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Anulan una semana antes una oposición a la que optaban 20.000 personas por un recurso de Hacienda

El consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha salido con la suya, por lo menos hasta ahora, en Castilla y León. En abril de este año, la Junta de Castilla y León convocó unas oposiciones de Enfermería después de que la última oferta de empleo público se hiciera en 2011. Los exámenes se iban a realizar el próximo domingo 22 y se habían sacado a oposición 554 plazas de enfermeros y enfermeras, para las que se iban a presentar 20.000 personas.

Estas oposiciones se realizaban al agrupar  las plazas de la Oferta de Empleo Público de los años 2009, 2010 y 2011.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha suspendido, de forma cautelar, esta convocatoria y da la razón al Estado, que fue quien recurrió, a instancias del Ministerio de Hacienda. En el recurso, se consideraba que con esta oposición se iban a superar los límites de déficit público máximo posible, recogido en la Ley Orgánica 2/2012

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El PP de Castilla y León impone al presidente de la Comisión de Investigación sobre el Hospital de Burgos

El consejero de Sanidad de Castila y León, Antonio María Sáez, junto al gerente del hospital de Burgos, Miguel Angel Ortiz durante una visita a las instalaciones del Hospital Universitario de Burgos en 2013 / EFE

Segunda comisión de investigación en las Cortes de Castilla y León. Y segunda vez que el PP, partido que gobierna con el apoyo de un procurador regional de Ciudadanos, aplica su visión de que es el grupo mayoritario y, por tanto, debe presidir estas investigaciones. En esta ocasión, las pesquisas tratarán de ahondar en las posibles irregularidades cometidas con la construcción, y posterior gestión, del Hospital de Burgos. Si por un lado hubo sobrecoste en la edificación que podrían superar los 400 millones de euros, también hay más que sospechas sobre la gestión privada puesta en marcha en este centro hospitalario.

La primera decisión de esta comisión de investigación, que se constituyó ayer en las Cortes de Castilla y León, fue la de imponer el nombre del presidente: será el procurador por el PP en Salamanca, Salvador Cruz, un político que ha obtenido desde la pasada legislatura un gran respaldo de su partido regional en el área de Economía.

Inmediatamente a tomar esta decisión, todos los partidos en la oposición se han lazando en tromba contra el PP, argumentando que soy ellos quien, de verdad, tiene la mayoría en el Parlamento de Castilla y León. Si se sumaran los escaños de PSOE, IU, Podemos, Ciudadanos y UPL serían mayoritarios.

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La Justicia acaba con la vida política del exalcalde de Valladolid, salvo que el PP lo rescate para Congreso o Senado

El exalcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, durante el juicio por el que se le condenó

Javier León de la Riva no deja a nadie insatisfecho. Ama a quien lo ama y aborrece a quien lo aborrece. Así ha sido siempre el exalcalde de Valladolid, el regidor que fue condenado por la Justicia por desobedecer diversos autos judiciales, el que arremetió contra todo y contra todos o aquel político que tenía especial inquina por las mujeres.

Ahora, la Audiencia Provincial de Valladolid ha desestimado el recurso que presentó León de la Riva y confirma la sentencia por el que se le condenaba a 13 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al retrasar durante casi un lustro la obligación judicial de restaurar la legalidad en el edificio de Caja Duero en la Plaza de Zorrilla por irregularidades urbanísticas y donde además tiene un piso.

De esta manera, la Audiencia de Valladolid mantiene los 13 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público de alcalde o concejal y una multa de 12.600 euros (seis meses a razón de 70 euros el día), junto con el pago de las costas, incluidas las de la acusación popular, según la sentencia que se notificó ayer a las partes.

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El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, se convierte en uno de los barones díscolos con Rajoy

Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León.

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PP en esta Comunidad Autónoma, Juan Vicente Herrera lleva meses jugando al barón díscolo. Con el ministro de Hacienda Montoro, con el de Industria José Manuel Soria. Incluso con el propio presidente del Gobierno y de su propio partido, Mariano Rajoy. Pero, ¿qué le ha llevado a plantearle, incluso, un órdago o un pulso?

En los últimos días, Herrera ha definido su estado de ánimo: "estoy un puntín cabreadado" con el Gobierno central. Y también estaba enojado con los senadores que representan a su región y que votaron en contra de los intereses de Castilla y León en el denominado 'céntimo verde'.

Y quizá por problemas de agenda, o coincidencia, pero el presidente del PP castellano y leonés se ausentó hace unos días de un encuentro de Mariano Rajoy en Toledo con los pesos pesados del partido. Al ser preguntando por esta ausencia dijo, en su tono entre enigmático y querer que le lean entre líneas: "los futbolistas a veces no están en condiciones de jugar por alguna indisposición" y también habló de una "pequeña incidencia de salud".

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Las Cortes de Castilla y León investigarán la ‘trama eólica’ en la región, pero en secreto y sin luz ni taquígrafos

Luz verde a la comisión de investigación sobre la "trama eólica" en las Cortes de Castilla y León

Al PP no le ha quedado más remedio que levantar (aunque solo sea un poco) las alfombras en la actuación del Gobierno de Castilla y León. Lo hará con una comisión de investigación, inédita desde hace casi 30 años. Pero será sin luz ni taquígrafos. Sin medios de comunicación. Con actuaciones secretas.

La oposición en las Cortes de Castilla y León –previa petición inicial del PSOE- ha obligado al PP a abrir una investigación sobre el supuesto cobro de 110 millones de euros en comisiones por parte de cargos públicos de la Junta a cambio de adjudicaciones de parques eólicos en esta Comunidad Autónoma. Pero el PP ha logrado hacerse, no solo con el poder de la comisión, sino ha impedido que sea pública, como habían pedido los partidos en la oposición: PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPL.

Desde el Parlamento regional, a través de su presidenta Silvia Clemente, se han acogido al Reglamento de funcionamiento y así han conseguido que el presidente sea el procurador del PP Juan José Sanz Vitorio –gracias a su derecho de partido más votado- y que no haya ni luz ni taquígrafos.

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¿Para cuándo el debate de la sostenibilidad de la biomasa?

Camión de reparto de bionergía.

Cuando escuchamos hablar de energías renovables en conferencias o mesas redondas, lo habitual es referirse a molinos eólicos, placas solares o turbinas hidroeléctricas. Pero es la bioenergía, es decir, el aprovechamiento energético de diferentes tipos de materia orgánica o biomasa, la principal energía renovable tanto en España como en la UE, donde supone más del 60% de la energía primaria consumida.

Las sociedades humanas llevan muchos siglos aprovechando esta fuente de energía, en forma de alimentos, pero también de leñas o carbón vegetal, para calentarse, alumbrarse, cocinar o fabricar manufacturas. En una sociedad globalizada e industrializada como la actual, el uso de la biomasa está atravesada por dos elementos diferentes pero convergentes. Tanto la progresiva escasez de combustibles fósiles como los crecientes impactos del cambio climático, consecuencia en buena medida de la combustión de aquellos durante los últimos 200 años, nos obligan a buscar alternativas al petróleo, carbón y gas. La biomasa es, en este contexto, una de las principales candidatas.

La tarea no es fácil. No existe alternativa que concentre tanta energía como los combustibles fósiles, especialmente      –pero no solo– en usos como el transporte. Por otra parte, los ingentes consumos energéticos de las sociedades industrializadas y consumistas hacen imposible satisfacer nuestras necesidades solo con renovables. Es imprescindible decrecer –en consumo energético y de materiales; no en tiempo libre, relaciones o afectos– y ser mucho más eficientes. Lógicamente, al capitalismo, obligado a crecer para sobrevivir y seguir acumulando, estos planteamientos no le encajan.

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Un juez anula la autorización de 2014 del Toro de la Vega de Tordesillas

Los participantes vitorean al lancero que ha matado finalmente a Elegido./ William Criollo.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid ha declarado nula la autorización del Toro de la Vega del pasado año, la edición de 2014, tras la demanda judicial interpuesta por el Partido Animalista-Pacma. Según ha anunciado esta organización, con la demanda se ponían "de manifiesto las irregularidades en la petición del Ayuntamiento de Tordesillas a la Junta de Castilla y León para la autorización del Toro de la Vega del año 2014".

En la sentencia, a la que ha tenido acceso La Meseta, el juez estima "íntegramente" el recurso interpuesto por Pacma contra la actuación del Ayuntamiento de Tordesillas y de la Junta de Castilla y León y "se anula" la resolución del delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Valladolid dictada el día 12 de septiembre de 2014 "por no ser ajustada a derecho"

Además, se condena "en costas" a la "Administración demandada", en este caso a partes iguales, a la Junta de Castilla y León y al Ayuntamiento de Tordesillas.

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El PSOE de Valladolid sigue en su revuelta interna, ahora con la elección de candidatos a Congreso y Senado

Javier Izquierdo, en medio, junto a Mario Bedera (izda.) y Emilio Álvarez (dcha.). Foto: Facebook PSOE Valladolid

Hace escasas semanas, cuando Javier Izquierdo, secretario provincial del PSOE en Valladolid, anunció las candidaturas al Congreso y Senado, todo parecía indicar que los socialistas vallisoletanos habían iniciado un nuevo camino de entendimiento, en el que las diferencias internas se habían difuminado.

Había un acuerdo previo entre Izquierdo y el dirigente que en los últimos años había encabezado las revueltas contra la dirección provincial, el que fuera subdelegado del Gobierno en Valladolid, Cecilio Vadillo.

Pero cuando todo parecía indicar que el conflicto se había apaciguado, cuando se creyó que el temporal había dejado paso a un mar en calma, surgieron nuevas voces discordantes y nuevas peleas que ponen a Javier Izquierdo, de nuevo, ante un fuerte temporal.

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Imputado el delegado de Acaip en la cárcel de Topas por un supuesto delito de injurias a otro funcionario

Manifestación de funcionarios de Acaip ante la cárcel de Topas. Foto: tribunasalamanca.com

Uno de los delegados sindicales de la organización Acaip, la mayoritaria en Prisiones, en la cárcel de Topas (Salamanca), ha sido imputado por un supuesto delito de injurias contra otro funcionario público, según el auto judicial al que ha tenido acceso La Meseta.

Por ello, tendrá que declarar en un Juzgado de Salamanca, después de que la titular del Juzgado de Instrucción número cinco de Alcalá de Henares (Madrid) -el lugar donde se ha presentado la querella- firmara una providencia para que se le tome declaración en calidad de imputado.

Según la querella, el delegado de Acaip pudo verter injurias en un Internet, en un foro para funcionarios de prisiones, por lo que se pide que se le condene a 10.900 euros en concepto de indemnización civil por daños morales. También se exige la publicación de la sentencia en la página principal de la web a costa de los condenados durante tres meses y retirando los contenidos injuriosos de la citada página web.

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El juicio por el asesinato de Isabel Carrasco, expresidenta de la Diputación de León, en enero de 2016 y durará 18 días

Un año sin Isabel Carrasco, símbolo del poder ejercido desde la autoridad

El juicio del año, o de la década, en Castilla y León ya tiene fecha. Una vista oral, con jurado, que tratará de concretar las causas que llevaron a una mujer, Montserrat González, de 60 años, a asesinar a Isabel Carrasco, que entonces era presidenta del Diputación de León, presidenta del PP provincial y consejera de 13 empresas públicas. También se busca determinar el grado de participación de su hija, Triana Martínez, de 36 años; y la agente de la Policía Local de León, Raquel Gago, de 42.

El día 18 de enero de 2016 comenzará el juicio en la Audiencia Provincial de León. Y durará 18 días, hasta el 17 de febrero. Durante esos días pasarán por el estrado policías nacionales, locales y otros testigos para corroborar cualquiera de las tesis de las partes.

Pero para ello, el magistrado Carlos Fernández ha firmado hoy un auto en el que concreta que los hechos justiciables pudieran ser constitutivos de un delito de asesinato con alevosía en concurso con un delito de atentado y otro de tenencia ilícita de armas.

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