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La Junta aprueba el nuevo decreto de los conciertos educativos, que afecta a 78 centros y 33.000 alumnos

Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura

El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado el decreto que establece las normas para la aplicación del régimen de conciertos educativos a partir del curso académico 2017/2018. Afecta a los 78 centros concertados que hay en la región que cuentan con 2.200 docentes y 33.000 alumnos y alumnas.

Este curso expira el plazo de cuatro años para el que se suscribieron conciertos educativos vigentes en la actualidad, de modo que ahora se establecen las nuevas reglas procedimentales que regirán la para los cursos escolares de 2017/2018 a 2020/2021. Excepto en el caso de Educación Primaria, donde el concierto se extenderá hasta el curso 2022/2023.

La portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, afirma que las “declaraciones infundadas y falsas de algunos”, la aprobación de este decreto no es un capricho sino que responde al cumplimiento de la legalidad vigente. 

Borrador consensuado

Del nuevo reglamento destaca que mejora 'sustancialmente' al actual, y que se hará dentro del diálogo con los agentes sociales. Ha subrayado que el borrador se ha negociado en la Mesa de la Concertada, de la que forman parte la administración regional, la patronal y los sindicatos con representación en este sector. 

Destaca que es la primera vez que la Junta lleva a la Mesa el decreto que regula los conciertos, en una apuesta por adoptar medidas de forma consensuada y para garantizar la calidad de la educación. 

Novedades 

Podrán integrar el régimen de conciertos educativos los centros privados que ofrezcan enseñanzas declaradas gratuitas por la Ley y satisfagan necesidades de escolarización en los términos establecidos en la legislación vigente en materia de educación. 

Incorpora como novedad la posibilidad de dotar de más recursos al centro concertado que aplique programas educativos que han sido utilizados por la administración educativa previamente. También se establece la necesidad de que los profesionales que atiendan al alumnado con necesidades educativas especiales tengan la titulación específica para que reciba una “correcta” atención. 

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