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Arabia Saudí: de la deriva armamentista a la destrucción del Yemen

Vista de los destrozos causados por un ataque aéreo de la coalición árabe liderada por Arabia Saudí en Saná, Yemen.

Durante las últimas décadas Arabia Saudí ha sido sinónimo de silencios mediáticos. Violaciones masivas de derechos humanos, contratos oscuros con empresas occidentales, corrupción, abusos contra los derechos de las mujeres, fomento del terrorismo yihadista más allá de sus fronteras, etc. todas estas realidades han sido por norma general silenciadas o siquiera minimizadas buena parte de la prensa generalista de España y en general de la Europa occidental. Esta es una tendencia que se ha ido rompiendo durante los últimos dos años gracias, a, en buena parte, diferentes campañas y al trabajo incansable de entidades, periodistas y algunos -en general pocos- partidos políticos, hartas y hartos de esta impunidad mediática.

Uno de estos silencios mediáticos que últimamente ha empezado a romperse esta relacionado con el estratosférico gasto militar y las importaciones de armas de Arabia Saudí. El anunciado Pivot to Asia anunciado por la administración Obama en 2009 hizo entrar en un cierto pánico en cuanto a su seguridad a algunos países de la Península Arábiga, acostumbrados hasta ese momento a delegarla al hermano mayor norteamericano. Países como los Emiratos Árabes Unidos o la propia Arabia Saudí lanzaron entonces una carrera militar con el fin de mejorar su capacidad defensiva y ofensiva, especialmente con la perspectiva a medio plazo de Irán consolidándose como principal potencia a la región.

Conflictos como los de Siria o Yemen han sido en buena parte el resultado de esta guerra no declarada entre potencias regionales -en especial Irán y Arabia Saudí, pero también Turquía, Israel, EAU y Qatar- en lucha para mantener o expandir su influencia en diferentes territorios en disputa de Oriente Medio.

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Elegir la guerra es renunciar a la paz

Fotografía de un niño que pasea con su bicicleta frente a la escuela de educación primaria de Charras (Colombia).

Imaginemos que disponemos de 1,69 billones de dólares con los que se puede financiar la guerra o la paz. Si elegimos usar estos recursos para la guerra, el coste de oportunidad de esta inversión es la paz, su mejor alternativa disponible. Hay un dicho francés que lo explica muy bien: choisir c ’est renoncer (elegir es renunciar). Parece de cajón, pero realmente es así: elegir la guerra es renunciar a la paz.

En economía, el modelo “cañones versus mantequilla” hace referencia a la relación entre la inversión de un país en el ámbito militar o en el sector civil, y sirve para ilustrar el concepto de “coste de oportunidad”. A la hora de gastar sus recursos económicos escasos, en un país tienen que elegir entre producir cañones (los gastos militares), mantequilla (los gastos civiles) o una combinación de ambos, y toman esta decisión, en principio, a partir de los beneficios que pueda reportar a la población.

En el debate académico sobre “cañones versus mantequilla” existen dos escuelas que presentan argumentos y conclusiones radicalmente diferentes en cuanto a las implicaciones que tiene el gasto militar. Por un lado, la escuela neoclásica, generadora de gran parte de la literatura científica considera el gasto militar como una garantía de desarrollo -y en consecuencia garantía de seguridad y paz- al identificar una relación positiva entre el crecimiento económico y los gastos militares. Se podría decir que más cañones se relacionan con más mantequilla. Esta escuela defiende una idea característica del pacifismo económico, que sostiene que la paz mundial se puede alcanzar mediante acuerdos multilaterales entre Estados que permiten la libre circulación de personas, mercancías y capitales. Un ejemplo claro es el de la Unión Europea, que ganó el controvertido Nobel de la Paz por su “contribución durante seis décadas al avance de la paz y la reconciliación, la democracia, y los derechos humanos”. Sin embargo, aunque los Estados miembros no han conocido nuevos episodios de conflictos armados desde la Segunda Guerra Mundial gracias a la constitución de la Unión supranacional, sus fronteras militarizadas son, hoy en día, lugar de violación de derechos humanos diarios.

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Anti-armas en un mundo armado

Colombia es, después de Afganistán, el país más afectado por las minas.

No sabemos con certeza el número total de minas terrestres desplegadas actualmente. Según la Fundación de las Naciones Unidas, este número podría ser de entre 60 y 70 millones, mientras que según la organización LandMineFree, puede ascender a unos 110 millones. A pesar del tratado de Ottawa de 1997, firmado ya por 162 países y que prohíbe la producción, uso, almacenamiento y transferencia de las minas anti-persona pidiendo asimismo su destrucción, se estima que por cada mina enterrada hay otra en algún almacén, preparada para ser usada o destruida. En otras palabras, en este mundo de locos nos toca a una mina anti-persona por cada 40 personas, aproximadamente. Y todavía hay quien piensa que es preciso encontrar métodos alternativos que den "resultados similares", evitando la prohibición. Cabe decir que el tratado de prohibición de las minas de Ottawa no ha sido firmado por 34 países, y que entre los no firmantes vemos, curiosamente, países como Estados Unidos, Rusia y China.

Según los informes de Landmine Monitor, el total de muertos causados por estas minas desde el año 1999 es de 96.492. El precio de una mina oscila entre los 3 y los 30 dólares, pero el costo de detectarla y desactivarla (un trabajo muy peligroso), se mueve entre los 300 y los mil dólares. Por cada 5.000 minas desactivadas hay una media de 3 accidentes: dos heridos y un muerto. Y su desactivación es un proceso lento y tedioso: teniendo en cuenta que el año 2014 pudieron desactivarse 230.000 minas y suponiendo que nadie plantara más minas, es fácil ver que, manteniendo el ritmo, se necesitarían más de 261 años para eliminar todas las minas de nuestro planeta.

Pero hay esperanza. Los drones que está empezando a producir la Fundación Mine Kafon son sistemas automáticos, eficientes y seguros para eliminar las minas enterradas. Son Anti-armas para salvar vidas. Con unos cuantos de estos drones podrían eliminarse todas las minas actuales en sólo 10 años. Los drones Mine Kafon trabajan parcela a parcela, y lo hacen en tres fases. En una primera pasada por encima del terreno, obtienen un mapa orográfico muy preciso que en algunos casos permite ya descubrir la situación de ciertas minas. Después, en una segunda pasada, el dron va recorriendo el terreno a unos 4 centímetros del suelo, con un detector de metales que acaba detectando todas las minas a la vez que las localiza en el mapa orográfico. Finalmente, el dron coge pequeños detonadores del tamaño de una pelota de tenis, y, con cuidado, los deja en cada una de las posiciones donde ha detectado una mina. Cada vez que deja un detonador se aleja y lo activa a distancia para hacer explotar la mina. Al terminar la jornada, ha eliminado todas las minas de la parcela sin ninguna intervención humana.

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Las fronteras en manos de la industria militar

Un policía miembro de la agencia europea de control de fronteras (Frontex) patrulla en la frontera greco-turca.

Dentro del marco del neoliberalismo global que erosiona la competencia de los Estados sobre sus propios recursos territoriales, las fronteras del Estado-nación no son una excepción. El Estado ya no sólo delega los recursos y asuntos internos susceptibles de dotar de beneficios a la empresa privada, también privatiza la gestión de sus bordes, esa delgada y compleja línea de encuentro con el otro, ya sea otro Estado, persona u organización. La gestión de las fronteras no sólo se privatiza, se realiza desde una óptica cada vez más militarista. La frontera, sea urbana o estatal es una verdadera declaración de intenciones política hacia lo que podríamos definir como “el otro”, aquel que viene de más allá de la frontera y vive un encuentro con ésta.

Es en la frontera donde se muestra nuestra apertura física, social y política al mundo. Cuando la gestión se endurece, militariza y privatiza se acaba teniendo un impacto cognitivo en el seno de la sociedad, porque la militarización progresiva de este punto de encuentro que son las fronteras nos acaba enseñando que el otro, el que viene de fuera, es un extraño del que defenderse. Esto nos retrotrae al modelo de fortaleza medieval, dónde había que defenderse de los bárbaros, para lo cual se levantaba una muralla, y todo lo indeseado para el sistema interno quedaba fuera de ella. En este contexto hablar de Europa-Fortaleza no sólo es pertinente, sino también necesario y urgente.

La privatización de las fronteras europeas se está realizando de dos maneras; por un lado se delegan diferentes funciones relacionadas con la gestión a empresas militares y de seguridad privadas. Por otro, se llegan acuerdos con países fuera de la UE como es el caso de Turquía y Libia, para que sean ellos los que cierren sus fronteras, más cerca de los grandes flujos de refugiados. De esta manera hay un primer muro de contención para la Europa-Fortaleza que establece su frente en terceros países.

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La OTAN y la desdemocratización de la política de defensa española

Presentación de la misión del Ejército de Tierra en Letonia.

Durante la primera quincena de junio de 2017 se completará el despliegue de 300 militares españoles en Letonia. El contingente militar español irá acompañado de 80 vehículos, entre ellos seis carros de combate Leopard y 14 vehículos blindados de combate Pizarro. Es la primera vez que los carros de combate Leopard son utilizados por el ejército español en una operación militar en el exterior.

El contingente militar español formará parte de la operación Presencia Activa Reforzada ( Enhanced Forward Presence) de la OTAN, que se desarrolla en el territorio de Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, con un total de 4.000 militares provenientes de 16 países. Esta operación, considerada como una medida de aseguramiento frente a Rusia, se acordó en la cumbre de Varsovia de la OTAN que tuvo lugar los días 8 y 9 de julio de 2016. Según el general español Francisco José Dacoba Cerviño, « se trata de una misión defensiva y, sobre todo, disuasoria».

La participación del ejército español no ha sido autorizada por el Congreso de los Diputados. La autorización del Congreso se requiere para poder llevar a cabo «operaciones en el exterior que no estén directamente relacionadas con la defensa de España o del interés nacional» según la Ley Orgánica de la Defensa Nacional (artículo 17).

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Regulación y estatus del sector privado de seguridad en Palestina, Irak y Colombia (II)

Un policía fronterizo israelí pasa junto a una casa prefabricada, mientras es retirada, durante la demolición del asentamiento ilegal de Amoná, en Cisjordania.

Este verano ha aparecido un nuevo informe de NOVACT sobre empresas militares privadas en Irak, Palestina y Colombia. Uno de los aspectos que se aborda, el de las normativas que regulan la actividad de dichas empresas, es particularmente interesante. Presentamos una síntesis en una serie de tres artículos, cada uno de ellos correspondiente a uno de los tres países. El primero se dedicó a Irak y este segundo a Palestina.

En los últimos 20 años Israel ha llevado a cabo un proceso de externalización de las funciones militares y de seguridad en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) y que incluye el mantenimiento del orden público. Esta política de externalización se ha canalizado a través de dos vías; por una parte, la delegación de funciones a empresas privadas de seguridad y por otro, la transferencia de algunas responsabilidades a personas a título individual y en comunidades civiles como los asientos.

Las tareas asignadas son las siguientes: gestión y vigilancia de checkpoints, protección de establecimientos públicos y privados en Cisjordania, vigilancia de establecimientos específicos en asentamientos y zonas industriales en Cisjordania, protección de los lugares en construcción a lo largo del muro y vigilancia de lugares específicos en la ciudad vieja de Jerusalén, el Light Rail Train y los asentamientos judíos en Jerusalén Este.

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Regulación y estatus del sector privado de seguridad en Palestina, Irak y Colombia

Soldados iraquíes participan en una operación contra el grupo Estado Islámico en el casco viejo de Mosul (Irak), el pasado mes de marzo.

Este verano ha aparecido  un nuevo informe de NOVACT sobre empresas militares privadas en Irak, Palestina y Colombia. Uno de los aspectos que se aborda, el de las normativas que regulan la actividad de dichas empresas, es particularmente interesante. Expondremos una síntesis en tres artículos correspondientes a cada uno de los países. Iniciamos la secuencia de artículos con el correspondiente a Irak. Hemos estimado necesario incluir también la contextualitzación que el informe presenta sobre la situación de cada país.

Irak

Ya a principios de 2004, Irak se llenó de empresas privadas de defensa, sin ningún tipo de supervisión, contratadas por los ejércitos de EEUU y de Gran Bretaña, para llevar a cabo servicios de seguridad. Esto incluía la protección de convoyes militares, de la residencia de Paul Bremer, jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición (gobierno de transición creado por la coalición multinacional) y otros edificios de las fuerzas armadas, del aeropuerto de Bagdad y de la escolta de personas de alto rango. Sin embargo, después se descubrió que también se les habían asignado responsabilidades importantes y muy delicadas en el ámbito militar como la interrogación de detenidos, recogida y análisis de información, gestión y manejo de sistemas complejos de armamento, entrenamiento y asesoría de los nuevos cuerpos de seguridad y del ejército iraquíes e incluso la participación en operaciones de combate.

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33 millones de euros para la seguridad del hombre blanco (o por qué la seguridad es política)

El nuevo Jefe del Estado Mayor del Aire, Javier Salto, con la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

7.642 millones de euros para programas de Defensa, cero euros para el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. Este será el balance de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que se aprobarán en mayo, a la espera de enmiendas que puedan ser incorporadas en el documento final. Oficialmente, los presupuestos ordinarios de Defensa para este 2017 suben tan sólo un 0,6% respecto a los del año pasado. Sin embargo, si sumamos la integración de los pagos pendientes de los programas de modernización de las Fuerzas Armadas, antes ocultos y los gastos camuflados en otros ministerios y departamentos, el incremento podría ser de hasta un 32%, como ya denunciaba hace unas semanas el Centre Delàs. Hay asociaciones que, después de un análisis detallado de todas las partidas, aseguran que el gasto militar total ascendería a 33.762,4 millones de euros, un presupuesto similar al que el último gobierno del PSOE destinó en el año 2011 a la lucha contra la violencia de género.

La partida destinada a combatir el machismo sufrió, con el cambio de gobierno, un recorte del 8,68% que no se ha rectificado, y los PGE no contemplan inversión alguna para desplegar la Convención de Estambul, ratificada por el gobierno español en 2014, ni para el mencionado pacto de Estado que, en teoría, debía desplegarse estos meses venideros. Hace ya más de 10 años que el Congreso español aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión para analizar qué fallaba en la sensibilización y en las medidas de protección para combatir la violencia de género, con este acuerdo político y social en el horizonte. Desde entonces, el machismo asesino no sólo no ha remitido, sino que en sus manos han muerto 802 mujeres y niñas.

Aunque las dos partidas parezcan no tener relación, el discurso que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, utiliza para legitimar ese aumento en el presupuesto militar y el silencio de todo el gobierno sobre la necesidad de combatir los feminicidios, son dos caras de una misma moneda. Responden, de forma clara, a dos paradigmas sobre la seguridad: el que coloca al Estado, sus instituciones y la defensa de sus valores -el militarismo entre ellos- en el centro, y la que concibe como prioridad la seguridad de los individuos de una comunidad. Nombraría aún un tercero: el que percibe el género, la clase y la raza o etnia como factores clave a la hora de ser objetivo de amenazas específicas o de vivir experiencias concretas.

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Aumenta de nuevo el gasto militar mundial: ¿Cuándo entenderemos que el militarismo no es la solución?

Foto: Salva Campillo / Ayuda en Acción

Esta semana están teniendo lugar los Días Mundiales de Acción sobre el Gasto Militar (GDAMS), dentro del marco de la Global Campaign On Military Spending (GCOMS), coordinada este año por el Centro Delàs de Estudios por la Paz. El objetivo de esta iniciativa internacional es coordinar acciones en todo el mundo para movilizar las instituciones políticas hacia la reducción del gasto militar y su redirección a ámbitos de desarrollo social. Desde el 18 hasta el 28 de abril los eventos programados son más de 90 y los países involucrados más de 20. Las acciones tuvieron y están teniendo lugar desde Estados Unidos hasta Corea del Sur, desde Finlandia hasta Nigeria. También en Israel los antimilitaristas de Hamushim enviaron cartas a Technion que ofrece un curso para ser expertos en exportaciones de armamento.

Dentro del marco del GDAMS, hoy lunes 24 de abril el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) –con el que colabora el Centro Delàs de Estudios por la Paz – publica sus datos sobre gasto militar mundial actualizadas para 2016, acompañados de información completa sobre las tendencias mundiales, regionales y nacionales en el gasto militar.

Según el prestigioso centro de investigación, el gasto militar mundial en 2016 ha aumentado por segundo año consecutivo un 0,4% en términos reales, y ahora se estima alrededor de 1 billón 686 mil millones de dólares. A su vez, los 10 países que más han gastado en el sector militar y de defensa en 2016 son: 1. Estados Unidos (pequeño incremento desde 2015); 2. China (aumento significativo); 3. Rusia (aumento moderado) 4. Arabia Saudí (disminución significativa); 5. La India (aumento significativo); 6. Francia (aproximadamente ningún cambio); 7. Reino Unido (aproximadamente ningún cambio.); 8. Japón (pequeño aumento); 9. Alemania (pequeño aumento); 10. Corea del Sur (pequeño aumento).

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España, protagonista del negocio de la guerra... de nuevo

Imagen de un stand de la feria Homsec

La industria armamentística española no le basta con consolidarse en el sexto lugar del ranking mundial de países exportadores de armas, quiere seguir creciendo, y en su empeño se han sumado algunas de las instituciones públicas del estado.

Hace algunos días tuvo lugar en el recinto IFEMA de Madrid la sexta edición de la feria Homsec de tecnologías de seguridad nacional. Bajo este nombre se esconde un importante salón que abre sus puertas a empresas de armas de todo el mundo, administraciones públicas y empresas de seguridad privada para que puedan mostrar sus novedades tecnológicas, negociar contratos de compra-venta de armas, efectuar entregas y generar redes de colaboración. Una feria pensada sólo para beneficiar a aquellos que se enriquecen con el negocio de la guerra.

Desde 2011, la organización de este evento corre a cargo del Grupo Atenea, una entidad que destaca de ella misma que, «como Miembro de la nación española, contribuye a asumir el acervo común de la tradición y del humanismo cristiano, fundamento de nuestra civilización". Y no es casualidad que de sus palabras se desprenda un fuerte aliento a nacionalcatolicismo, de hecho, el Grupo Atenea cuenta en sus filas con algunos personajes que han sido relacionados directamente con el 23F.

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