La baja inversión en educación en Catalunya lastra la equidad y la innovación
Catalunya se sitúa literalmente a la cola de Europa y de los países desarrollados en la inversión en educación respecto al PIB. El año 2013 las diferentes administraciones que intervienen en la educación en Catalunya –sobre todo la Generalitat, pero también el Ministerio de Educación y los ayuntamientos– destinaron a este ámbito el equivalente a un 2,8% del PIB, muy por debajo del 5,25% de media de la Unión Europea y del 5,6% de la OCDE, por no hablar de países punteros como Dinamarca, Canadá o Finlandia, que superan holgadamente el 6%.
Los recortes de los últimos años, sumados a un sistema insuficientemente financiado, han conducido a estos niveles de inversión, que también están muy por debajo del 6% que se propone la propia Ley de Educación de Catalunya (LEC). Esta es una de las muchas conclusiones sobre el estado de la educación en Catalunya a las que llega el informe Retos de la educación en Catalunya. Anuario 2015 , una extensa publicación de la Fundació Jaume Bofill en la que han participado más de un centenar de expertos y que recoge datos y propuestas sobre aspectos clave del sistema educativo catalán como las políticas de innovación educativa, la situación del profesorado, el modelo de escuela inclusiva, las altas tasas de abandono escolar prematuro o los niveles de segregación entre el alumnado de origen extranjero.
“Los resultados del sistema educativo son bastante satisfactorios atendiendo a los recursos que empleamos en él”, sintetizaba el director de la publicación, Josep Maria Vilalta. El gasto de la Generalitat en educación ha caído en un 13,4% de 2009 a 2015, en conjunto 807 millones de euros. En cuanto al total de gasto educativo ejecutada en Catalunya (aquí se suman las aportaciones de otras administraciones, como el Ministerio o los ayuntamientos), la reducción, en este caso calculada solo hasta 2013, fue de 1.157 millones.
El 21% de esta disminución ha afectado a programas pensados para reducir la equidad, como las ayudas al transporte escolar (-18 millones de euros), las ayudas a extraescolares (-6,8 millones), a la educación especial (-20,5 millones) o a la formación de adultos (-7 millones), siempre según datos extraídos del Ministerio de Educación. Aquí se cuentan también los 177 millones de euros de recortes por parte de los ayuntamientos en políticas educativas municipales.
“Esto ha supuesto desarticular la parte más sensible de un sistema claramente infrafinanciado en un contexto de crisis que ha multiplicado las necesidades sociales”, sostiene el sociólogo Xavier Martínez Celorrio, autor de la parte del estudio que analiza el impacto de la crisis en la educación. Unos condicionantes que no se han traducido en un empeoramiento global de los resultados académicos de los alumnos gracias, según Celorrio, el “sobreesfuerzo del profesorado”.
Recuperar la inversión sí, pero ¿para qué?
La gran mayoría de los 12 aspectos analizados por el anuario reconocen la baja inversión en educación en Catalunya, pero ¿en qué habría que invertir una hipotética recuperación presupuestaria? En esto ya no hay tanto consenso. “No podemos dedicarnos a remendar el viejo transatlántico”, ha evocado el director de la Fundación Jaume Bofill, Ismael Palacín, en referencia a que la Administración no debería limitarse a desandar el camino iniciado con los recortes, sino que debería garantizar una “focalización” de estos recursos en programas de igualdad de oportunidades, de fomento de la innovación y de formación del profesorado, tres elementos a menudo despreciados también en época de bonanza. La inversión en formación permanente del profesorado cayó de 51,3 millones de euros a 29,7 de 2009 al 2013, según los datos recogidos en el anuario. En I+D educativa se pasó de 3,5 millones antes de la crisis a cero, según el estudio.
“Tenemos miles de maestros en las escuelas que necesitan orientación y actualización”, manifestaba Vilalta, una opinión sostenida también por Jordi Musons, director de la escuela Sadako y autor del capítulo Reforma de la educación secundaria obligatoria, que ha señalado el “decalaje” existente entre los “modelos educativos globalizados” adoptados por cada vez más centros –menos asignaturas, más proyectos transversales– y la formación específica que reciben los docentes en las facultades. También ha propuesto Musons que debería haber un mayor “acompañamiento inicial” de los docentes noveles cuando se incorporan al sistema, así como un “proceso de validación” de su trabajo.
Otras propuestas recogidas por los autores del anuario pasan por fortalecer los lazos entre lo que es la formación del profesorado, las innovaciones que se impulsan a través de la práctica en el aula y la investigación académica de las universidades, un triángulo por el que debería pasar la transformación educativa de los próximos años. En este sentido, el anuario insta a la Administración a “empujar la innovación en las escuelas con políticas que le den cierta homogeneización y que permitan llegar a escuelas que no tienen tantas posibilidades de hacerlo”, en palabras de Vilalta. El informe sostiene que la Generalitat debería promover investigación y evaluación sobre los modelos actuales de centros innovadores, incrementar la autonomía de escuelas e institutos para que puedan desarrollar proyectos singulares o vincular estos cambios en la carrera docente.
