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La denuncia canaria identifica a once cabecillas de la represión franquista en las Islas

La Asociación Canaria de Víctimas del Franquismo exige al Estado español que asuma sus responsabilidades para evitar "perpetuar la impunidad de los autores" de los crímenes

"No se trata de sentar en el banquilo a los represores, puesto que ya están muertos, sino de exigir una política de Estado  para sacar los cuerpos de las fosas y compensar a los familiares", afirma el abogado Javier Díaz Reixa

Aunque no hay cifras cerradas, las últimas investigaciones estiman que el número de asesinados en Canarias durante el franquismo supera el millar

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Sima de Jinámar. (ALEJANDRO RAMOS)

Sima de Jinámar. (ALEJANDRO RAMOS)

La denuncia presentada por la Asociación Canaria de Víctimas del Franquismo (ACVF) el pasado 13 de noviembre en el consulado de Argentina en Madrid identifica con nombres y apellidos a once responsables directos de la represión en las Islas. El escrito, que pretende incorporar a 1.800 víctimas isleñas a la querella que tramita el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires. exige al Estado español que asuma sus  responsabilidades para evitar "perpetuar la impunidad de los autores" de las desapariciones forzadas no esclarecidas durante el régimen (1936-1975).

En la denuncia figuran mandos como el comandante Lorenzo Martínez Fuset, fiscal jefe de la Auditoría de Guerra de Canarias; el teniente Rafael Díaz Llanos Lecuona, jefe interino del mismo órgano; José Cáceres Sánchez, Comandante Militar de Canarias, José Samsó Henríquez, coronel jefe de la Auditoría de Guerra, o José Zamorano Lamelino, responsable de organización de las milicias de Acción Ciudadana y la Falange Española.

En esta lista de "responsables principales" de la represión en las Islas también aparacen otros militares: Lorenzo Machado Méndez y Fernández de Lugo (comandante), Carmelo Llarena y Bravo de Laguna (capitán), Joaquín García Pallasar (coronel de Artillería), Anatolio de Fuentes García de Mesa, Julio Fuentes Serrano y José Rodrigo Vallabriga.

Antes de enumerar a los once de Canarias, la denuncia de la ACVF identifica al núcleo dirigente del golpe militar del 18 de julio de 1936 contra la II República Española, los 35 miembros de la denominada camarilla africanista que lideró Francisco Franco.

"Además", señala el escrito, "hay una extensa lista de ejecutores, colaboradores o cooperadores necesarios en las actuaciones represivas pertenecientes  al Ejército, a las fuerzas policiales, al clero y a las milicias ciudadanas organizadas y dirigidas por los mandos militares designados a tal efecto".

Javier Díaz Reixa, uno de los abogados de la asociación, reconoce que en la denuncia han quedado nombres en el tintero. No obstante, precisa que el objetivo no era sentar en el banquilllo a los represores y torturadores, puesto que ya han muerto, sino, en línea con los postulados de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en materia de memoria histórica, "responsablizar al Estado, exigirle que asuma una política de Estado"  para sacar los cuerpos de las fosas y compensar a los familiares de las víctimas.

"Cuando hablamos de compensación, no estamos hablando de dinero, aunque en algunos casos, como en el de los herederos de Negrín, a quienes saquearon sus bienes, sí se podría exigir. Estamos hablando de otro tipo de compensanción, la reparación de la dignidad de las personas", explica Díaz Reixa. De hecho, la denuncia expone que la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 parte de "errores conceptuales elementales", al no contemplar "medidas de reposición, restitución o reparación de los derechos conculcados", sino medidas que se limitan a "ayudar, facilitar, colaborar en las actuaciones que, en esencia, se remiten a las iniciativas de los familiares de las víctimas".

Los denunciantes sostienen que el Estado aparece desde ese momento como "un ser omnímodo y benevolente que concede graciosamente ayudas o subvenciones" y no como el titular de "deberes y obligaciones que ha de asumir como responsable directo de las violaciones consentidas de derechos, como si se tratara del único país del mundo que, tocado por la mano divina, hubiera quedado exento de  afrontar sus responsabilidades internacionales".

Para la ACVF, la inhibición de la Audiencia Nacional en favor de la competencia de los juzgados territoriales y los archivos posteriores de la mayoría de las causas demuestran que el Estado español ha optado por "un modelo de olvido del pasado absoluto" y ha renunciado tanto a las medidas sancionadoras y reparadoras como a la investigación y averiguación de la verdad.  

Instrucciones reservadas y cifras de la represión

La denuncia incorpora varias referencias a instrucciones reservadas anteriores al golpe de Estado, firmadas por el general Emilio Mola, por el propio Franco o por el general de Las Palmas Luis Orgaz, que corroboran, según la ACVF, que las dimensiones de la represión desatada a partir del 18 de julio de 1936 estaban "perfecta y detalladamente planificadas de antemano". "No se trata de sucesos aislados o de excesos puntuales cometidos por incontrolados", sino de una "estrategia planificada con el propósito de eliminar toda resistencia mediante el uso sistemático de la violencia y el terror", reza el escrito.

Aunque no hay cifras cerradas, las últimas investigaciones estiman que el número de asesinados en Canarias durante el franquismo supera el millar. De ellos, 123 (63 en el Barranco del Hierro, en Santa Cruz de Tenerife, y 60 en la Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria) fueron fusilados en ejecución de sentencias condenatorias dictadas por consejos de guerra a través de "simulacros de juicios" en los que los procesados no podían ejercer su derecho a la defensa y en los que se les imputaba cargos de militancia o pertenencia a partidos políticos y sindicatos o delitos de rebelión por resistirse al golpe militar.

La denuncia de la ACVF también relata que decenas de personas acabaron internadas en campos de concentración nazis y que la mayor parte de las desapariciones forzadas -se calcula que unas 900- se produjo entre septiembre de 1936 y febrero de 1937. Muchos fueron arrojados al mar, atados a sacos con pesos, y otros enterrados en fosas comunes.

Según los datos que maneja la asociación y que han sido puestos en conocimiento de las autoridad judicial argentina, en los momentos álgidos de la represión fueron detenidas más de 3.500 personas, de las que 1.200 fueron enviadas al campo de concentración de La Isleta y otras 1.200, a la prisión habilitada en los almacenes Fyffes de Santa Cruz de Tenerife.

La depuración de funcionarios de la Adminisración, de maestros y profesores universitarios, las multas por responsabilidades políticas, la incautación de bienes de militantes republicanos y de izquierdas y la utilización de presos como trabajadores para ejecutar las obras públicas son otras formas de represión que se recogen en la denuncia.

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