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La izquierda se divide ante la idea de una renta básica

Una comisión promotora registró el miércoles una ILP por una renta básica. EUROPA PRESS

Ana Requena Aguilar

Madrid —

¿Qué supondría que los ciudadanos tuvieran un ingreso mensual asegurado durante toda la vida? ¿Cambiaría eso la sociedad a mejor? ¿Eliminaría la pobreza? ¿Desincentivaría la participación laboral de las mujeres, más afectadas por la precariedad y el reparto escaso del trabajo reproductivo? La crisis y algunos movimientos sociales han retomado con fuerza una propuesta que lleva años debatiéndose: la creación de una renta básica, un ingreso mensual que recibirían todas las personas residentes de un país por el simple hecho de serlo.

Sin embargo, la división de opiniones entre la izquierda es fuerte: sus defensores aseguran que funcionaría como un derecho que serviría para garantizar las necesidades básicas y la libertad de las personas, pero muchos economistas heterodoxos alertan de que su filosofía atenta contra el principio de igualdad que debe regir las políticas sociales y es contraproducente con un Estado del bienestar aún por desarrollar.

La diferencia fundamental entre la renta básica y las ayudas que de alguna forma se inspiran en su nombre (renta ciudadana, renta básica de ciudadanía, renta activa de inserción) y que funcionan ya en todas las comunidades autónomas es la condicionalidad: la renta básica no exige cumplir con ningún requisito, más allá de, en algunos casos, la edad y la residencia en el país que la apruebe.

Los defensores de su aplicación señalan dos beneficios clave de la renta básica: aumentar la libertad ciudadana y prevenir la exclusión social. “Esta renta se garantiza ex ante, no ex post, como los subsidios, por lo que actuaría como una medida de prevención de la exclusión y la pobreza”, dice el presidente de la Red Renta Básica, Daniel Raventós. ¿Quién la cobraría? Según Raventós, todas las personas residentes en el país: las mayores de 18 años cobrarían una cantidad por determinar y las menores de edad, entre el 20% y el 50% de esa cantidad percibida por los adultos. “Sería un avance para los sectores con menos renta”, asegura.

Sin embargo, un sector crítico rechaza que la renta básica deba aprobarse como tal. “Ha costado mucho llegar a tener algunos derechos básicos, y ahora el neoliberalismo lo rompe todo: el sistema educativo, la sanidad... Dando un dinero a cada ciudadano estás trasladando la responsabilidad desde el Estado a las personas, para que se las apañen como puedan. No tiene sentido darle lo mismo a todo el mundo, lo que necesitamos es un sistema de bienestar completo e integrado”, defiende la economista María Pazos.

Pazos advierte de algunos efectos perversos que podría tener la renta básica, por ejemplo, desincentivar la participación laboral de las mujeres que, más afectadas por la precariedad, los bajos salarios y la falta de reparto del trabajo de cuidados, podrían abandonar el mercado de trabajo con más facilidad y volver al hogar.

Como Pazos, el economista Juan Torres se muestra crítico. Ambos sostienen que la renta básica rompe con el principio de “a cada cual según sus necesidades y de cada cual según sus capacidades”. También Vicens Navarro, que ha señalado que la aplicación de una renta básica en un sistema del bienestar con un gasto público insuficiente y un gasto en transferencias por persona muy bajo, es “empezar la casa por el tejado”. Al contrario, proponen reforzar los servicios públicos, mejorar las prestaciones sociales y diseñar una red de protección mínima que impida a la ciudadanía caer en la pobreza.

Cambios estructurales

El presidente de la Red Renta Básica señala que su implantación tendría que ir acompañara de una transformación social que estaría ligada a la forma en que se financiaría la prestación. De hecho, las propuestas para aplicarla no suelen hablar de un aumento sin más del gasto, sino de reformas estructurales que cambiarían la forma de distribuir la riqueza. “Tanta importancia tiene la renta básica como la forma de financiarla. Haría falta un cambio en la política fiscal y social, que, junto a la aplicación de la renta, permitiera una nueva redistribución de la riqueza. Los ricos seguirían siendo ricos, pero ganarían menos”, asegura Raventós.

Esos cambios incluirían, por tanto, una reforma fiscal que tocara el IRPF, las Sicav, el fraude fiscal o los impuestos a grandes fortunas. “También desaparecerían muchas asignaciones monetarias, por ejemplo, las rentas mínimas de inserción, porque todas las prestaciones que fueran menores que la renta básica no tendrían sentido”, dice Reventós.

En caso de que la renta básica se aplicase y no hubiera cambios en la precarización del mercado laboral, ¿dejaría la sociedad de ser desigual? “La renta básica puede luchar contra la pobreza e incrementar la libertad, pero no puede cambiar por sí sola a toda la sociedad”, admite Daniel Raventós.

El miércoles 15 de enero, una comisión promotora registró en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular por una Renta Básica. “Somos conscientes del debate que suscita y por eso proponemos una aplicación en dos fases, para poder llegar a un consenso”, explica Isabel Franco, miembro de la comisión. En la primera fase, la renta funcionaría para las personas registradas en los servicios públicos de empleo y que no percibieran una prestación o que, cobrando una ayuda, esta fuera inferior a 645 euros mensuales. En la segunda fase, la renta se extendería a todas las personas. Proponen una paga de 645 euros al mes (el umbral de la pobreza) para todas las personas, independientemente de su edad.

Para Miguel Laparra, director de la cátedra Investigación para la Igualdad y la Integración Social de la Universidad Pública de Navarra, la propuesta es interesante y puede servir para orientar algunas decisiones políticas, pero no cree que la renta básica sea “la solución inmediata” a los problemas actuales.

Laparra señala que la renta tendría implicaciones sobre todo el modelo social. “Es una gran provocación intelectual, una propuesta muy interesante a largo plazo porque supone una revolución no solo del sistema de protección, sino de relaciones laborales, de la negociación colectiva, del sistema de pensiones, de la fiscalidad… Es un proceso de transformación social de gran calibre, que ahora mismo tiene su punto de utopía”, señala.

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