Un desahucio por 'okupación' de edificios abandonados dejará en la calle a 90 familias este martes en Tenerife

Un nuevo caso de desahucio dejará en la calle el próximo martes a 90 familias de muy diversa procedencia y características en el municipio de Arona, en el sur de Tenerife. Se trata de okupas de diversas nacionalidades, entre los que hay refugiados ucranianos, que, en los últimos ocho años, utilizaron dos edificios (números 8 y 10 de la calle Chasna) de la zona Costa del Silencio, muy cerca de La Montaña Amarilla y la linde con San Miguel de Abona, que se construyeron hace medio siglo, pero que nunca se terminaron ni se explotaron, según explican.    

Los afectados por el desalojo de este martes se concentran y protestan este tarde (viernes, 8 de marzo), con permiso oficial, en las dependencias del Servicio de Atención Ciudadana de Los Cristianos para denunciar su situación y reclamar, al menos, que le den un plazo de uno a dos meses para poder llevarse todas sus pertenencias.

Según señaló a Canarias Ahora su portavoz, Eloy Outerial Miniño, entre las 90 familias hay recién nacidos, niños, embarazadas y mayores que, de momento, carecen de alternativa habitacional. Por eso, su intención pasa por quedarse, de momento, en playas de la comarca, si bien temen por consecuencias para, incluso, la tutela de los niños en algunos casos, “tal y como nos han advertido desde el consistorio”.

No obstante, recalca que dejarán los edificios el martes de forma pacífica, al menos según lo acordado, aunque lamenta que les notificaran el desalojo con un único documento genérico, “que no va dirigido a nadie con nombre concreto”, y hace solo dos semanas, con lo que no han tenido tiempo para preparar la salida de forma adecuada ni hallar alternativas de hospedaje. 

En la nota que les dejaron “hace dos semanas”, un escueto papel encabezado con una alusión al Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona, se indica que se trata de una “toma de posesión” en virtud de la “ejecución de título judicial 18/2023”. Además, se les informa de que dicha “posesión del inmueble” (“conocido como Chasna SA”) tendrá lugar el próximo martes, 12 de marzo, desde las 9:30 horas.  

Esas alternativas habitacionales son, por supuesto, muy difíciles porque, precisamente, optaron por esta okupación de edificios abandonados por su imposibilidad para afrontar alquileres o compras debido a los altos precios de la vivienda, en general, y, en especial, en el sur de Tenerife. Por eso, y desde hace unos ocho años, estas 90 familias de las que ejerce de portavoz fueron habilitando y adaptando estos inmuebles para habitarlos, si bien no han contado con servicios como el agua o electricidad públicas. Por ello, han optado por incorporar placas solares por las que han invertido entre 1.000y 3.000 euros en cada caso y que, ahora, “tendremos que dejar atrás sin ninguna seguridad de que podamos recuperar”.

En principio, y según ratifica, uno de los edificios está afectado por aluminosis, tal y como certifica un estudio municipal de 2021. Sin embargo, subraya que esto no afecta a todas las viviendas habilitadas y que la situación concreta del desalojo no queda clara, más allá de la intención de los propietarios de recuperar el control de los inmuebles con la intención de “derrumbarlos y reconstruirlos”.

Búsqueda de alternativas habitacionales

La concejal de Servicios Sociales, Ruth Martín, no esconde, en declaraciones a este periódico, su honda preocupación por este desalojo. No porque no lo crea correcto desde el punto de vista judicial y de los propietarios, sino por sus consecuencias sociales. Según señala, “desde que nos llega la resolución judicial el pasado 6 de febrero, hemos estado buscando alternativas habitacionales para estas personas con el Gobierno regional y cabildo, pero ha resultado imposible por el gran problema de la vivienda que sufren las Islas, que ha colapsado”.

Martín explica que, el próximo martes, los servicios municipales estarán muy atentos para reubicar a los menores en hospedajes especiales “porque no pueden dormir en la calle. En ningún caso, corre riesgo la tutela por parte de sus padres, pero la ley sí que impide que duerman en la calle o en playas y hay que intervenir. Eso sí, en el caso de los recién nacidos sí se quedarán con sus madres”.

La edil se muestra muy contrariada por la situación de la vivienda. “Tenemos un lleno total turístico, no existen alternativas en los hoteles, hay más casos como este y han vuelto situaciones de chabolismo que no se veían desde hace mucho en el municipio y la comarca”. Según aclara, los problemas en la estructura afecta solo al edificio 10, aunque ha habido una confusión y se liga también al 8. “Estoy en permanente contacto con el abogado de los actuales inquilinos, algunos de los cuales están empadronados, y seguiremos buscando soluciones”. Según sus datos, le constan, al menos, 65 “vecinos”, aunque es consciente de que hay muchos más y le parece razonable esa cifra de 90 familias.

Por su parte, Eduardo Tavío, miembro de la familia propietaria (aunque, en realidad, los edificios pertenecen a unos primos), explicó este jueves que el informe inicial sobre la estructura y los riesgos parte del consistorio en 2021 y, a partir de ese documento, actúa el juzgado. Según remarca, hay claros riesgos para los que habitan estos inmuebles y entiende que el ayuntamiento, tras lo ocurrido con el edificio que colapsó en Los Cristianos y otros casos, haya intervenido “porque ha habido, también, riesgos de incendio: se trata de un caso especial, no de una okupación al uso, pues es como si se habita una cueva y tiene riesgos de derrumbe. Es lógico que la administración actúe”.

Por lo demás, indica que se ven obligados a derribar lo decretado por el juzgado y no esta en condiciones de afirmar qué se hará con la parcela. “Deben decidirlo mis primos”, afirma.   

Antonella Alioti, exconcejala de Podemos en el Ayuntamiento de Arona, muestra su total apoyo a estas familias y pide que, al menos, se le dé ese margen de dos meses para organizar bien su salida. Además, critica la situación de la vivienda, en general, en la localidad y la Isla, al tiempo que considera contradictorio que no se les dé alternativas a estas personas “y, mientras, se pretenda construir una nueva ciudad en El Mojón sin una vivienda social”.