La UE se acerca a un acuerdo final para endurecer los controles de emisiones a los coches

Los negociadores de la presidencia del Consejo Europeo y de la Eurocámara alcanzaron hoy un acuerdo para endurecer las normas de control de emisiones contaminantes a los vehículos, sistema que la Comisión Europea planteó reformar tras el del fraude de Volkswagen de 2015 conocido como “Dieselgate”.

El acuerdo deberá ser ratificado por los ministros de los 28 Estados miembros y por el pleno del Parlamento Europeo, con el objetivo de que se implemente el 1 de septiembre de 2020.

Los legisladores europeos prevén controles más estrictos a los vehículos de motor tanto antes de ser homologados como una vez en circulación, informó el Consejo en un comunicado.

El consenso no recoge la propuesta inicial de la Comisión Europea de evitar que los fabricantes sean los que pagan directamente a los servicios técnicos encargados de las pruebas de laboratorio, pero sí estipula que esos centros deberán ser auditados de manera regular e independiente.

Además, el Ejecutivo comunitario podrá efectuar controles sorpresa a automóviles en circulación, denunciar a los servicios técnicos que considere que no cumplen la normativa y multar con hasta 30.000 euros al fabricante o al centro de pruebas correspondiente por cada coche que no se ajuste a la normativa.

Hasta ahora, la Comisión sólo podía multar a los Estados miembros y estos, en función de su legislación nacional, penalizar a los fabricantes.

Por último, y para evitar futuros fraudes como el del los programas de ordenador que sorteaban los controles en los laboratorios, los fabricantes tendrán que facilitar el acceso a los protocolos informáticos de sus vehículos.

“Este nuevo marco (legislativo) ayudará a restaurar la credibilidad del sector automovilístico” y “establecerá un sistema transparente con una supervisión adecuada, un coordinación mejorada a diferentes niveles y una armonización de las reglas europeas”, señaló el ministro estonio de Infraestructuras, Kadri Simson, cuyo país ejerce este semestre la presidencia de turno de la UE.

La reforma legal avanza al tiempo que ocho países de la UE (Alemania, España, Grecia, Italia, Lituania, Luxemburgo, Reino Unido y la República Checa) se enfrentan a procedimientos de infracción del Ejecutivo comunitario, que les acusa de no haber controlado suficientemente a algunos constructores.