Con el verano llegan las vacaciones y, a quién más quién menos, nos gusta tumbarnos bajo una sombra a tomar un refresco, charlar con amigos y olvidarnos, si nos dejan, de los avatares de las miserias políticas.
Aprovechando ese relajamiento, tanto de los partidos políticos de oposición, de los movimientos sociales como de los medios de comunicación, el Gobierno acostumbra a aprovechar la etapa estival para aprobar medidas impopulares, aquellas que de buen seguro despertarían la oposición de buena parte de esos agentes. Y así es, como en los últimos años el gobierno del Partido Popular aprueba un crédito extraordinario para hacer frente al pago de compra de armas. Este año, en el Consejo de Ministros de 1 de agosto se aprobó incorporar al presupuesto del Ministerio de Defensa de 914,5 millones de euros, 883,6 de los cuales serán para pagar los compromisos adquiridos en Programas Especiales de Armamento (PEA) y el resto de 30,6 millones para incorporarlos a los gastos de servicios ordinarios de Defensa.
Es decir, mientras se mantienen bajo mínimos los gastos de los Ministerios de gasto social (educación, sanidad, trabajo y servicios sociales) sí que hay dinero para comprar armas. Cierto es que esto ya lo sabíamos y en numerosas ocasiones lo hemos denunciado. Así cuando se aprobaron los Presupuestos Generales del Estado para este año 2014, ya dijimos que los compromisos de pago de esos PEA a las empresas para este año eran de alrededor de 1.000 millones, mientras que el presupuesto de Defensa solo contemplaban 6,84 millones.
Esto mismo ocurrió en 2012 y 2013, años en que también se aprobaron créditos extraordinarios para hacer frente a los compromisos con las industrias militares. En 2012 se aprobó un crédito de 1782,7 millones y en 2013 de 879,4 millones. Esto demuestra cómo, cada año se aprueba un presupuesto de Defensa con una dotación económica muy por debajo de las necesidades reales, pues esos PEA son contratos con unos compromisos que se deberían reflejar en los presupuestos, pero en cambio no se hace y esto, además de engañar al Parlamento y a la opinión pública, es una vulneración de la Ley de presupuestos.
De los 883,6 millones incorporados al presupuesto en agosto, 805,8 millones se destinaran a la empresa Airbus Military para el pago de los compromisos adquiridos con el avión de combate EF-2000, el helicóptero Tigre y el NH-90, así como el avión de transporte militar A400M; el resto, 73,9 millones, serán para Santa Bárbara/General Dynamics para el pago de los blindados Pizarro y unos misiles anticarro Spike. Unos programas que junto al resto de PEA, son 19 grandes proyectos armamentísticos, acumulan en la actualidad una deuda de 26.000 millones, y que son un quebradero de cabeza para el Ministerio y futuros gobiernos, pues esa deuda se proyecta en el tiempo hasta 2025 y quizás más allá. Con lo que no se sabe el coste final de esas armas.
Unos programas de armas que se iniciaron en 1997 para satisfacer intereses oscuros, pues muchas de esas armas no tienen ninguna utilidad práctica para la defensa, y más bien han servido para dar carga de trabajo a las cuatro grandes empresas militares que conforman el oligopolio de las armas en España, a saber: Navantia que suministra todos los buques de guerra a la Armada; Airbus Military que fabrica todos los aviones del Ejército de Aire; Santa Bárbara/General Dynamics la mayoría de armas del Ejército de Tierra; y por último Indra, que suministra los componentes electrónicos (sistemas de tiro, de vuelo, dirección de misiles, etc.) de las armas que fabrican las otras tres empresas.
Unas armas de las que hasta la fecha ya se han desembolsado 15.000 millones, más los que se adeudan , lo que contribuye al déficit y a la enorme deuda pública existente. ¿Cuándo se llevará a cabo una auditoria sobre la deuda pública generada por el Ministerio de Defensa para identificar si existen irregularidades?
