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Espionaje y acción a través de internet

Manifestación contra la vigilancia masiva en Alemania © Demotix

Llevamos días escuchando las quejas de Obama ante el espionaje que llevaron a cabo los rusos sobre los correos electrónicos a los dos partidos durante las últimas elecciones presidencials norteamericanas. Se quejan de la utilización que se ha hecho con la información obtenida, copiando de manera ilegal correos del jefe de campaña electoral demócrata para ayudar a los republicanos. Es decir que se quejan de que la finalidad de este espionaje por parte de los rusos era difundir información que dañara la candidatura de H. Clinton y beneficiara al candidato Trump.

También han empezado a surgir quejas de que Putin está haciendo lo mismo en Alemania, que se piratea información que es susceptible de influir en la próxima campaña electoral en Alemania.

En definitiva se quejan de injerencia externa, lo que molesta es que Putin o Rusia utilice internet y las redes sociales para influir en el devenir electoral, como si esto no hubiera sido una práctica habitual durante todos los años de la guerra fría. Pero sin retroceder tanto, hace un par de años, algunos jefes de gobierno europeos, alemán, francés, etc. aparentaron estar escandalizados por ser espiados por parte de la NSA norteamericana. Las agencias nacionales de inteligencia informaron que los correos electrónicos de los presidentes habían sido pirateados.

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La reorganización del ejército español y la Sierra de la Albera

María Dolores de Cospedal pasa revista a las tropas como ministra de Defensa.

La última reorganización del ejército español ha conllevado un aumento importante de la actividad en la base militar de Sant Climent Sescebes (Alt Empordà), incrementando la presión sobre su entorno natural y social. Los vecinos y vecinas de Sant Climent y la Espolla se han alzado, con la campaña "Alto el fuego en la Albera", para reclamar el cierre del campo de tiro.

Cuando el último soldado del servicio militar obligatorio dejó los cuarteles en diciembre de 2001, el ejército español se sumió en una profunda crisis. La profesionalización de la tropa no fue fruto de la aplicación de unos planes previos sino una salida forzada por la creciente crisis de legitimidad provocada por la lucha antimilitarista encabezada por el movimiento de la insumisión, la negativa a prestar el servicio militar o la prestación social sustitutoria con la que se quería penalizar a los objetores de conciencia. La desobediencia a la ley y el aumento imparable de los objetores de conciencia por la incapacidad del estado para aplicar la prestación social sustitutoria de una manera plenamente realmente punitiva conllevó finalmente que en 1996 se tomara la decisión política de suspender el servicio militar obligatorio.

Pero el cambio a un ejército de soldados profesionales no fue fácil. El dictamen para la profesionalización de las fuerzas armadas preveía un modelo de ejército absolutamente sobredimensionado, con más de 180.000 efectivos entre militares de carrera y de tropa, pero nunca se logró reclutar este número de efectivos. Como resultado de ello las unidades militares no tenían cubiertos sus efectivos, muchas sólo contaban con un escaso 25% de los efectivos teóricos, eran unidades que sólo existían sobre el papel.

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Cuando matamos al Otro. Y cuando lo dejamos morir

Un grupo de refugiados en Kátsikas (norte de Grecia).

Europa lleva llamándose desde siempre -y nosotros así la hemos reconocido- cuna de los valores occidentales. La ilustración trajo consigo grandes pensadores como Kant y cuya ética, basada en la razón universal, constituyó unos mínimos universales que son el corazón de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hoy conocemos. Sin embargo, habría que mirar más allá y cuestionarnos sobre el adjetivo de universalidad. ¿Qué pasa cuando no somos capaces de asumir la heterogeneidad que como seres humanos nos caracteriza y establecemos la categoría de indeseados para aquellos Otros, que, por ser distintos a nosotros, no entran en nuestro proyecto de vida? Precisamente, hay dos acontecimientos -uno muy reciente y el otro, pasado, pero aún vigente- que confirman el fracaso del proyecto ilustrado que Europa dice defender.

En cuanto al más reciente, tenemos la Reunión Plenaria de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) sobre los grandes movimientos de personas Refugiadas y Migrantes realizada el pasado lunes 19 de septiembre en Nueva York. Deberíamos fijarnos en su relevancia; ya que es la primera vez que Naciones Unidas propone una cumbre sobre desplazados en el mundo cuya cifra, para finales del 2015, según su informe Global Trends Forced Displacement, alcanzó el nivel exorbitante de 65,3 millones. Esto quiere decir, que 5,8 millones más de personas que el 2014 (59,5 millones), han tenido que dejar sus hogares forzosamente como consecuencia de la guerra, la persecución, las violaciones de derechos humanos o por cualquier tipo de violencia generalizada que se vive en sus respectivos países.

El escenario que se nos presenta, tras esta cumbre, es nada esperanzador. Su único resultado fue la Declaración de Nueva York firmada por 193 países, incluyendo España, mediante la cual los estados han expresado su voluntad política de proteger a las personas desplazadas forzosamente. Sin embargo, son compromisos que quedan en el aire; ya que ninguna acción inmediata y eficaz será gestionada ni firmada hasta dentro de dos años en la Cumbre Internacional 2018. Es decir, dejarles morir dos años más. Por tanto, lo “celebrado” en Nueva York, fue para concluir más de lo mismo: 1) que aún los estados más ricos como Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Francia y Reino Unido (que representan más de la mitad de la economía global) no están preparados para hacer frente a esta crisis humanitaria; 2) que  los terceros países menos industrializados y con democracias inestables y más próximos a la crisis como Líbano, Jordania, Turquía, Irán, Etiopía, Pakistán, Sudáfrica y los Territorios Ocupados Palestino siguen acogiendo al más del 50% de las personas refugiadas; 3) la indiferencia hacia las verdaderas causas del origen de los desplazamientos forzosos como son la participación de esos mismos países industrializados en guerras periféricas (lejos de sus fronteras); su complicidad con regímenes autoritarios y que perpetúan la violencia en la región; la dictadura del mercado de armamento (cuyas ventas terminan en países envueltos en conflictos armados o que estén atravesando tensión política y social); y el egoísmo de los poderosos debido a sus intereses geoestratégicos por el control de los recursos naturales de una determinada región.

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Japón y la vía hacia la paz

Cientos de personas participan en el homenaje a las víctimas de Hiroshima en la ceremonia de conmemoración del 71 aniversario del bombardeo nuclear el pasado mes de agosto.

Este año se cumplieron 71 años de los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. Fue el 6 de agosto a las 8:15 de la mañana cuando se desató el infierno sobre la población civil de Hiroshima, es a esta hora cuando el monumento que conmemora a las víctimas se rodea de miles de personas y algunos importantes representantes políticos. Cada año la población de ambas ciudades sale a la calle donde tienen lugar algunas de las movilizaciones más significativas dentro del movimiento pacifista mundial.

Durante todo el día las calles cerca del llamado punto 0, donde cayó la bomba y ahora se encuentra el parque de la paz, se llenan de jóvenes estudiantes a la par que personas mayores que eran niños cuando se bombardeó la ciudad, demostrando el impacto y la herencia generacional de la historia que marcó la ciudad de Hiroshima y la señaló en la historia de la humanidad para siempre.

Al atardecer la población se congrega a lo largo del río Motoyasu cerca de la cúpula de la Bomba Atómica, único edificio que se ha conservado en pie para recordar aquel día, aquí se depositan miles de farolillos de papel de colores que son arrastrados por la corriente para recordar a las víctimas de la bomba. Las multitudes que se concentran a lo largo del río no impiden que el recogimiento y el respeto se impongan para hacer memoria.

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La OTAN se opone a la resolución de la ONU de prohibir las armas nucleares

Las banderas de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ondean en la sede de la OTAN en Bruselas.

El 27 de octubre la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado una  resolución para iniciar negociaciones el 2017 con el objetivo de conseguir un tratado de prohibición de las armas nucleares. En la resolución, la Asamblea General decide celebrar el próximo mes de marzo una conferencia en la ONU para negociar un instrumento jurídicamente vinculante que prohíba las armas nucleares y que lleve a su total destrucción; y anima a todos los Estados a participar. La resolución se acordó con 123 votos a favor, 38 en contra (España fue uno de ellos) y 16 abstenciones.

Horas antes el Parlamento Europeo  había aprobado una resolución en el mismo sentido, invitando a los Estados miembros a que participen constructivamente en las negociaciones de un tratado de prohibición de armas nucleares.

Dos buenas noticias, evidentemente. No surgen de la nada, sino que son consecuencia de un largo proceso iniciado muchos años atrás.

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La Unión Europea prepara una partida presupuestaria para investigación armamentística

antiarmy2-rifle Hoy el parlamento europeo votará los presupuestos para el 2017, que incluyen la propuesta de nueva partida para subvencionar la industria armamentística. De esta forma y por primera vez en la historia de la unión, el borrador de su presupuesto incluye la destinación de fondos públicos europeos a la investigación para la producción de armas, con el fin de desarrollar tecnología militar avanzada.

Esta propuesta o Acción Preparatoria (AP) prevé la destinación de 25 millones de euros a la investigación para la producción de armas en 2017. No obstante, la inclusión de la industria armamentística no acaba aquí. A largo plazo, se quiere establecer una AP entre 2017 y 2019 por un total de 80 millones de euros que sirva para sentar las bases de un proyecto europeo de investigación en “defensa” que será implementado entre 2021 y 2027 y al que se le destinarán 3.500 millones de euros.

Vale la pena destacar que dicha propuesta, elaborada por la Comisión Europea a principios de este año, contó con la participación de un Grupo de Personalidades (GoP) asesoras formado por 16 miembros, de los cuales 9 trabajan en la industria de las armas (Indra, MBDA, Saab, TNO, Airbus, BAE Systems, Finmeccanica, Frauenhofer y Liebherr-Aerospace Lindenberg). Así, los principales interlocutores en esta AP con las instituciones de la UE han sido miembros y grupos de investigación pertenecientes a la industria militar, los cuales serán a su vez sus principales beneficiarios. Sin embargo, su redacción no ha contado con ningún representante de la sociedad civil.

A día de hoy, el borrador de esta partida presupuestaria ya ha sido aprobado por dos de los tres principales cuerpos de la UE en materia legislativa: la Comisión Europea y el Consejo Europeo. Solo queda la resolución del parlamento para que su aprobación sea definitiva. Es por este motivo que la votación que hoy se celebra es clave para el futuro de la UE.

Conscientes de las implicaciones que esta AP tendrá para la sociedad civil, tanto a nivel de concepto como a nivel práctico, son diversas las organizaciones pacifistas que se han movilizado para sensibilizar a los eurodiputados para no voten un cheque en blanco en beneficio de las industrias armamentísticas. La Red Europea Contra el Comercio de Armas (ENAAT en sus siglas en inglés), de la cual el Centre Delàs d’Estudis per la Pau es miembro activo, es una de las entidades que más se ha movilizado. A través de la campaña “No EU Money for the Arms Industry”, ha capitaneado acciones como recogidas de firmas (que a día de hoy han llegado a 62.581) o la gestión del envío de varios correos electrónicos a eurodiputados, que en su mayoría no han obtenido respuesta.

Una vez aprobada la AP, la Agencia Europea de Defensa (EDA en sus siglas en inglés) será la encargada de administrar los fondos, pero en la AP no figura ninguna información sobre las modalidades de concesión de subvenciones, ni hay garantía sobre cómo será gastado el dinero. La Comisión planea solventar estas cuestiones el próximo diciembre, después de que el presupuesto de 2017 ya haya sido aprobado por el Parlamento Europeo. Por el momento, las discusiones se han llevado a cabo a puerta cerrada, dejando al Parlamento y al Consejo fuera de toda participación y, por lo tanto, de la posibilidad de proponer y objetar.

Sin mencionar que la Comisión ha retrasado en varias ocasiones la entrega del Proyecto Piloto (PP) aprobado en 2014, el cual supuestamente sentaba las bases para la creación y evaluación de futuras APs. Este retraso sumado al de la entrega del borrador del presupuesto este junio a causa del Brexit han imposibilitado el trabajo de la comisión presupuestaria del Parlamento para crear un espacio de debate y evaluación óptimo.

Se dibuja así un ejemplo más de la falta de transparencia y de déficit democrático en el seno de las instituciones europeas. Además, ante un escenario de crisis con muchos más retos, el presupuesto de la UE ha sido reducido respecto al anterior (2007-2013) y no es extensible, lo que significa que su aprobación implicará la reducción de otras partida, quizá de las opuestas a la I+D militar, como las destinadas a la solidaridad y la paz. Aún así, varios estados miembros partidarios de esta AP ya han manifestado que no habrá una reducción paralela de los presupuestos nacionales para la investigación militar acordes a este incremento en la UE, lo que supondrá un sensible incremento global de la inversión pública al sector armamentístico.

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Armas y el presupuesto de Defensa 2017

El ministro de Defensa en funciones, Pedro Morenés, posa ante la primera unidad del avión militar de transporte del consorcio europeo Airbus A400M.

El Gobierno español en funciones del PP, parece, que ha decidido prorrogar el presupuesto de 2016 a 2017 y no presentarlo para su revisión y aprobación por la Comisión Europea (CE). Esto le evitará, pero está por ver, aplicar los ajustes (recortes), que la CE exige a España por incumplir el objetivo de déficit de 2015 y que representa alrededor de 10.000 millones de euros que se deberían aplicar en el presupuesto de 2017.

Pero se opte por la prórroga o se apruebe un nuevo presupuesto en 2017, existe una cuestión relevante relacionada con el mismo: los compromisos de pago por los Programas Especiales de Armamentos (PEA) que el Ministerio de Defensa tiene adquiridos con las empresas militares que los están fabricando.

Recordemos, que en los últimos cuatro años, el Gobierno ha recurrido a una fórmula falaz, aprobar un presupuesto inicial con una asignación ridícula (6 millones), para más adelante aprobar un crédito extraordinario de unos 1.000 millones. En los últimos cuatro años, para hacer frente a los PEA se han abonado 4.510 millones. Pero este mecanismo fue abortado por el Tribunal Constitucional (TC) en julio pasado. Una sentencia que impide al Gobierno español aprobar créditos extraordinarios sin que pasen por el Congreso de Diputados, es decir, sin debate parlamentario. Desde luego se trataba de un mecanismo tramposo, pues permitía aprobar el presupuesto del Ministerio de Defensa en un 20% inferior a su gasto real.

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Cuidado con las empresas militares privadas en Colombia

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y su antecesor, el senador Álvaro Uribe.

Este verano ha aparecido  un nuevo informe de NOVACT sobre empresas militares privadas en Irak, Palestina y Colombia. Uno de los aspectos que se aborda, el de las normativas que regulan la actividad de dichas empresas, es particularmente interesante. Presentamos una síntesis en una serie de tres artículos, cada uno de ellos correspondiente a uno de los tres países. En este caso el de Colombia.

El PIB de Colombia depende en gran medida de sus recursos naturales (petróleo, oro, esmeraldas, carbón, etc.), que se concentran en zonas rurales donde las fuerzas armadas colombianas han tenido poco control y donde actores armados no estatales (sobre todo la guerrilla FARC) han impedido o regulado la explotación de los recursos naturales. Durante los últimos veinte años, la Administración colombiana ha impulsado la inversión extranjera, sobre todo en los sectores de la energía, fruta y minería. La actuación de transnacionales extractivas en las zonas rurales provocó la respuesta de la guerrilla en forma de sabotaje de oleoductos, secuestros, etc. Las fuerzas armadas colombianas no tenían la capacidad de garantizar la seguridad ni de los terratenientes locales ni de las empresas y tanto los unos como los otros optaron por soluciones de seguridad alternativas, siguiendo una estrategia doble: por una parte, establecieron alianzas con paramilitares de extrema derecha y por otro alquilaron servicios privados de seguridad. Este contexto favoreció la expansión tanto de grupos paramilitares de extrema derecha como de EPMS. Una investigación de 1998 reveló que BP contrató EPMS para proteger instalaciones y oleoductos. Una de estas empresas, la israelí Silver Shadows, equipó y entrenó grupos paramilitares vinculados a la 14ª brigada del ejército de Colombia, un cuerpo con el peor historial de violación de derechos humanos en la guerra sucia en Colombia. En los sectores del carbón, esmeraldas, oro, petróleo y fruta han sido habituales los escándalos que vinculan los contratistas privados, los grupos paramilitares de extrema derecha y las empresas extractivas.

A partir de mediados de los años 90 aparecieron empresas que ofrecían seguridad privada. El período de expansión de estas empresas (primera década del siglo actual) coincidió con el gobierno de derechas de Alvaro Uribe. Un período con numerosos escándalos donde estaban involucrados empresas transnacionales, grupos paramilitares y contratistas privados de seguridad. La situación se agravó con el llamado Plan Colombia (2000), a través del cual EEUU pretendía combatir a los grupos guerrilleros de extrema izquierda y los cárteles del narcotráfico y que implicó la contratación de EPMS norteamericanas. Más del 70% de los fondos asignados se destinaron a objetivos militares y la mayoría terminó en los bolsillos de las EPMS y de los fabricantes de armas estadounidenses. Los estudios indican que la iniciativa del Plan Colombia favoreció enormemente los contratistas militares privados y allanó el camino para la privatización de la guerra en el país. Bajo el Plan Colombia, el conflicto armado vivió una avalancha sin precedentes de EPMS trabajando en el territorio y la guerra contra el narcotráfico se militarizó radicalmente.

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La paz con ISIS es un mal negocio para el pastel multimillonario de la guerra

Varios periodistas se manifiestan en contra del terrorismo y por las víctimas del ataque suicida contra un hospital de la ciudad de Quetta, en el oeste de Pakistán.

A finales de los 90 tuve la ocasión de trabajar en Indonesia, el país con mayor población musulmana del mundo: actualmente 208 millones, más que India o Pakistan. Ahí conocí a Noorhuda Ismail, que en el 1998 era un joven estudiante de comunicación que trataba de tirar adelante en Jakarta, la capital del país. Indonesia, era uno de los países donde el sincretismo cultural y convivencia religiosa hacia que el Islam tuviera un carácter particularmente pluralista, tolerante y respetuoso. Aun así, la excesiva concentración de poder económico en pocas manos de minorías chinas cristianas creaba tensiones y bolsas de pobreza que ha podido generar odio y nutrir extremismos en ese país. La crisis monetaria de finales de los 90 hizo pasar a indonesia de 11 a 80 millones de pobres creando un descontento que culminó con una tragedia de masacres en varias ciudades que acabaron tumbando al mismo dictador Suharto.

En medio de esa convulsión ciudadana emergió Noorhuda Ismail o Huda, como lo llamábamos. Huda era un joven activista insertado en las comunidades políticosociales y religiosas de Jogjakarta, uno de los centros intelectuales y culturales del país. Ahí fue miembro durante un periodo de Muhammadiah, una asociación socioreligiosa islámica, la cual junto con Nadhatul Ulama (NU) representaba las comunidades cívicas independientes de intelectuales y reformistas del islam sunni indonesio que son actualmente las más grandes del mundo. Su influencia es muy importante y suman una membrecía conjunta de alrededor de 80 millones de asociados. NU nació en el 1926 para dar aporte intelectual cívico y democrático a un islam moderno y avanzado como respuesta al wahabismo. De hecho, Gus Dur o Abderraman Wahid, fue lider de NU y posteriormente presidente de Indonesia. Un líder que había escrito un libro sobre el rol de la mujer en Indonesia desde una perspectiva renovadora y progresista. Y que en el 2005 había creado un ministerio para el empoderamiento de la mujer.

Recuerdo que Huda explicaba como nuestras conversaciones sobre política, cristianismo o sociedad las comentaba también en su propia mezquita, donde él era un miembro de referencia porque además hablaba árabe. Ahí, descubrí como el Islam, lejos de negar el cristianismo lo tenía incorporado en su tradición igual que al judaísmo.

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La repercusión del informe Chilcot: las mentiras sobre Irak se desvanecen

Tony Blair, José María Aznar, George Bush y el cuarto de las Azores: José Manuel Durao Barroso

Si existe un recuerdo memorable en nuestras cabezas para describir la invasión de Irak de 2003, es sin duda alguna la condena moral que tuvo, tiene y seguirá teniendo esta guerra, debido su ridícula justificación basada en el supuesto armamento nuclear que el régimen de Sadam Hussein poseía.

Pero lo anterior no es nada nuevo, prácticamente lo sabemos desde el comienzo de la invasión, y por ello no sorprende que el reciente “informe Chilcot” haya concluido que la información sobre las armas de destrucción masiva se presentó “con una certeza no justificada”[1]. Esta es una de la tantas conclusiones que recoge el informe Chilcot, una investigación independiente que recoge siete años de investigación, principalmente sobre la participación de Reino Unido en la guerra de Irak, y por ende la actuación o responsabilidad política del entonces primer ministro laborista, Tony Blair en los meses previos al conflicto.

Las conclusiones del informe Chilcot determinan de forma general que “la acción militar en ese momento no era el último recurso”. Analicemos algunas de sus conclusiones: Primero,  la invasión de Iraq liderada por George W Bush estuvo basada por el continuo argumento sobre la amenaza que suponía Sadam Hussein. El informe considera que el líder laborista “exageró de forma deliberada la amenaza que suponía el régimen iraquí cuando aspiraba a defender la acción militar ante el Parlamento y la sociedad en el proceso previo a la invasión, durante 2002 y 2003”. Esto sumado a la convicciones personales de Blair, el cual fue, llamémoslo de forma educada, “persuadido o manipulado por Bush”, hizo que su “ceguera política” no considerara otros recursos no militares, a pesar de que el Comité Conjunto de Inteligencia de Reino Unido “creía que Irak tardaría cinco años en producir material fisible para un arma nuclear”[2].

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