El Gobierno cambia de táctica: intentará garantizar los apoyos necesarios a la reforma de la estiba antes de que se vote

Un día después del histórico fracaso por el rechazo al decreto de la estiba, el Gobierno dice que no cree que tenga que hacer ninguna autocrítica por cómo ha gestionado la obtención de los apoyos adicionales al PP que necesitaba para sacar adelante el texto.

En su opinión son las fuerzas políticas las que deben hacer una “profunda reflexión” por haber rechazado una orden de Bruselas, arriesgar una segunda multa del Tribunal de Justicia de la UE y dar una mala imagen internacional.

El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, ha recordado este viernes que se envió a los grupos parlamentarios el texto del decreto antes de aprobarlo en Consejo de Ministros el pasado 24 de febrero pero “ninguna formación realizó comentario o aportación alguna a la misma”. No ha explicado si hubo algún tipo de sondeo para conocer la opinión de las formaciones tras mandarles el borrador.

En esta ocasión, el Ejecutivo cambiará su táctica negociadora para intentar contar con los votos que necesita antes de la presentación de un nuevo decreto para evitar una multa de Bruselas por no liberalizar la estiba. Grupos como el PSOE y Ciudadanos pretenden que haya un acuerdo previo con los trabajadores. Los sindicatos reconocen que debe modificarse su régimen, pero quieren una garantía de que mantendrán sus puestos de trabajo, entre otras cosas, y creen que el Gobierno quería ir más allá de lo que pide Bruselas en el primer intento fallido.

Esta vez se va a negociar el contenido del decreto antes incluso de redactarlo, a tenor de lo que ha explicado Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros. Así, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, se va a dirigir a los grupos parlamentarios “para que le digan, ya que no se lo han dicho antes, que es lo que cambiarían”, siempre teniendo en cuenta que esas posibles modificaciones deberían contar con aval de la Comisión Europea (CE).

Además, parece haber sido totalmente descartada la tesis mantenida en múltiples ocasiones por Fomento de que la negociación entre patronal y sindicatos es meramente laboral y el Gobierno no debe estar presente en la misma. Una idea que ya fue desechada la tarde antes de la votación. En un intento de última hora para salvar el decreto (grupos como el PSOE y Ciudadanos habían condicionado su apoyo a un acuerdo entre las partes) el propio De la Serna, junto a representantes de Empleo, decidió participar en una reunión -técnica- para ofrecer prejubilaciones con el 70% del sueldo a los estibadores mayores de 50 años.

Según Méndez de Vigo, “no se estudió lo suficiente en las últimas reuniones” esta propuesta “generosa y ambiciosa”, presentada la tarde antes de la convalidación. Era un encuentro en el que ni siquiera estaban los representantes de los trabajadores que podían tomar una decisión dado el carácter técnico de la reunión.

También se ha justificado por no haber aprovechado para sacar adelante la reforma cuando el PP tenía mayoría absoluta. Méndez de Vigo ha recordado que cuando la Comisión notificó a España en 2015 que la directiva sobre el trabajo de carga y descarga portuaria no estaba bien traspuesta a la legislación española empezó una negociación con patronal y sindicatos. Y cuando la Comisión dijo que había aspectos contrarios a la directiva en el resultado de estas negociaciones, en 2016, ya estaban en funciones.

“Queda poco tiempo y la sentencia esta al caer”, ha dicho el portavoz del Gobierno, “pero el Gobierno va a hacer todo lo posible para cumplir con las obligaciones europeas y que españoles no tengan que pagar la multa” de 134.000 euros diarios impuestos por el Tribunal de Justicia de la UE.

Respuesta de la Comisión Europea

La Comisión Europea (CE) insistió hoy en que es “esencial” que el Gobierno reforme el sistema de empleo en los puertos españoles tal como le exigió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero no estableció una fecha límite para el cumplimiento, informa Efe.

“A pesar del rechazo del real decreto ley presentado por el Gobierno es esencial que España reforme su sistema de trabajo en los puertos, que no está en línea con las leyes de la Unión Europea”, dijo la portavoz comunitaria de Transporte, Anna-Kaisa Itkonen, en la rueda de prensa diaria de la CE.

La portavoz afirmó que la Comisión “toma nota del voto de ayer en el Parlamento” español, por el que se rechazó el real decreto ley para la reforma de la estiba con 175 votos en contra, 142 a favor y 33 abstenciones.

La Comisión, insistió, “invita a España a cumplir con la sentencia de 2014 del Tribunal de Justicia europeo y sus obligaciones como miembro de la Unión Europea”, en referencia a la sentencia de la Corte de Luxemburgo que confirmó que España debía acometer la reforma para liberalizar este sector.

Itkonen aseguró que “no hay un plazo límite específico” por parte de Bruselas para que España cumpla con la justicia, pero recordó que “hay un procedimiento de infracción en marcha y una propuesta sobre el monto de la multa”.

“Ahora depende enteramente de las autoridades españolas”, dijo la portavoz, quien reiteró que Bruselas ha dejado “claro” en qué debe consistir el cumplimiento y “ahora depende del Gobierno encontrar una salida respetando esto”.

El procedimiento de infracción no se cerrará hasta que España haya adoptado la reforma y la haya comunicado a Bruselas, que, reiteró, “está disponible para asistir” a España en la tarea.

La CE ya confirmó que España no podrá evitar los 22 millones de euros de multa que le impuso en 2014 el Tribunal de Justicia de la UE por no liberalizar el sector de la estiba, pero podrá librarse de 134.000 euros diarios adicionales si cumple con sus obligaciones antes de que la corte dicte un segundo fallo.

La obligatoriedad para España del pago de 27.000 euros por cada día que transcurra desde la publicación de la primera sentencia del TJUE el 11 de diciembre de 2014 es innegociable, según fuentes conocedoras del caso.

Si la reforma que exige Bruselas no se produce, el TJUE dictará una segunda decisión judicial por incumplimiento y a esa cantidad que ronda los 22 millones de euros habrá que sumar otros 134.000 euros diarios.