Objetivo: articular una “voz unitaria” de la acción social del Tercer Sector
Entidades sin ánimo de lucro que trabajan contra la pobreza y a favor de la inclusión social, así como en el desarrollo de las personas con discapacidad o en la garantía de los derechos de los dependientes o de las personas desahuciadas, son solo algunas de las que componen el amplio Tercer Sector de Castilla-La Mancha. Son organizaciones que llevan años desarrollando sus acciones en la región, pero que ahora contarán con un marco de seguridad jurídica y una regulación para su voz y sus actividades, que son también las de la sociedad civil. Ese es el objetivo de la futura Ley castellano-manchega del Tercer Sector Social, que cuenta ya con un grupo de trabajo para su redacción en los próximos meses.
“Hay una evolución del Tercer Sector hacia las demandas que tienen los ciudadanos”, ha afirmado al respecto la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez. Es el departamento que tiene en sus manos la elaboración de esta nueva norma, hasta ahora solo existente en el País Vasco. Procede del compromiso que el presidente regional, Emiliano García-Page adquirió con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en el Consejo de Gobierno abierto que se celebró a principios de año y que parte de la necesidad de dar un marco legal a un sector “dinámico, flexible y muy necesario”.
Uno de los principales actores de esta futura norma será la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha. Su presidente, Braulio Freyre, comenta que los primeros contactos han servido para “encuadrar” la visión que tienen todos los colectivos afectados. “Acogemos este proceso con gran satisfacción porque nos va a ayudar a hacer más fuertes nuestras reivindicaciones, para lo que necesitamos muchas herramientas de diálogo y un canal de comunicación regulado de las ONG con el Gobierno”, explica.
Las entidades de desarrollo quieren también que esta futura ley sea adecuada a las características particulares de Castilla-la Mancha, donde muchas de las organizaciones se encuentran actualmente en situación de “deterioro y desatención” tras años de recortes. El poder ahora vertebrarse en torno a un marco jurídico ayudará igualmente a dar forma a una gestión que “visibilice lo que ya llevamos años haciendo”.
En las ONGD castellano-manchegas también celebran que esta ley vaya acompañada de una Plataforma del Tercer Sector, un órgano que se configura en paralelo al grupo de trabajo que redacte la futura Ley, y donde ya se están incorporando las necesidades más apremiantes, la mayoría relacionadas con las carencias de las asociaciones . “Todo ello enrique y da vida a nuestro trabajo, a nuestro papel como sociedad civil, con una mirada seria y responsable”, destaca Freyre.
Por su parte, EAPN es el colectivo social que más experiencia tiene en este proceso. Participó en la redacción de la normativa estatal, pero considera que la norma castellano-manchega será mucho más importante porque entrará a regular materias que son de su competencia, mientras que la normativa nacional solo puede abarcarlas de forma muy general. Así lo explica Carlos Susías, presidente de EAPN España: “la ley regional entra de lleno en la materia, le otorga seguridad jurídica y le da al Tercer Sector un peso mucho más importante”. Destaca asimismo que la norma, además no viene a sustituir ninguna otra porque parte de cero a la hora de regular las funciones, los órganos de interlocución y la organización de esta área de la sociedad civil. “No queremos una voz única pero sí una voz unitaria de lo que somos”, añade.
Una norma “mucho más potente” que la estatal
Desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza también avanzan que este proyecto será una ley marco que provocará posteriormente la aparición de decretos y que será “mucho más potente”. Es por este motivo por el que confían en que pueda estar lista para su tramitación en el próximo periodo de sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha.
La importancia de la nueva norma no solo se basa principalmente en reconocer la acción social. La Junta también considera que es un “sector estratégico” para la economía regional. La consejera ha precisado que según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el pasado año se registró un 5% de empleo en el Tercer Sector, mientras que en el año 2008, el número de trabajadores era de un 3,1%. Respecto a los sectores de actividad, en 2015 el 82% de estas entidades circunscriben su actuación a la Acción Social, la Integración e Inserción y a los Servicios Socio-Sanitarios, cuando en 2009 representaban el 79%, al tiempo que generan “empleo cualificado, joven y para la mujer”, con un 71,6% de empleo para universitarios (frente al 29,2% de media del resto de los sectores), con profesionales menores de 35 años y con un alto porcentaje de mujeres, el 78,4% de los puestos ocupados.
Por ello, el Gobierno de Castilla-La Mancha confía en el Tercer Sector Social como un “aliado necesario” para la atención de las necesidades de los más vulnerables, en cuya relación el Ejecutivo aporta “transparencia y buen gobierno”, porque da voz a las entidades y les informa de su gestión, diseña políticas y presta servicios de calidad, elimina cargas impositivas innecesarias y elabora un prepuesto creíble, austero, transparente y bajo control.
