Díaz Tezanos anuncia que la RSB no se suspendará a familias con menores a su cargo aunque incumplan los requisitos

El Gobierno de Cantabria, a partir del próximo 1 de enero, no va a suspender la Renta Social Básica (RSB) a las familias con menores a su cargo, aunque incumplan alguna de las obligaciones que conlleva la percepción de esta ayuda.

De esta forma, Cantabria se convierte en la primera Comunidad Autónoma del país que introduce en su normativa el interés superior del menor, tal y como lo recomienda la Comisión Europea.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado que el objetivo es “hacer todo lo posible para que los intereses y necesidades de los niños y niñas no se vean lesionados cuando son las madres y padres los que incumplen algunas de las obligaciones de la Renta Social Básica”.

Díaz Tezanos, que ha inaugurado esta mañana la jornada 'Invertir en infancia: el interés superior del menor en las políticas públicas', ha reconocido que esta medida puede resultar “polémica”, pero ha asegurado que está “convencida” de que “los menores tienen que estar en el punto de mira de las políticas del Gobierno”.

La vicepresidenta ha precisado que uno de cada tres menores en Cantabria se encuentra en el umbral de la pobreza o exclusión social, es decir, “está sufriendo directamente las consecuencias de la crisis que, lógicamente, no ha provocado”.

“A ellos y ellas no les podemos acusar de haber vivido por encima de sus posibilidades, de no haberse sabido adaptar a las circunstancias, de no haberse formado para los empleos que ahora se necesitan”, ha añadido la vicepresidenta.

En este punto, ha defendido que lo que el Gobierno tiene que hacer es “ofrecer los recursos necesarios para que salgan de esa situación porque no podemos olvidar que los niños y niñas que crecen en esa pobreza tienen menos posibilidades de tener un buen rendimiento escolar , de disfrutar de una buena salud y de aprovechar todo su potencial en fases posteriores de su vida”.

Díaz Tezanos se ha mostrado especialmente preocupada por la falta de igualdad de oportunidades que ha provocado la crisis y la política de recortes, y ha asegurado que el Gobierno ha decidido “emprender el camino de luchar contra la pobreza infantil y romper esa cadena que aboca a la pobreza una generación tras otra en una misma familia por la injusta desigualdad en las oportunidades vitales”.

La vicepresidenta ha afirmado que el Plan de Emergencia Social, que previsiblemente quedará cerrado este viernes, tiene como una de sus líneas fundamentales la detección y lucha contra la pobreza infantil, y además incorporar las recomendaciones de la Comisión Europea 'Invertir en Infancia: romper el ciclo de desventajas'.

“Se trata de tener en cuenta y en primer lugar del interés superior del menor y reconocer a todos los niños y niñas y adolescentes como titulares de derechos, a la vez que poner el acento en la importancia de apoyar a sus familias. Ése es el criterio que desde nuestra Consejería pretendemos implantar en todas las actuaciones del Gobierno de Cantabria e impulsar en el resto de administraciones”, ha afirmado Díaz Tezanos.

CANTABRIA, PIONERA

La medida, que ha anunciado la vicepresidenta, ha sido introducida en la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, que acompaña al Presupuesto de 2016, y establece que en las decisiones relativas a la suspensión y extinción de las prestaciones, cuando hay un niño o niña en la unidad de convivencia, se evalúe el interés superior del menor, y que este interés constituya la consideración primordial y se pondere respecto a los incumplimientos de obligaciones por parte de los miembros de la unidad de convivencia (sus padres o tutores principalmente) beneficiarios de las prestaciones.

Por otro lado, implica que en las resoluciones administrativas que afecten a unidades de convivencia en las que hay niños y niñas, se expliquen y justifiquen las repercusiones en los derechos y en el desarrollo del niño o niña de una suspensión o extinción, y se salvaguarde y se valore por los servicios sociales municipales la situación de negligencia a los efectos de la conveniencia de una intervención socio-educativa.