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Gobierno y Ayuntamientos firman la "hoja de ruta" del Plan de Derribos para la próxima legislatura

El consejero ve posible un acuerdo con ARCA para evitar recursos contra las nuevas licencias de 63 viviendas de Piélagos

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Gobierno y Ayuntamientos firman la "hoja de ruta" del Plan de Derribos para la próxima legislatura

El Gobierno y los Ayuntamientos de Arnuero, Argoños, Piélagos, Escalante, Miengo y San Vicente de la Barquera, han firmado este jueves el convenio de la segunda fase del Plan de Derribos, un documento que el consejero de Urbanismo, Javier Fernández, ha definido como la "hoja de ruta para la próxima legislatura", en el que las administraciones se comprometen a culminar los pasos dados hasta ahora.

Tras la aprobación de las autorizaciones provisionales para 450 viviendas con sentencia de derribo que se han considerado legalizables, y la firma de acuerdos con 350 familias para garantizarles una indemnización o una vivienda de sustitución en caso de que su vivienda no sea finalmente legalizada, la segunda fase del Plan de Derribos contempla la finalización de los planes generales de ordenación urbana (PGOU) y la concesión de las nuevas licencias.

También la finalización y ejecución de los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial, la construcción de viviendas de sustitución para las viviendas no legalizables y la demolición de estas últimas -"como mínimo" las 102 de La Arena, 11 en Camino del Portillo (Argoños), 17 en Cerrias y casi 200 en el Alto del Cuco(Piélagos)-.

El consejero, que ha comparecido en rueda de prensa con los alcaldes y también con el presidente de AMA, Antonio Vilella, ha explicado que PGOU de San Vicente de la Barquera recibe este mismo jueves la aprobación definitiva de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), mientras que los de Escalante y Miengo estarán aprobados "en cuestión de meses" (el de Miengo ya tiene el informe favorable de Costas) y los de Argoños y Piélagos en "año o año y medio".

Una vez aprobados los planeamientos se concederán las nuevas licencias a las viviendas con autorización provisional, sobre las que se tendrán que pronunciar los órganos judiciales que dictaron en cada caso la sentencia de demolición, que son los que tienen "la última palabra".

El consejero ha reiterado que el objetivo del Plan de Derribos es "cumplir las sentencias", por lo que si los jueces de lo Contencioso no están de acuerdo con las legalizaciones propuestas a través de las nuevas licencias, habrá que ejecutar la demolición.

NEGOCIACIONES CON ARCA

Fernández ha desvelado que está manteniendo negociaciones con la asociación ecologista ARCA, promotora de la mayoría de los recursos que terminaron en sentencias de derribo, para que no impugne las nuevas licencias y someterlas a la decisión de los tribunales, lo que "traerá tranquilidad a las familias".

El consejero ha afirmado que la "disponibilidad" de ARCA está siendo "muy positiva" y ha opinado que en el caso de Piélagos hay "muchas posibilidades" de llegar a acuerdos con la asociación ecologista para las 63 viviendas con autorización provisional en Entrelindes (20), L-05 (21) y Cerrias (22). De éstas últimas, el Consejo de Gobierno aprobará en su reunión de este viernes los acuerdos indemnizatorios.

Según Fernández, estas viviendas "ya no tienen los defectos de las licencias anuladas" porque el nuevo PGOU "ya no clasifica ese suelo como urbano sino como urbanizable", por lo que tienen "todos los visos de ser legalizadas". Asimismo, ha recordado que en Piélagos hay que demoler las 17 viviendas de Cerrias que "no se pueden salvar porque están dentro de la servidumbre de protección" de Costas y las casi 200 del Alto del Cuco.

Sobre esta última urbanización, ha señalado que el derribo se llevará a cabo "a finales de este año o el próximo año", en cuanto los tribunales den el visto bueno al proyecto de demolición presentado, y después se llevará a cabo la regeneración ambiental de la zona, un proceso que según ha dicho el consejero se podría realizar con la colaboración de ARCA.

AMA

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) también está manteniendo reuniones con ARCA, según ha explicado su presidente, quien ha afirmado que las familias afectadas por sentencias de derribo tienen "miedo, casi pánico, al optimismo" y a "lo que pueda pasar" de ahora en adelante en los tribunales.

Por ello, ha pedido a los jueces de lo Contencioso Administrativo "que se acuerden de las víctimas, de la situación tan dura que les ha tocado vivir". Además, ha destacado que AMA va a seguir trabajando a nivel nacional -la próxima semana van al Senado- para conseguir cambios legislativos que garanticen que esto "nunca vuelva a pasar".

Por su parte, el consejero ha insistido en que el proceso de legalización está "perfectamente encauzado" y ha mandado un "mensaje" a las familias afectadas, a las que ha asegurado que las administraciones "van a seguir pendientes hasta que la última familia vea resuelto su problema".

Ese es, según ha recalcado, el objetivo del convenio de la segunda fase del Plan de Derribos, firmado este jueves, y cuyo cumplimiento será supervisado por una comisión de seguimiento presidida por AMA.

Por último, Fernández ha puntualizado que el recurso de inconstitucionalidad contra las autorizaciones provisionales, pendiente de resolver, no afecta a todo este proceso porque los jueces no tienen que pronunciarse sobre esa figura sino sobre las licencias nuevas. Licencias que "probablemente lleguen" antes de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre las autorizaciones provisionales, ha concluido.

Por su parte, el alcalde de San Vicente de la Barquera, Julián Vélez, ha afirmado que el "máximo exponente" de la problemática urbanística de Cantabria se ha resuelto gracias a que también ha habido "el máximo exponente de colaboración". "Se ha sacado adelante con la colaboración de todos, porque antes nos sentíamos solos y ahora esa colaboración se ha hecho palpable", ha dicho.

El acuerdo lo han firmado el consejero y los alcaldes de Argoños, Juan José Barruetabeña; Arnuero, José Manuel Igual; Escalante, Juan José Alonso; Piélagos, Enrique Torre, y San Vicente de la Barquera, Julián Vélez. Miengo no ha podido estar presente.

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