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La Xunta abre investigación ante las denuncias por abortos sin asistencia médica en A Coruña

Miguel Pardo

“En este hospital, las mujeres solas tienen que abortar”; “una cuña no es un paritorio” o “que cese la tortura en el Materno de A Coruña”. Con estas y otras consignas, medio centenar de personas se ha concentrado ante el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) para protestar por la situación que sufrieron y sufren las mujeres que se ven obligadas a abortos terapéuticos pasadas las 14 semanas de gestación y no tienen garantizada la asistencia necesaria, ni la de una matrona ni la del personal médico idóneo o que incluso deben expulsar el feto en solitario en un baño.

Convocadas por la Plataforma Galega polo Dereito ao Aborto (PGDA), que denunció públicamente el caso que ya había advertido a la gerencia del área sanitaria hace siete meses, concejales del gobierno local de la Marea, del BNG y del PSdeG -además de miembros de sindicatos y personal médico- han denunciado la “violencia obstétrica que sufren las mujeres”, reclamaron “una atención digna” y reivindicaron “los derechos sexuales y reproductivos” para todas. Fue antes de que entregasen en el registro del complejo hospitalario varios escritos en el que instan a las autoridades responsables a que “tomen las medidas oportunas para garantizar una atención integral y de calidad”.

Mientras, la gerencia del área sanitaria de A Coruña ha reconocido que las condiciones en las que mujeres en el segundo trimestre de embarazo abortan en el hospital público Materno Infantil “no son siempre óptimas” y ha anunciado que acaba de abrir una investigación sobre el caso concreto de una paciente que relató su caso públicamente en los medios. Feijóo, por su parte, ha anunciado también una investigación pero defiende el protocolo que se sigue en Galicia y que sólo ofrece la asistencia médica completa si la afectada se desplaza a Madrid. “Cualquier mujer que se sienta no atendida tiene derecho a denunciar”, ha dicho.

En declaraciones a la Cadena SER, Ricardo López Boullón, director de procesos con ingreso de la Gerencia de Gestión Integrada de A Coruña, salió al paso del revuelo provocado por las revelaciones de la PGDA. “La asistencia está garantizada en unas condiciones no siempre óptimas”, ha asumido quien insiste en que “es posible que pueda ocurrir” cuándo fue preguntado por las precarias condiciones que denuncian varias pacientes.

“Los fármacos empleados para el proceso de dilatación producen un efecto demasiado imprevisto o intempestivo y puede ocurrir que la mujer tenga un expulsivo en el baño o en la propia habitación”, reconoce López Boullón. Desde la gerencia del área sanitaria coruñesa justifican el hecho de que las mujeres no sean atendidas en iguales condiciones que aquellas que afrontan un parto en la “preservación de su intimidad”.

“Por protección psicológica no están en la planta de hospitalización de especialistas, evitando el contacto con las mujeres que dan la luz a hijos sanos”, explica el reponsable sanitario, que advierte que las pacientes que acuden a abortar “están atendidas por profesionales en el área de ginecología” y que reciben el tratamiento “en una habitación individual, acompañadas de su familia o acompañantes”. “En el caso de cualquier patología, se avisa a la enfermera o ginecólogo; no es un parto y las condiciones son un poco diferentes, pero creemos que la actuación es correcta”, añade López Boullón, que insiste en lo “acertado” del procedimiento pero que también alerta de que “las responsabilidades o actitudes personales” de algún profesional pueden provocar “disfunciones en la atención a las mujeres”.

Ante el relato de una mujer que explicó las precarias condiciones en las que tuvo que afrontar el aborto en el Materno Infantil de A Coruña, la gerencia ha anunciado que abrirá “un proceso de información”, aunque para este “caso concreto”. En cuanto a otra persona que abortó sola en un baño en el hospital Arquitecto Marcide de Ferrol, y a pesar de que no afecta a sus responsabilidades, el responsable del Sergas aclara que no le parece “normal” pero dice que no le consta “que haya más casos”. “No creo que sea habitual ni tengo constatación de eso”, explica ante las críticas de la PGDA, que asegura que hay muchos más casos en Galicia. 

“Mi deber, ante denuncias así, es intentar averiguar cuál es la realidad”, insiste Boullón, que incidió en una “investigación”. “No somos infalibles y tenemos que llegar a una solución y conclusión idónea”, asegura quien quiso advertir de que “no hay protocolo de discriminación a las mujeres que abortan en la Coruña”. “Todo lo que realizamos va encaminado a un mayor bienestar físico y psicológico de las pacientes”, concluyó.

No obstante, en un comunicado, el Sergas asegura que la atención que reciben las mujeres “está debidamente protocolizada” y que en su asistencia “intervienen facultativos expecialistas en obstetricia y ginecología”. “El proceso se realiza lejos del paritorio por razones psicológicas y en beneficio de la paciente”, insiste.

Durante la concentración de este jueves, Margarida Corral, portavoz de la PGDA, ha insistido en los “siete meses de demora” desde que desde el Centro de Orientación Familiar y la propia plataforma se denunciaron los casos que, aclara, no son aislados. “Directamente, con nombres y apellidos, y tan solo en los últimos meses, sabemos de más de diez”, ha aclarado para insistir en que es una problemática “que afecta a todo el sistema sanitario público gallego”.

Así, insiste en que a las mujeres que tienen que realizar un aborto a los tres meses de gestación “no se les garantiza asistencia personalizada” y que “solo si el personal, por iniciativa propia, accede” reciben esa atención individual. “Las están obligando a inducir el parto; hubo quien tuvo que coger el feto en sus propias manos”, añade, tras aclarar que, de no optar por la opción de acudir a Madrid que facilita el Sergas, “las mujeres son obligadas a sufrir dolor”. Para la PGDA, los problemas surgen de una “motivación ideológica”.

Ante esta situación, el Sergas tendrá que responder. El BNG ha presentado una interpelación en la que reclama del Gobierno gallego y de la Secretaría General de Igualdad abrir una investigación sobre las condiciones en las que se encuentran las mujeres sometidas a la interrupción voluntaria del embarazo. “Es un horror, la violencia total; es intolerable”, aseguran cuatro diputadas del Bloque, que presentaron también una pregunta en pleno. Además, el Ayuntamiento de A Coruña acaba de solicitar una reunión con el conselleiro de Sanidad ante la “preocupación” por la atención del CHUAC. Tres de las concejalas que forman el gobierno local han estado presentes este jueves en la concentración ante el hospital. 

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