Algunos datos para explicar qué entiende el Gobierno por «extrema necesidad» y cuántas «familias de buena fe» se pueden beneficiar del nuevo plan de urgencia contra los desahucios. De todos los hogares españoles, solo el 3,7% son familias numerosas -tres hijos o más- y alrededor del 4% están formadas por un adulto con al menos dos hijos a su cargo. Apenas el 1,1% de los españoles menores de 65 años padecen una discapacidad total que les impide trabajar y poco más del 2% de la población tiene 3 años o menos. Cerca del 3% de las mujeres -el 1,5% de la población- han denunciado en alguna ocasión violencia machista y no hay datos sobre el último requisito: que todos los miembros de la unidad familiar estén en paro y sin prestación alguna. Además de ingresar menos de 19.200 euros al año entre toda la familia, hace falta pertenecer al menos a una de estas minorías estadísticas para beneficiarse de la prórroga de dos años para los desahucios que ha aprobado el Gobierno. La conclusión es obvia: el decreto de urgencia solo soluciona una pequeña parte del problema, una mínima fracción de la catástrofe. Pero el porcentaje más desolador es otro: ni uno solo de los tres suicidas que en las últimas semanas han colocado este debate sobre la mesa del Consejo de Ministros cumplía con estos requisitos. El 100% de ellos habría quedado fuera de la solución tomada. Es un 0% de eficacia, un auténtico logro.
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