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EXTREMADURA

Anticorrupción lleva al juzgado un posible fraude en las subvenciones a cursos formación tras la demanda de Monago

CCOO confía en que la investigación lo aclare todo

UGT desea poder defenderse "de una vez por todas"

PP: Monago hizo bien" al denunciar

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Consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María Angeles Muñoz

La anterior consejera de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, María Angeles Muñoz, hizo pública la denuncia junto al entonces director del Sexpe, Miguel Lozano

La denuncia la presentó el anterior Gobierno autonómico contra la patronal, UGT, CCOO y la entidad de economía social CEPES 

Ahora la Fiscalía Anticorrupción presenta denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un "posible fraude" en la concesión de subvenciones, por un importe de 2,4 millones de euros, a la patronal extremeña (CREEX) y los sindicatos

Este paso es consecuencia del proceso iniciado en marzo de 2015 por el Gobierno regional, entonces en manos del PP, al decidir trasladar a esta instancia un presunto fraude con cursos de formación de ocupados. 

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes una denuncia ante el Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz para que se investigue un "posible fraude" en la concesión de subvenciones, por un importe de 2,4 millones de euros, a la patronal extremeña (CREEX) y los sindicatos UGT y CCOO.

Según ha informado la Fiscalía en una nota, se han detectado "irregularidades" diversas al existir discrepancias y distorsiones entre los gastos justificados ante la Administración documentalmente, a efectos del cobro de las ayudas, y la realidad del importe realmente pagado como costes de actividad, "siendo los primeros muy superiores a estos últimos". Estos hechos, dice, pudieran ser constitutivos de delitos de fraude subvenciones y falsedad documental continuada dada su naturaleza y cuantía. 

La investigación

Anticorrupción recuerda que inició sus investigaciones a raíz de la comparecencia del entonces director gerente del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE) Miguel Lozano, quien puso en su conocimiento la existencia -apoyada en un informe "meramente prospectivo y de naturaleza indiciaria y selectiva"- de posibles irregularidades.

En concreto, éstas afectaban al proceso de justificación de gastos llevados a cabo por los beneficiarios de las ayudas públicas derivadas de la convocatoria, por Orden de 1 de junio de 2011, de la Consejería de Igualdad y Empleo, destinada a la realización de planes formativos intersectoriales dirigidos a trabajadores ocupados en el marco territorial de Extremadura.

Tras asumir las diligencias de investigación por parte de la Fiscalía, se practicaron diversas actuaciones con el fin de contrastar los hechos, recabando múltiples soportes documentales referidos, en su conjunto, a más de 600 actividades informativas, 10.000 alumnos y más de 500 docentes.

Una vez recibida la prueba documental, y siempre bajo la coordinación de la Fiscalía, se organizó un proceso de investigación en el que participaron la Intervención General de la Junta de Extremadura, en funciones de auditoría; la Agencia Tributaria, suministrando los datos de contraste fiscal y tributario; y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en la vertiente policial.

De lo actuado hasta este momento, y sin que ello prejuzgue ulteriores posiciones procesales, surgen "indicios relevantes" que evidencian la existencia de posibles infracciones penales "cuyo tratamiento sugiere como ineludible la judicialización" de estas informativas", señala Anticorrupción en la nota.

Lo hace, según añade, para maximizar las garantías de los investigados, completar la búsqueda de la verdad material y dar cumplimiento al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que establece que "transcurrido el oportuno plazo, si la investigación hubiere evidenciado hechos de significación penal y sea cual fuese el estado de las diligencias, el Fiscal procederá a su judicialización".

El importe de las subvenciones cuestionadas asciende, según precisa Anticorrupción, a 1.707.106,93 euros en el caso de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX), 400.133,27 en el de UGT, y 311.897,55 en el de CCOO. La investigación afecta a la CREEX y sus asociadas, la Confederación de Organizaciones Empresariales de la provincia de Badajoz (COEBA), la Federación Empresarial Cacereña (FEC) y la Federación Empresarial Placentina (FEP). Asimismo, figuran las delegaciones extremeñas de la UGT y CCOO, así como las fundaciones y entidades vinculadas a esta última, IFES Extremadura y FOREM Extremadura.

CCOO confía en que la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de instar al Juzgado Decano de Instrucción de Badajoz a que abra investigación sobre un presunto fraude en la convocatoria de cursos de 2011 por parte de UGT, CCOO y CREEX sirva para aclarar de manera definitiva y rápida que la actuación del sindicato fue totalmente correcta.

En un comunicado, este sindicato indica que "a falta de una comunicación oficial de esta decisión de la Fiscalía", se saluda este paso para que se resuelva lo antes posible el proceso judicial y se pueda verificar fehacientemente la falta de fundamentos de las acusaciones, "cerrando así los otros juicios paralelos al margen de los tribunales, que sólo buscan enturbiar la imagen de los sindicatos".

Añade que CCOO puso por propia iniciativa a disposición de la Fiscalía Anticorrupción una copia de toda la documentación de los cursos desde el momento en el que el Servicio Público de Empleo Extremeño (SEXPE), bajo el anterior Gobierno del PP, presentó la denuncia.

Asegura que esto se hizo para demostrar desde el primer momento que toda la actuación del sindicato se ajustaba a las bases de la convocatoria, que estaba todo debidamente justificado según las exigencias de la Administración regional y que el sindicato buscaba colaborar activamente para darle celeridad al proceso.

UGT

UGT Extremadura ha considerado hoy "adecuada" la actuación de la Fiscalía Anticorrupción respecto a los cursos de formación, ya que le permitirá defenderse "de una vez por todas" de las acusaciones de supuesto fraude.

La denuncia que hizo en su momento el Gobierno del PP tenía "un claro carácter electoralista, ya que no dejaron finalizar el proceso normal de justificación, interponiendo una denuncia en Fiscalía y dando traslado público de la misma ante los medios de comunicación de Extremadura", ha indicado UGT Extremadura en un comunicado.

Desde ese momento, ha resaltado el sindicato, puso a disposición de la Fiscalía y del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXP) toda la documentación necesaria para su supervisión.

Partido Popular

El hecho de que la Fiscalía Anticorrupción haya denunciado un posible fraude en los cursos de formación que denunció el Gobierno regional hace más de un año demuestra que el Ejecutivo de José Antonio Monago "hizo bien", según el PP, frente a los tacharon su acción de "electoralismo" y "bajeza moral".

"Se demuestra que con las sospechas que surgieron de la auditoría externa, el Gobierno de José Antonio Monago hizo bien en denunciar el caso al evidenciar irregularidades en la gestión de las subvenciones para los cursos de formación de ocupados", ha indicado hoy el PP en un comunicado.

El Partido Popular ha recordado que pidió respeto a la Justicia y defendió la actuación responsable del Ejecutivo regional al fiscalizar el dinero público.

"Los que entonces hablaron de 'bajeza moral' y 'electoralismo' deberían hoy mismo pedir disculpas por la ligereza con la que lanzaron esas afirmaciones, ya que es la Fiscalía Anticorrupción y no alguien que se presenta a las elecciones quien ha visto indicios de delito en la gestión de esas subvenciones", ha precisado.

El Ejecutivo regional intentó evitar con su denuncia, según el PP, que en Extremadura ocurriera "un presunto fraude a gran escala como sí ha ocurrido en la comunidad vecina de Andalucía y su 'fondo de reptiles".

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