La Defensora del Pueblo Europeo pide a Juncker explicaciones sobre el fichaje de Barroso por Goldman Sachs
La Defensora del Pueblo de la UE, Emily O’Reilly ha pedido al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que aclare la postura del Ejecutivo comunitario sobre la contratación de su predecesor, José Manuel Durao Barroso, por parte del gigante financiero Goldman Sachs. Además quiere saber qué pasará en caso de que el político portugués participe como asesor del banco en las negociaciones sobre el 'Brexit'.
El político conservador portugués, jefe del colegio de comisarios entre 2004 y 2014 y uno de los principales gestores de la crisis económica, fue contratado en julio como presidente no ejecutivo del banco de inversión Goldman Sachs, uno de los mayores responsables en el origen de la crisis de las hipotecas subprime (basura). El fichaje ha levantado ampollas entre políticos, diputados y funcionarios europeos, que han pedido Comisión una reacción firme ante un caso de puertas giratorias especialmente simbólico.
Las críticas han llevado a la Defensora del Pueblo a enviar a Juncker una carta –fechada el 5 de septiembre– en la que reclama que clarifique qué medidas ha tomado para asegurarse de que el nombramiento de Barroso se ha hecho conforme a las reglas comunitarias y si ha consultado, o piensa hacerlo, al Comité de Ética que existe para estos casos.
O’Reilly pregunta también si la Comisión piensa dar instrucciones al equipo que negociará el ‘Brexit’, incluido su jefe, el excomisario de la segunda legislatura de Barroso Michel Barnier, sobre si podrían discutir con el expresidente y cómo deberían hacerlo llegado el caso.
El propio Barroso ha anunciado que asesorará a Goldman Sachs sobre la salida de Reino Unido de la UE, que implicará debates decisivos para el banco como el futuro de la Unión y Supervisión Bancaria o el mantenimiento del pasaporte financiero único, que le permitiría seguir operando en Europa.
En este sentido el portavoz de la Comisión Europea, Alexander Wintenstein, ha señalado en rueda de prensa que todos los funcionarios europeos “están obligados a señalar en el registro de transparencia todos los contactos que mantienen”, aunque no ha explicado si se tomarán medidas adicionales en el caso de Barroso.
Pide revisar el Código de Conducta
Desde que comenzó la polémica, la Comisión no ha respaldado explícitamente al expresidente y se ha limitado a defender que el nombramiento se ajusta a las normas: “Por un lado están las reglas, que son enormemente estrictas y han sido respetadas (…) y por otro los aspectos éticos y la decisión personal del antiguo presidente”, ha dicho Winstenstein.
Es el mismo argumento que utilizó Juncker en sus únicas críticas a su predecesor: “El hecho de que trabaje para un banco no me molesta, pero este en concreto me plantea un problema. Uno tiene que elegir a su empleador”, dijo al diario belga Le Soir. “Yo no lo hubiera hecho”, añadió en la televisión francesa, recordando sin embargo que todas las normas se habían cumplido.
Pero precisamente por eso ahora la Defensora del Pueblo se pregunta si el Código de Conducta actual es “deficiente” y pide a la Comisión que lo revise. Según el mismo, durante los 18 meses siguientes a su salida los comisarios tienen que informar de sus intenciones profesionales y, si estas pueden generar un conflicto de intereses, el Comité de Ética tiene que emitir un dictamen. Pasado ese plazo solo están obligados a mantener los principios de integridad, discreción y secreto profesional.
O’Reilly pone en cuestión la “aparente arbitrariedad” de este periodo de notificación y recuerda que la obligación de integridad no tiene límite de tiempo. “Ciertos casos no dejarán de ser problemáticos solo porque han pasado 18 meses. Sería más apropiado que la Comisión decidiese caso por caso teniendo en cuenta todos los elementos importantes”, apunta en su misiva.
La Comisión tiene ahora hasta el 14 de octubre para responder a las preocupaciones de la Defensora del Pueblo.
La reacción sin precedentes de la comunidad europea ante un fenómeno que no es nuevo –el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, también ejerció un alto cargo en Goldman Sachs– se explica por el momento en que llega. La Unión Europea hace frente a una importante falta de credibilidad ante su dificultad para gestionar la crisis económica, migratoria y de seguridad, exacerbada por el ‘Brexit’ y la erosión de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.
