“Aquí nadie se ha llevado un duro para su casa” (Lorenzo Ramos, UPA-UCE)
El trabajo de asesoría a los agricultores que ha motivado la actuación judicial, con dos personas ingresadas en prisión y cinco en libertad con cargos, “está entregado a la Junta de Extremadura y ha sido supervisado por ella, por lo que no nos explicamos lo que está pasando”, ha declarado el secretario federal de UPA, el extremeño Lorenzo Ramos, con motivo de una reunión convocada este martes en Mérida con todos los secretarios regionales de la organización y a la que han acudido también algunos provinciales.
Ramos afirma que estas subvenciones europeas al asesoramiento a los agricultores están destinadas a las organizaciones agrarias, pero que la normativa, que está en proceso de cambio, obligaba a que la Administración, en este caso la Junta, una vez comprobado el trabajo le daba primero el dinero al agricultor y luego éste pagaba a UPA-UCE por haberle hecho la asesoría.
Con el cambio de procedimiento, que ya funciona en Rioja, será la organización que presta el servicio la que reciba directamente el dinero.
El gasto por tanto “está totalmente justificado” y “aquí nadie se ha llevado un duro”, “¿dónde está el delito?”, ha protestado Ramos en una rueda de prensa, en la que ha vuelto a reclamar la puesta en libertad de las dos personas enviadas a la prisión de Badajoz, Ignacio Huertas y Maximiano Alcón, que “lo único que han hecho ha sido trabajar por los agricultores y ganaderos y no tiene ningún sentido que estén privados de libertad, una medida desproporcionada”.
Dentro de lo que cabe la situación de los dos detenidos ha mejorado, según ha explicado a eldiarioex la mujer de uno de ellos, que espera que les llegue el apoyo unánime de toda la organización.
Los abogados, en lo cual “no vamos a escatimar ningún medio”, siguen preparando el recurso de apelación contra el auto de ingreso en prisión dictado el sábado pasado por la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida, cuyo plazo de presentación acaba este miércoles.
Dar servicio y cobrarlo
Ramos ha explicado que organizaciones como UPA-UCE se dedican entre otras cosas a prestar servicios a los agricultores y “lógicamente cobramos por ellos”. Intermedian en seguros de coches y casas mediante los agentes de las compañías en los pueblos, tramitan altas y bajas en Seguridad Social, declaraciones de renta y otras fiscales –“estamos reconocidos por Hacienda para hacerlo”-, hacen tramitaciones de producción integrada (ecológica), etc.
“Ayudamos al agricultor y cobramos por el servicio, y en muchos pueblos la UPA es la única oficina que hay para estas cosas; ayudamos también en tramitar la beca del hijo, la pensión del abuelo… Y todo esto lo hacemos con dignidad”.
“Podemos cometer errores, no somos divinos, algún error habrá habido, y si lo hay se resuelve pero para eso hay otros procedimientos, no cientos de guardias civiles y este despliegue judicial; que nos hubieran preguntado, estamos dispuestos a dar a la Justicia y Guardia Civil todas las explicaciones que haga falta”.
La Benemérita sin embargo, en un comunicado del pasado día 3, daba por hecho que había desmantelado una trama para la financiación ilegal de UPA-UCE, con la cual pagaba sus gastos.
“¿Y para qué va a ser el dinero que cobramos por nuestros servicios?”, ha replicado Lorenzo Ramos. “Las nóminas, los folios, las fotocopiadoras las pagamos con esto, ¿dónde está el delito? Y con ello también UPA-UCE paga sus cuotas federales” [La Guardia Civil detallaba que parte del dinero iba a la “matriz nacional del sindicato u otras organizaciones afines” ].
UPA ha agradecido el apoyo recibido de “casi toda la sociedad extremeña, y algunos de fuera de la región; organizaciones agrarias, partidos, sindicatos y gente que nos conocen”.
Las 38 oficinas de la organización en Extremadura siguen abiertas y funcionando, “y seguimos haciendo nuestro trabajo en los foros donde nos corresponde”. A partir de ahora se van a celebrar asambleas por la región para que los agricultores “se expliquen y cuenten”.
El denunciante
Lorenzo Ramos se ha referido también al agricultor de Navalmoral y ex concejal de IU que en febrero denunció ante la Guardia Civil que no veía claro este procedimiento de asesoría agraria, fue el punto de arranque de esta investigación judicial, pero que ha negado ser el autor de la denuncia.
“Nosotros sabemos por dónde viene la denuncia y aparecen nombres y apellidos. Él puede decir lo que quiera, parece que este hombre está montando su propia campaña con esta historia, pero la denuncia sale y tiene nombres y apellidos y ya está, está ahí, negar la evidencia…”.
Elecciones al campo
Antonio Prieto, portavoz regional de la organización, apunta que ellos no han pedido el aplazamiento de las elecciones al campo previstas para el próximo 12 marzo, y que no tienen “ningún inconveniente” en que se hagan ese día, pero señala que “algunos problemas de funcionamiento tenemos” ya que se está incumpliendo la normativa que la regula.
Por ejemplo el censo de electores, que tenía que haberse publicado el pasado 29 de octubre por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Rural “no se ha hecho”, y tampoco se ha cruzado el censo con los datos de la Seguridad Social para depurarlo.
Con todo ello “estamos indefensos”.
