El Congreso aprueba la ley para dar mayor transparencia a las grandes empresas

El Congreso ha convalidado hoy la nueva ley que regulará la información no financiera que deben dar las grandes empresas sobre aspectos sociales, medioambientales o de lucha contra la corrupción y cuyo objetivo es dar mayor transparencia al negocio empresarial y ofrecer confianza al inversor.

La mayoría de la Cámara ha aprobado con 176 votos a favor, 1 en contra y 163 abstenciones, el Real Decreto Ley que modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, y que atañe a las sociedades anónimas cotizadas con más de 500 empleados, con un activo superior a 20 millones o con una cifra anual de negocios superior a los 40 millones.

No obstante, la norma será tramitada como un proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia para que pueda ser mejorada durante su trámite de enmiendas.

El texto, que traspone una directiva europea, persigue que las grandes empresas den cuenta en el informe de gestión que acompaña a sus cuentas anuales de sus políticas de respeto a los derechos humanos o para promover la igualad de género, el diálogo social y la seguridad en el lugar de trabajo.

También obliga a informar de la política de diversidad que aplican para elegir el consejo de administración.

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, ha defendido que la ley aumentará la transparencia y la confianza y facilitará la comprensión de sus negocios.

Ha advertido de la urgencia de aprobar esta norma ante el riesgo de multa de la Unión Europea ya que el plazo de trasposición venció en diciembre de 2016 y ha justificado la necesidad de que se apruebe a través de un real decreto.

La información no financiera hará referencia a las medidas adoptadas para mejorar las condiciones del trabajo, al tiempo que explicará el uso que hace la gran empresa de la energía para frenar la contaminación atmosférica.

En materia de derechos humanos, debería incluir información sobre los impactos potenciales y reales de la actividad de la empresa al respecto, así como las disposiciones aplicadas para impedir los abusos y medidas para mitigarlos, gestionarlos y repararlos.

La nueva normativa también pretende luchar contra la corrupción y el soborno por lo que las compañías deberán incluir información sobre los procedimientos para prevenir estas conductas.

Durante su debate en el pleno, la diputada del PSOE Patricia Blanquer ha señalado que los inversores quieren ver también los riesgos “fiscales o ambientales” y ha argumentado la abstención de su grupo porque la norma no incluye información sobre la igualdad salarial, el cumplimiento de las obligaciones impositivas o una mayor transparencia en la transferencia de capitales a paraísos fiscales.

El diputado de Unidos Podemos Segundo González ha criticado que la ley no contemple aspectos comparativos salariales o de la “economía del bien común”, que no informen sobre datos fiscales y no tenga un régimen sancionador.

Desde Ciudadanos, el diputado Rodrigo Gómez ha valorado que la norma promocione la igualad y luche contra la discriminación por género, pese a que ha criticado que sea de “mínimos”.

La diputada de ERC Ester Capella ha defendido la abstención porque no abre la puerta a la transparencia en la política fiscal empresarial o a la dispersión salarial en cuanto al ratio de sueldo “máximo y mínimo”.

Por su parte, la diputada del PNV Idoia Sagastizabal ha argumentado que la opacidad desincentiva las inversiones y ha incidido en que la Responsabilidad Social Corporativa ya no se ve como un gasto sino que aporta beneficios, aunque ha dicho que la norma debería obligar de forma paulatina a más empresas.

El diputado del PDeCAT Carles Campuzano ha dicho que es un “paso importante”, aunque ha criticado que la ley no se centre en medidas para impulsar la captación de inversores internacionales.