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El juez Ruz abre juicio oral al presidente de Damm y le fija una fianza de 253,6 millones

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El juez Ruz abre juicio oral al presidente de Damm y le fija una fianza de 253,6 millones

El juez Ruz abre juicio oral al presidente de Damm y le fija una fianza de 253,6 millones

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha dictado la apertura de juicio oral al presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Arce, por varios delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo de capitales, y le ha impuesto una fianza en concepto de responsabilidad civil de 253,6 millones.

En un auto notificado hoy, el magistrado acuerda la apertura de juicio también al padre del presidente de la cervecera, Demetrio Carceller Coll, para quien la suma establecida asciende a 511,2 millones de euros; a su "hombre de confianza", José Luis Serrano Flórez, y al abogado del despacho Petrus de Barcelona Gabriel Ignacio Pretus Labayen, a los que impone unas cantidades de 269,5 y 402,8 millones, respectivamente.

Ruz acusa a los cuatro imputados, que tendrán un plazo de diez días para abonar las fianzas, de trece delitos contra la Hacienda Pública y uno de blanqueo, por los que la Fiscalía Anticorrupción ya anunció que pediría penas de 14 años para Carceller Arce, 48 años y medio para su padre, 42 para el abogado y 19 para Serrano.

Asimismo, el magistrado mantiene las medidas cautelares que ya adoptó en diciembre del pasado año a petición de Anticorrupción y la Abogacía del Estado, consistentes en el bloqueo y prohibición a Carceller Coll de disponer de las acciones de la empresa, un total de 36.272.424 con un valor actual de 208.566.438 euros.

Dicha medida, añade, es extensiva a la totalidad de los dividendos que generen estos títulos, tanto los ya devengados, con un importe de 7.701.058 euros, como aquellos que se vayan devengando mientras dure el bloqueo.

La resolución de Ruz reproduce los argumentos esgrimidos por la Fiscalía, que reclamaba además para Carceller Arce el pago de multas por un total de 117,8 millones por ser "cooperador necesario" en la comisión de estos delitos.

Según la Fiscalía, el padre del presidente de Damm se ha dedicado, al menos desde 1990, "a ocultar sus rentas y patrimonio a la Hacienda Pública española, simulando residir fuera de España, en concreto en Portugal y el Reino Unido, con la finalidad de poder ser considerado como no residente y, de esta manera, eludir el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en España".

Anticorrupción sostiene, sin embargo, que Carceller padre siempre ha residido junto a su mujer en dos domicilios situados en Madrid y en la localidad madrileña de Galapagar, "si bien, para ocultar su residencia efectiva en España, adoptaba numerosas medidas de precaución tales como evitar frecuentar restaurantes o sitios de ocio (o) realizar sus pagos en efectivo".

Con el mismo fin delegaba en su hijo, en Serrano y en Petrus "la firma de cualquier negocio u operación económica".

El fiscal añade que Carceller padre ocultó ser el "propietario real" de importantes paquetes accionariales de entidades españolas utilizando "un entramado societario de estructuras fiduciarias tipo 'trust' radicadas en terceros países que, en su mayoría, son calificados como paraísos fiscales", como Luxemburgo, las Antillas holandesas y Madeira.

Sobre Carceller hijo, Anticorrupción dice que "ha gestionado directa y conjuntamente con los anteriores todas las inversiones de su padre, especialmente las estadounidenses", participando en la ocultación a Hacienda de los fondos derivados de las mismas y de los beneficios obtenidos y colaborando con los otros "para tratar de simular que su padre residía fuera de España".

Carceller padre está acusado asimismo de ocultar al fisco las inversiones inmobiliarias que tiene en centros comerciales de Estados Unidos y de no declarar todos los bienes heredados tras el fallecimiento de su hermana.

En total, la cuota defraudada en las declaraciones del IRPF de 2001 a 2009, del Impuesto sobre el Patrimonio de 2001 a 2007 y del Impuesto de Sucesiones de 2006 es de 73,2 millones de euros, cantidad que con los intereses de demora asciende a 102,8 millones.

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