La protección de 82 mujeres de Badajoz con orden judicial depende de un solo policía
El Gobierno regional y su Instituto de la Mujer (Imex) han pedido este viernes al Gobierno central más medios y recursos para luchar contra la violencia de género, después de que 16 personas hayan sido asesinadas “por ser mujeres” en los primeros 50 días de 2017, algo que no tiene precedentes desde que hace una década apareció la Ley Integral contra la Violencia de Género.
Después de que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, haya dicho que la violencia machista no se combate con más recursos, la consejera de Administración Pública y Hacienda Pilar Blanco-Morales –en ausencia de la portavoz Isabel Gil Rosiña- y la directora del Imex Elisa Barrientos han reclamado todo lo contrario.
“Exigimos al Gobierno que aporte recursos y medios para acabar con esta situación, y adopte medidas urgentes ante un problema sin precedentes; que se comprometa, asuma sus responsabilidades y haga frente”, ha dicho Blanco-Morales.
La directora del Imex Elisa Barrientos ha puesto un ejemplo de falta de medios, y es la escasez de policías especializados encargados de vigilar que se cumplan las órdenes de alejamiento impuestas judicialmente a las ex parejas. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están saturadas, en Badajoz se da el caso de un policía que tiene que atender la protección de 82 mujeres”.
En caso de que una mujer vea que su ex se le acerca a menor distancia de la marcada llama por teléfono al policía encargado. Desobedecer esas órdenes dictadas por la Justicia es también un delito, “y los jueces deben actuar”.
Las órdenes de alejamiento “no fallan, sí sirven”, sostiene Barrientos, “pero hay que hacer un seguimiento, vigilar que se cumplan, y si no es así actuar”. La mayoría de agentes –policías y guardias civiles- encargados de esa vigilancia son personal en segunda actividad ya que las plazas según ella no se suelen cubrir y hay que acudir a ellos. Barrientos reclama más especialización policial.
La consejera añade que no se duda del trabajo y preparación de esos agentes en segunda actividad, “la cuestión es que hacen falta más”.
Terrorismo como el etarra
Blanco-Morales reclama un Pacto de Estado que sería el primer gran acuerdo de la legislatura nacional para combatir una alarma que “una sociedad democrática y Estado de Derecho no pueden consentir”.
El Gobierno extremeño exige también la devolución a los ayuntamientos de las competencias en igualdad que la ley nacional de Sostenibilidad les quitó, cuando son municipios y mancomunidades las administraciones “más cercanas” y “las necesitamos en esta lucha”.
Elisa Barrientos quiere que se cuente con el Imex que dirige para acabar con este “terrorismo machista, hacia las mujeres”, contra el que hay que oponer “las mismas medidas que se pusieron contra el de ETA”.
Las dos dirigentes de la Junta han repudiado los recortes económicos que en la materia lleva aplicados el Gobierno de Rajoy.
Conforme al acuerdo de la Conferencia de Presidentes del pasado 17 de enero, el 9 de marzo se constituye la comisión estatal contra la violencia de género y a la que asistirá la Junta.
PP: Cero ayudas de la Junta
Por el contrario la portavoz de Mujer del Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Extremadura, Gema Cortés, ha afirmado que la Junta de Extremadura concedió en 2016 “cero ayudas” a la emancipación de las víctimas de violencia de género y que “politiza este asunto tan sensible”.
El PP señala que, además, el Ejecutivo regional mantiene cerradas las 22 viviendas que el anterior Gobierno habilitó para las víctimas.
La dirigente popular ha subrayado que la Junta no dio el pasado año ninguna ayuda para que las mujeres víctimas se emanciparan y ha lamentado que haya “requisitos imposibles” del Decreto de esos apoyos y la tardanza en su publicación, a finales del mes de septiembre.
Podemos Extremadura también ha emitido un comunicado de “profundo dolor” por los últimos casos de asesinatos machistas y ha reclamado que se destinen más recursos económicos y humanos para evitar más muertes de mujeres, así como impulsar medidas de prevención.
Se necesita más financiación económica para reforzar las medidas de protección y acogimiento para mujeres víctimas de malos tratos y sus hijos e hijas.
