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REGIÓN DE MURCIA

El PSOE denuncia el uso de medios públicos por el Gobierno para defender a Pedro Antonio Sánchez

Rafael González Tovar anunció que el PSOE va a registrar iniciativas en la Asamblea Regional para conocer el alcance de los argumentarios enviados y las razones que han llevado a la Consejería a convertirse en portavoz de un ciudadano acorralado por la justicia y acusado de cuatro delitos graves, que no son errores administrativos como quiere hacer creer el PP

El portavoz socialista agregó que ahora se entiende que el Partido Popular no apoyara la eliminación de los aforamientos en la Asamblea, como defendía la oposición, para blindar al presidente, porque la situación de Pedro Antonio Sánchez sería hoy muy distinta

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El PSOE denuncia el uso de medios públicos por el Gobierno regional para enviar argumentarios en defensa personal y privada del presidente Pedro Antonio Sánchez EFE

El secretario general del PSOE-RM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, denuncia el uso de medios públicos de todos los murcianos por parte del Gobierno regional para la defensa personal y privada del presidente, Pedro Antonio Sánchez.

En el día de ayer conocimos la noticia de la elevación, por parte del Juzgado nº 1 de Lorca, de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia por haberse detectado suficientes indicios para imputar a Pedro Antonio Sánchez por los delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. “No estamos hablando de errores administrativos como quiere hacer creer el Partido Popular, estamos hablando de acusaciones judiciales y de la Fiscalía muy graves que de confirmarse entrarían dentro del capítulo de la corrupción política”.

González Tovar afirma que es inadmisible que la consejera portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, tras conocer la decisión del Juzgado nº 1 de Lorca, se dedicara a remitir, desde el correo corporativo de la Comunidad Autónoma y en su calidad de cargo público, argumentarios sobre el Caso Auditorio a distintas listas de distribución regionales.

“Parece que la consejera en su afán de salvar al presidente confunde las instituciones con el partido y ha optado por erigir al Gobierno regional en abogado defensor de Pedro Antonio Sánchez, dedicándose a organizar y enviar argumentarios políticos en defensa del presidente de la Comunidad, usando los medios públicos que paga toda la ciudadanía con sus impuestos”. En este sentido precisó que “los presuntos delitos de los que se acusa a Pedro Antonio Sánchez habrían sido cometidos en su etapa como alcalde, por lo que se trata de su defensa estrictamente personal”. Por eso, subrayó que la elaboración y envío de estos argumentarios políticos con medios públicos “no es propio de una administración que tiene que velar por el bien común y no por el interés particular de un ciudadano concreto”.

Para el portavoz socialista “es una actuación poco ética, vergonzosa y absolutamente denunciable, porque supone un abuso de poder. Ningún ciudadano podría nunca tener a su disposición un equipo de asesores públicos encargado de elaborar líneas argumentativas de defensa ni tampoco tendría a su disposición la maquinaria política y administrativa de una Consejería para intentar lavar la imagen personal y privada de un cargo público, en este caso el máximo”.

Agregó que ahora se entiende que el PP no apoyara la eliminación de los aforamientos en la Asamblea, que defendía la oposición, “lo hicieron para blindar al presidente, porque la situación de Pedro Antonio Sánchez hoy sería muy distinta y llevaría mucho tiempo imputado, además estaría siendo juzgado como un ciudadano más, sin privilegios, al igual que lo están siendo todos los miembros de su equipo en el Gobierno de Puerto Lumbreras y todos los que intervinieron en el Caso Auditorio”.

El Partido Socialista va a registrar iniciativas en la Asamblea Regional para conocer el alcance de los argumentarios enviados y las razones que han llevado a la Consejería a convertirse, en lugar de portavoz del Gobierno, "en portavoz de un ciudadano acorralado por la justicia y acusado por 4 presuntos delitos de corrupción”.

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