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Acusan a expresidentes bolivianos de aprobar ilegalmente contratos petroleros

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Acusan a expresidentes bolivianos de aprobar ilegalmente contratos petroleros

Acusan a expresidentes bolivianos de aprobar ilegalmente contratos petroleros

La Fiscalía General de Bolivia acusó hoy formalmente ante el máximo tribunal de justicia a los expresidentes Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003) y Jorge "Tuto" Quiroga (2001-2002) de haber aprobado supuestamente de forma ilegal varios contratos petroleros, informó hoy la institución.

La Fiscalía presentó la acusación por los supuestos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes contra ambos exmandatarios y otras tres exautoridades de esos gobiernos ante la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia.

Según un comunicado difundido por la fiscalía, además de los expresidentes también fueron acusados formalmente los exsecretarios de Hidrocarburos Carlos Alberto López Quiroga,y Carlos Alberto Contreras y el exministro del sector Jorge Berindoague.

La acusación contra las cinco personas fue presentada por el fiscal general interino, Roberto Ramírez.

El caso, conocido como "Petrocontratos", investigó la denuncia de que las exautoridades favorecieron a empresas trasnacionales causando un daño económico al Estado al haber aprobado contratos petroleros sin la autorización del Congreso.

Durante el primer gobierno de Sánchez de Lozada se firmaron 52 contratos de riesgo compartido y durante el segundo período, uno.

Todos esos contratos fueron firmados para la exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos.

En el Gobierno de "Tuto" Quiroga se firmaron cuatro contratos, también de riesgo compartido y con los mismos objetivos, según el comunicado de la fiscalía.

El Gobierno del presidente Evo Morales nacionalizó el sector petrolero en 2006, obligó a las petroleras a renegociar todos los contratos y los hizo aprobar en el Congreso para que entren en vigor, como ordena la Constitución.

Sánchez de Lozada reside en EE.UU. desde 2003, después de haber renunciado el 17 de octubre de ese año a la presidencia, en medio de una ola de protestas sociales contrarias a su proyecto para exportar gas natural al mercado estadounidense por un puerto de Chile.

La represión militar a esas manifestaciones dejó un saldo de más de 60 muertos, lo que le ha valido a Sánchez de Lozada una acusación de genocidio y una solicitud de extradición que impulsa el Ejecutivo de Morales.

Quiroga es hoy jefe del opositor Partido Demócrata Cristiano, que tiene una presencia minoritaria en el Congreso.

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