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FAPA asegura que la Consejería quiere "privatizar" las actividades extraescolares

Afirma que Educación está "boicoteando" el trabajo de las AMPAs con el fin de "minar" la enseñanza pública

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La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cantabria (FAPA) ha acusado a la Consejería de Educación de "boicotear" el trabajo de las asociaciones de padres con el objetivo de conseguir la "privatización" de las actividades extraescolares, haciendo desaparecer las que organizan las AMPAs con su trabajo voluntario.

La federación ha realizado estas acusaciones en un comunicado a raíz de la nueva convocatoria de subvenciones para las actividades organizadas por las AMPAs, publicada el pasado lunes en el Boletín Oficial de Cantabria y que, en su opinión, es "otra medida encaminada a minar la enseñanza pública".

En su comunicado, FAPA denuncia varias cuestiones, que califica de "errores que no son fruto de la casualidad", como el cambio en las fechas de la convocatoria, que ya no se plantea para el año escolar sino para el año natural. Ello, según la federación, obliga a planificar las actividades en un punto del curso "ya muy avanzado" y sin tener la seguridad de que se puedan seguir desarrollando en las mismas condiciones y con el mismo alumnado en el siguiente curso. Además, las actividades del primer trimestre de este curso se quedarían fuera de la subvención.

También ha censurado el recorte del 40% en el presupuesto, pasando de una dotación de 275.000 euros a otra de 165.000, y se pregunta si esta diferencia podría estar destinándose al "despropósito" del programa BIP.

FAPA ha denunciado asimismo que, pasados casi ocho meses desde que finalizó el curso anterior, todavía hay muchas AMPAs que no han cobrado parte o la totalidad de la subvención concedida. Según ha dicho, hay deudas que alcanzan los 4.000 euros, "habiendo tenido que adelantar el dinero de fondos propios o incluso del bolsillo de las familias".

Para "completar la chapuza", el plazo para presentar las solicitudes se ha reducido a la mitad (de 20 días hábiles ha pasado a 10). La federación cree que se trata de una medida "de cara al futuro, para poder argumentar posible retrasos en el pago de las subvenciones con la excusa de haber sido presentada la documentación fuera de plazo".

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