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Política industrial: cero punto cero

No es casualidad que algunas empresas hayan echado el cierre en Valladolid, no por falta de actividad, sino por decisiones estratégicas de traslado a otras regiones

En Castilla y León hay muchas responsabilidades del PP por omisión y por decisiones que han sido nocivas para su tejido empresarial

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El secretario general del PSOE vallisoletano, Javier Izquierdo, y el secretario del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín.

El secretario general del PSOE vallisoletano, Javier Izquierdo, y el secretario del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín.

Sin duda, la crisis hace estragos en la economía y el empleo de nuestro país y de Castilla y León. Es probable que muchas decisiones que se toman por parte de las empresas dependen de esa coyuntura, pero no es menos cierto que parte de esa coyuntura es el entramado institucional, la política empresarial e industrial de cada territorio.

Castilla y León, y Valladolid dentro de ella, es una comunidad autónoma donde los datos de paro son, en principio, menos alarmantes que en otros territorios españoles. Pero también es cierto que nuestra tasa de actividad, es decir, lo que pesa la población activa en el conjunto de ella, es menor. Y ello es así porque nuestro parados se apuntan en las oficinas de empleo de otras comunidades autónomas; es esta una región acostumbrada a exportar infinidad de jóvenes.

Y digo acostumbrada porque aquí los jóvenes se van ahora con crisis, pero también se iban cuando atábamos los galgos con longanizas.

Conviene analizar la incidencia de la Junta de Castilla y León en la generación de un tejido industrial sólido en nuestra provincia y la verdad es que las cifras asustan. Y asustan más si añadimos los datos de las actividades comerciales y de servicios que han sufrido el rebote de la crisis en la construcción y en el sector industrial.

Un repaso telegráfico:

Hace pocos días, el hotel Foxá anunciaba su cierre y el despido de 60 trabajadores. En marzo conocíamos que el ERE de Cartisa afectaría a 108 trabajadores. A finales de 2012, Panificadora Manrique despedía a 17 trabajadores. A mediados de 2012, Cobalmix despedía 107 trabajadores, Made-Gamesa hacía lo mismo con 74 trabajadores y, en esas fechas, se conocía que Lauki había reducido su plantilla de 170 a 100 trabajadores. A su vez, la Fundición Befesa trasladaba su planta a Bilbao, dejando en la calle a 15 trabajadores. En 2011, los cierres de Urende y PC-City provocaban 51 despidos. Tecsidel hacía lo mismo con 89 trabajadores. Recordarán además los 271 despidos en Nodalia y los 250 en Tecsidel, ambas en el Parque Tecnológico de Boecillo, en 2009. Y etcétera, etcétera.

¿Sólo la crisis o hay otro tipo de factores?

Como decía más arriba, dentro de la coyuntura económica, el factor político e institucional, es decir, las decisiones de la Junta de Castilla y León también pesan. No es casualidad que algunas empresas hayan echado el cierre en Valladolid, no por falta de actividad, sino por decisiones estratégicas de traslado a otras regiones; decisiones en las que la Junta de Castilla y León, en particular el consejero de Economía, Tomás Villanueva, no han sido capaces de incidir a la inversa para que las empresas continuaran y ampliaran aquí su capacidad productiva: Befesa marchó a Bilbao, Cartisa se irá a la Comunidad de Madrid…

Asimismo, muchas decisiones urbanísticas auspiciadas por el PP en los ayuntamientos y en la Junta de Castilla y León han sido determinantes para expulsar algunas importantes empresas. En concreto, en Valladolid contábamos con un cluster industrial en cartón y papel cuyo devenir ha sido muy triste.

Un pelotazo urbanístico auspiciado por León de la Riva en Valladolid supuso el cierre de Enertec y el despido de 170 trabajadores; en tanto que decisiones similares en Arroyo, bajo mandato de quien era alcalde del PP y hoy es una franquicia suya, Méndez Freijo, ha concluido con el cierre de Smurffit, con 120 trabajadores despedidos, y la próxima clausura de Cartisa y el despido de otros 108 empleados. Pero todas estas decisiones urbanísticas han contado con el visto bueno del PP desde la Junta de Castilla y León, puesto que fue ésta la que aprobó los planes urbanísticos, y del PP de Valladolid, siendo Tomás Villanueva presidente provincial del mismo.

¿Y qué decir del polígono nunca iniciado del Canal de Castilla? Pues otra operación de especulación urbanística. Se negó la posibilidad de pagar más a los agricultores a los que se expropiaban las tierras diciendo que la Ley no permite pagar más que el justiprecio, lo que es falso, puesto que es posible llegar a mutuos acuerdos pagando precios superiores. A cambió se posibilitó el desembarco de empresas inmobiliarias, alguna de las cuales ha salido en los papeles por temas tan feos como la manipulación del Plan General de Valladolid. El desembarco se hizo mediante la compra de los terrenos por estas empresas con pagos aplazados que no parece que se hayan materializado; a cambio la Junta permutó esos terrenos por parcelas urbanizadas del futuro polígono. Resultado: agricultores a los que se debe dinero, el polígono sin hacer y el futuro precio del suelo industrial elevado por la aparición de intermediarios. Gran gestión del señor Villanueva.

En resumen, no sólo es la crisis. En Castilla y León hay muchas responsabilidades del PP por omisión y por decisiones que han sido nocivas para nuestro tejido empresarial pero, sobre todo, han sido letales para nuestros jóvenes que no encuentran oportunidades.

Todo ello requiere explicaciones y así se pedirán en las Cortes de Castilla y León por parte del Partido Socialista.

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