El Parlament insta a la Generalitat a elaborar un protocolo para retirar a los menores en riesgo de sus familias
La totalidad de los grupos en el Parlament de Catalunya han pedido al Govern que elabore un protocolo más detallado para los procesos de desamparo, esto es, la separación de los menores de sus familias cuando viven situaciones de riesgo. Los grupos han instado a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) a que en estos procesos administrativos se tengan en cuenta la historia de la familia, la opinión del menor, la de su médico, la de su escuela, y que se elabore un plan de trabajo “tangible” para que la familia pueda recuperar a su hijo.
La moción, impulsada por CSQEP y consensuada por todos los grupos, pone el foco sobre todo en los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA), los grupos de psicólogos, pedagogos y asistentes sociales –en Catalunya hay 53– que supervisan a las familias y elaboran los informes para decretar los desamparos de los menores. El texto no solo pide que en el proceso se recojan valoraciones externas, también que mejore “sensiblemente” la dotación económica y los recursos humanos de estos equipos, que a menudo no cumplen con la ratio de casos que deberían atender –un profesional para 40 atendidos–, algo que añade presión a una tarea ya de por si muy delicada, según lamentan también los propios trabajadores.
El Parlament también pide al Govern que se supervise y se de soporte a los equipos a través de los servicios territoriales existentes que dan soporte a los EAIA. Además exigen que se apliquen planes de formación a todos los profesionales que trabajan en estos equipos por parte de los entes locales para que puedan trabajar con un mayor grado de especialización.
“No pretendemos atacar a los profesionales o a la Administración”, ha proclamado Gemma Lienas (CSQEP). “No decimos que todos los desamparos sean injustos, solo lo son algunos”, ha apuntado la diputada, que ha criticado que cuando las familias mantienen conductas negligentes “se opte por retirar a las criaturas de casa y no por ayudar a las familias”. De los 4.800 desamparos decretados por maltrato, 2.800 responden negligencias, un concepto que incluye desatención médica, alimenticia, de higiene, de vestimenta o de seguridad. Como reveló Catalunya Plural, decenas de familias afectadas ponen en duda el modelo actual de protección a la infancia.
La diputada de Junts pel Sí, Montserrat Vilella, se ha comprometido a que el texto aprobado no caiga en saco roto, como sucede a menudo con las mociones que el Govern no tiene por qué tener en cuenta. El compromiso de los partidos es que se elabore el protocolo en el plazo de cuatro meses.
La moción entra también en otros aspectos controvertidos del modelo de protección a la infancia. Pide que siempre que sea posible la familia pueda tener una despedida “en condiciones” del hijo que le van a retirar –no siempre sucede– y que los abogados de los padres puedan asistir a las reuniones con la DGAIA. También insta al Govern a que haga públicos cada mes los datos del número de menores, las ayudas que reciben o cuantos están viviendo en centros y cuantos con familias.
