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"La Ley de Investigación de Castilla-La Mancha debe ser útil, no solo un trámite"

El vicerrector de Investigación de la UCLM reclama blindaje legal para dotar al sistema regional de I+D+i de "financiación pública estable, regular y sostenida"

"El compromiso que uno tiene por las cosas se evidencia  en los presupuestos, lo demás se lo lleva el viento", sostiene Julián Garde

La UCLM confía en que la nueva ley regule y desarrolle la normativa nacional sobre la carrera investigadora 

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Julián Garde, vicerrector de Investigación y Política Científica de la UCLM

Julián Garde, vicerrector de Investigación y Política Científica de la UCLM

Expectación en la Universidad de Castilla-La Mancha ante la futura Ley de Fomento y Coordinación del Sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha, cuyo anteproyecto de ley acaba de ser aprobado por el Consejo de Gobierno.  Será la primera de la región de estas características para la que la Junta pide  la colaboración de los agentes del Sistema de I+D+i.

Algunos de estos agentes como la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ya realizaron sus aportaciones en una primera fase. El pasado mes de marzo ya se remitió un documento con las consideraciones iniciales de esta institución académica.

Julián Garde, vicerrector de Investigación y Política Científica explica que la UCLM contempla esta ley como una “oportunidad única” para “hacerlo bien entre todos” y recoger “compromisos” que la institución académica considera fundamentales para dejar atrás los “antecedentes negativos” en materia de investigación en la región. Por un lado, recuerda, Castilla-La Mancha es la que menos aporta a I+D +i sobre su Producto Interior Bruto (PIB) con un 0,5% frente a la media nacional que se sitúa en el  1,3%.  Además, es una de las regiones con menos investigadores por cada  1.000 empleados.

Primera petición, desarrollar la carrera investigadora 

La primera reivindicación de la UCLM tiene que ver con la carrera investigadora en Castilla-La Mancha. El vicerrector recuerda que ya existe una Ley de Ciencia nacional que data de 2011 y que  introduce figuras contractuales -incluyendo contratos indefinidos- para los investigadores. Esta ley nacional requiere un desarrollo normativo autonómico y por eso, explica Julián Garde, “esperamos que la nueva ley regule la posibilidad de desarrollo profesional investigador, amparado en la norma nacional para que se pueda empezar a contratar”. En definitiva, se trata de blindar por ley este tipo de figuras profesionales “no solo en la UCLM sino para todos los agentes que hacen investigación en la región” para garantizar su carrera investigadora.  

La segunda aportación que consideran clave pasa por “dotar al sistema regional de I+D+i de financiación pública estable, regular y sostenida, no tanto en cifras como en porcentajes,  que permita el crecimiento de la inversión, alcanzándose al menos a corto plazo el 1,3% del PIB”. Se trataría, sostiene, de regular por ley un compromiso anual del PIB destinado a este fin para que en cinco o siete años “estemos en la media estatal”.

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Y es que, cree que de no hacerlo así  “estaremos sometidos a los vaivenes complicados de la financiación pública de la investigación en la región" y con un matiz importante: aunque Castilla-La Mancha lo regule e intente llegar al 1,3% del PIB, el resto de comunidades autónomas también van a incrementar su presupuesto para investigación. "Si Castilla-La Mancha no lo hace de manera sostenida, regular y estable “nunca vamos a converger con el resto de comunidades autónomas”.

Además, desde la UCLM sugieren medidas relacionadas con el impulso de la actividad investigadora, innovadora y de su transferencia a la sociedad. “Somos conscientes de que una parte importante de la ley debe servir para regular la relación básica entre la universidad y las empresas o sectores”. Y todo ello, añade, debe estar “muy vinculado a la  Estrategia de Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha, donde hay sectores ya identificados desde 2014 como motores de la región (agroalimentario, energía, turismo…) que deben liderar el desarrollo económico”.

Lo que no han llegado a sugerir para incorporar a la ley es  la orientación de la investigación regional. “Eso es un desarrollo posterior que debe ir en los planes regionales de I+D que creemos que deben ser el elemento más importante a nivel de estrategia y financiación en los que se base la  ley. Deben decidirse sectores estratégicos, convocatorias…”

“Los Presupuestos 2018 reafirman la idea de que la financiación debe garantizarse por ley"

Garde apunta a una “utilidad muy clara” de esta ley. “No debe ser un trámite”, dice, porque “hoy nadie duda que hay una relación clara entre la inversión en I+D+i de un país o región y el nivel de vida y riqueza de los ciudadanos”.  Pone un ejemplo “claro” al referirse a las cifras que recogen los Presupuestos  de Castilla-La Mancha para 2018 y que “reafirman la idea de que la financiación y el compromiso de incrementarse debería garantizarse por ley”.

Y es que  la partida para 2018 dedicada a I+D+i y nuevas tecnologías se incrementa en un 3,7%, lo que supone 4 millones de euros pero, matiza, “de esa parte lo que viene a la UCLM es un 10% menos que en 2017”. Junto a esta circunstancia el vicerrector explica que “el Producto Interior Bruto nominal de Castilla-La Mancha va a crecer un 4,2% respecto a 2017. El incremento de la financiación de la I+D+i queda por debajo de lo que crecerá el PIB en la región,  según los datos del Banco de España. Debería suceder al contrario. Así es imposible converger con otras comunidades autónomas”.

“Si no se incorporan nuestras sugerencias volveremos a reclamar más fondos públicos y más personas que hagan investigación y todo ello regulado por ley porque las leyes están para cumplirlas”. Y cita al propio Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que recoge como competencia de la Junta el fomento de la investigación y la cultura. “Una forma de cumplir este mandato es blindarlo por ley”.

Mientras tanto, recuerda que el  Plan Propio de Investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha que en 2016 superó los nueve millones de euros “ha servido para intentar compensar, que no lo hemos conseguido, la poca financiación regional que ha habido para investigación. De alguna manera hemos hecho una especie de apuesta anticíclica y llega un momento que es insuficiente. Una universidad regional no puede mantener con sus fondos un sistema regional de I+D+i”.

Además, señala que todos los grupos políticos “con representación o no en las Cortes regionales han mostrado durante estos años una gran sensibilidad por este tema. No creo que tenga que haber gran problema en aprobar una ley regional por la ciencia y la investigación que sea útil”. En este sentido, lanza un ‘aviso a navegantes’: “El compromiso que uno tiene por las cosas se evidencia  en los presupuestos, lo demás se lo lleva el viento, porque aunque todos tengamos buenas intenciones siempre se tiende a priorizar”.

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