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Cifuentes deja a más de 2.300 estudiantes de FP sin beca tres meses después del comienzo del curso

Rafael Van Grieken, consejero de Educación de la Comunidad de Madrid y Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad. Foto: CAM

Fátima Caballero

Un total de 2.338 estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior de centros privados se han quedado sin beca este curso “falta de fondos”. La Comunidad de Madrid que preside Cristina Cifuentes les comunicó, vía mensaje de texto al móvil, que no iban a recibir la prestación económica con la que contaban. “No eres beneficiario” era el texto que contenía el SMS de la Conserjería de Educación. Fue un 28 de diciembre en plenas vacaciones navideñas, con los centros académicos cerrados y con el primer trimestre del curso superado.

La Comunidad de Madrid en 2013, con Ignacio González como presidente, acabó con los conciertos de FP de Grado Superior. Para contrarrestar esta privatización, puso en marcha estas becas para que “la falta de recursos económicos” no fuera un “impedimento” para que los estudiante pudieran estudiar en estos centros 100% privados. El Gobierno regional destina a estas becas cada año un presupuesto de 22 millones de euros: 19.800.000 euros para los estudiantes que se matriculan en mayo y 2.200.000 euros para los que se inscriben en septiembre. 

La convocatoria de esta ayuda de la Conserjería de Educación, Juventud y Deporte recoge como requisitos estar matriculado en algún centro de la Comunidad y no superar los 35 años de edad. Después, las dotaciones que los alumnos reciben varían en función de la renta, pero en ningún caso esto es una condición para recibir la prestación. Concretamente, para umbrales de renta de hasta 6.455 euros anuales, los alumnos reciben una ayuda de 2.900 euros el primer curso y 2.320 el segundo. Para rentas de 6455,01 euros a 9.318, obtienen 2.600 euros el primer año y 2.080 el segundo. Finalmente, las rentas de más de 9.318 euros, 2.300 euros y 1.840. 

Los más de 2.300 estudiantes que se han quedado sin beca pertenecen al último umbral y se matricularon en septiembre. La Comunidad de Madrid alega que se han terminado los fondos destinados a esta partida y desde la Conserjería de Educación defienden que este año se ha incrementado el número de beneficiarios un 43% con 9.038 alumnos con beca, de los más de 15.000 que se han matriculado en estos centros privados, un 38% más que el curso anterior.

Pero las quejas de los estudiantes radican en la falta de previsión de la Comunidad, ya que los alumnos que presentaron la beca y reunían los requisitos, recibieron una confirmación de presentación en octubre en la que se les indicaba incluso la cuantía a la que aspiraban. “Esperaron al 28 de diciembre para denegar las becas”, denuncia una de las afectadas. Este nuevo giro deja a las familias debiendo dinero a los centros y con serias dificultades para continuar este curso y el siguiente. 

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha asegurado a eldiario.es que los cursos en estos centros repartidos por toda la Comunidad de Madrid cuestan una media de 360 euros mensuales, durante 10 meses: 7.200 euros por las dos anualidades. “Hay estudiantes se enfrentan a la decisión de si seguir o no con el curso debiendo además dinero”, denuncia Maribel Sanz de CC.OO a eldiario.es.

“Voy a tener que dejar de estudiar”, relata a eldiario.es una estudiante del Grado Superior de Educación Infantil. “Ahora mismo debo a la escuela tres mensualidades de 300 euros y no puedo seguir el curso pese a tener el primer trimestre aprobado”, se lamenta esta alumna, que prefiere que no aparezca su nombre por miedo a “represalias”. “En mi clase hay más afectados, de los 20 alumnos, 10 no han recibido la beca”. La madre de otro afectado tiene pocas esperanzas de que la Comunidad dé alguna solución. En su caso, podrá sufragar “con dificultades” los estudios de su hijo aunque siente que están “atados de pies y manos”.

Este viernes es el último día para presentar ante la Comunidad de Madrid un recurso de reposición. Los estudiantes, además, presentaron hace unos días una queja ante el defensor del pueblo. 

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