos con perspectiva de género como una experiencia enriquecedora que les dará una información más certera sobre el funcionamiento de los juzgados españoles y del concepto justicia igualitaria. Un programa que promueve la creatividad de adolescentes y el trabajo en equipo mediante la preparación y escenificación de juicios con perspectiva de género en salas de vistas reales. Una formación temprana tiene un impacto mayor y más positivo, porque se es más permeable a la adquisición de buenos hábitos y educación en valores igualitarios.

Y el maltrato, ¿cómo evitarlo?

El maltrato se sostiene sobre las desigualdades que todavía imperan en nuestra sociedad y los roles de género que se asignan a hombres y mujeres. Los estereotipos y prejuicios de género son la base de las discriminaciones del siglo XX, porque estamos ante elementos cognitivos inmunes a las leyes que se transmiten socialmente sin importar el sexo, la edad o el nivel cultural de la persona, pues su transmisión se produce mediante el aprendizaje observacional y solo pueden deconstruirse por la misma vía. Por ello es sustancial tomar medidas transversales y multidisciplinares desde todos los frentes sociales pensables, para acabar con los roles sexistas a través de la educación igualitaria de nuestros menores y la educación social y formación de las personas adultas. Respecto de las personas que operamos en la justicia es imprescindible una formación especializada obligatoria en género para poder franquear la estereotipia, pues de otro modo es una justicia distorsionada y parcial, incurriendo en discriminación institucional, motivo por el cual España ya fue condenada por la ONU en la Comunicación nº47/2012 del Comité CEDAW ( Asunto de Ángela González Carreño contra España).

Organiza las VII Jornadas Laborales de Lanzarote donde se debatirá sobre la difícil situación de la mujer trabajadora en un mercado laboral que la discrimina. ¿Puede adelantarnos qué podremos escuchar para trabajar en la ruptura de esta condición?

Nuestras jornadas tienen una seña de identidad que las diferencia de otras y es su carácter crítico y propositivo. Por ello cada año tratamos distintas materias de gran transcendencia no sólo para juristas sino también para la ciudadanía. El viernes 6 de octubre de 2017 debatiremos sobre la difícil situación de la mujer trabajadora en un mercado laboral que la discrimina de la mano de la magistrada del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, con una visión crítica y plural que nos permitirá hacer propuestas desde el Derecho Social para avanzar hacia la cultura de la equidad. La magistrada, con la brillantez que le caracteriza, nos expondrá de manera clara y directa la discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral por razón del embarazo, la maternidad, la conciliación de la vida laboral y familiar y también nos hablará de las prestaciones de género, la viudedad, y la protección legal de las mujeres frente a los despidos discriminatorios, entre otras cuestiones de interés para toda la sociedad.

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