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Renfe suprime 48 líneas y dice a las CCAA que las paguen si quieren salvarlas
Así, la compañía indicó que “en caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público, dicha comunidad podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe y asumir el coste del servicio”.
El Ministerio de Fomento se propone suprimir 48 líneas ferroviarias de media distancia, según El País, que transportan a 1,65 millones de viajeros al año. Así, se reducirá la oferta del conjunto de 127 líneas en una media del 32% para conseguir un ahorro total de 86,5 millones de euros anualmente.
En su comunicado, Renfe indica que “a través del plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia, aprobado el pasado 28 de diciembre, se garantiza los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general, así como el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos”.
Además, indica que en la actualidad “hay servicios ferroviarios que muestran importantes déficits”. “El 51,7% de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16% de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15%”, explica. Asimismo, apunta que en algunos de ellos el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que abona el viajero.
De entre las líneas que dejarán de existir, las más deficitarias son Vigo-Ourense, Madrid-Cuenca, A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo-Monforte de Lemos y Zaragoza-Teruel, con más de dos millones de euros de pérdidas anuales en cada línea.
Rechazo de la CECU
La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) ha mostrado su disconformidad con la medida por los “importantes perjuicios” que ocasionará a más de 1,5 millones de viajeros: “Se trata de una decisión tomada sin siquiera dialogar con los representantes de los consumidores presentes en el Consejo Nacional de Transporte de Viajeros”.
Para CECU, esta decisión supone “apostar por un sistema de movilidad poco eficiente, que opta por unir con caras líneas de Alta Velocidad a las capitales, dejando sin un servicio adecuado a las zonas de interior, cuyos ciudadanos tendrán que volver a optar por el vehículo privado para esos desplazamientos”.
