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La Troika regresa a Atenas en medio de discrepancias sobre el agujero fiscal

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La Troika regresa a Atenas en medio de discrepancias sobre el agujero fiscal

La Troika regresa a Atenas en medio de discrepancias sobre el agujero fiscal

La troika de acreedores retomó hoy en Atenas su revisión del programa de reformas griego, en unas negociaciones que el propio Ejecutivo ha calificado de "difíciles" ante la discrepancia entre ambas partes sobre las necesidades financieras para el año próximo.

El Gobierno insiste en que el agujero fiscal del próximo año es de unos 500 millones de euros, mientras que la troika habla de hasta 2.500 millones de euros y pide nuevas medidas de ajuste.

En una entrevista en la cadena de televisión Mega, el primer ministro, Andonis Samaras, reafirmó anoche que el Gobierno no tiene intención de aplicar nuevos recortes generalizados y afirmó que "la sociedad griega no podría soportar nuevas medidas".

El primer ministro recordó que la economía griega ha retrocedido en un 25 % desde que comenzó la crisis, lo que sumado a los recortes de salarios y pensiones y los aumentos de impuestos, se ha traducido en una caída de ingresos para la población del 40 %.

En un intento de quitar hierro a esta nueva visita de la troika, Samarás afirmó que no se debe crear la impresión de que Grecia se encuentra en "una especie de guerra" con los acreedores. "Se trata de una negociación", recalcó.

Los vaivenes de los últimos días, con aplazamientos de la visita por parte de la troika y el regreso al calendario inicial tras recibir presuntamente la información requerida de parte griega, apuntan a que el ambiente no propicia un entendimiento rápido.

El ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, el primero en recibir hoy a los representantes de los acreedores, aseguró anoche que por parte griega no hay nada que añadir respecto a las cifras presentadas.

"Hemos presentado un presupuesto, un proyecto. Hemos enviado los datos para demostrar que este proyecto es realista e insistimos en ello", dijo.

El problema básico consiste en que el Gobierno griego parte de la base de que el agujero es solo de 500 millones de euros que se derivan fundamentalmente de la erosión de las arcas de la seguridad social y que es allí donde hay que buscar la solución.

Además, el Ministerio de Finanzas insiste en que el superávit primario (que excluye el pago de intereses) en 2013 será de más de 344 millones de euros y que la recesión será menor a lo previsto inicialmente.

La troika formada por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional sostiene en cambio que los cálculos del Gobierno heleno son demasiado optimistas en lo que respecta a la recaudación fiscal prevista para el año próximo y poco realistas en lo que respecta al gasto social.

Las cifras más recientes relativas a la recaudación no son precisamente halagüeñas.

Según las cifras oficiales publicadas este lunes, entre agosto y septiembre el número de empresas que se han atrasado en el pago de sus impuestos casi se triplicó, al pasar de 182.785 a 526.477, con una deuda total al Estado de 39.300 millones de euros.

En las conversaciones con el ministro de Trabajo, Yiannis Vrutsis, estará el análisis del agujero en las arcas de la seguridad social, surgido en buena parte del impago de muchas contribuciones y que el Gobierno espera cerrar con un endurecimiento de las leyes.

Unas 200.000 empresas no han cotizado por sus empleados por un total de 700 millones de euros, una cifra que el ministerio de Trabajo prevé que aumentará hasta los 1.000 millones hasta finales de año.

El departamento del Trabajo espera que con el endurecimiento de los controles, que entrarán en vigor a partir de mañana, se logre recuperar el 35 % de las deudas, lo que vendrían a ser unos 350 millones de euros.

En la agenda de las negociaciones de la troika, de cuyo transcurso dependerá el desembolso del próximo tramo de 1.000 millones de euros, figuran además los planes de reestructuración o cierre de las dos empresas públicas de sistemas de defensa, ELVO y EAS, el despido de 4.000 funcionarios hasta finales de año y la colocación en la reserva laboral, que implica traslados forzosos y posibles despidos, de otros 12.500.

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