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Díaz Tezanos cree que su comparecencia en el Parlamento sobre la auditoria de MARE será "en las próximas semanas"

Los servicios jurídicos del Gobierno siguen "estudiando" las posibles responsabilidades que pueden derivarse de lo señalado en la auditoria

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La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos (PSOE), cree que, "seguramente", su comparecencia en el Parlamento regional para hablar de la auditoria de MARE realizada por la Intervención de la Administración regional que revelaba "incidencias" en las contrataciones durante la etapa de Gobierno del PP se producirá "en las próximas semanas".

Esta comparecencia llegará una vez que la auditoria, que se dio a conocer el pasado 16 de abril siendo aún provisional, ya tiene un carácter definitivo una vez rechazadas las alegaciones presentadas por parte del que era director general de MARE en la etapa a la que alude la auditoría (2013-2014), Antonino Zabala, y también por el entonces consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández (PP), que presidía el Consejo de Administración de dicha empresa pública.

Díaz Tezanos ha señalado que, tras esas alegaciones, la Intervención de la comunidad autónoma confirmó en su informe definitivo "todos los extremos" y "malas prácticas" que se revelaban en el provisional, ambos remitidos al Parlamento de Cantabria.

La vicepresidenta regional ha explicado que en esa comparecencia, con fecha aún por determinar, dará "todo tipo de explicaciones" como, según ha dicho, "ha hecho desde el primer día".

Ha señalado que la Mesa del Parlamento se reunirá este viernes, 9 de septiembre, para fijar la próximas sesiones tras el parón estival y "supone" que también las comparecencias pendientes, como la suya respecto a MARE.

La comparecencia de Díaz Tezanos y también la de Javier Fernández, solicitadas por la oposición, fueron aprobadas el pasado mayo por unanimidad de todos los integrantes de la Comisión de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Parlamento regional.

Mientras se está a la espera de esta comparecencia, Díaz Tezanos ha apuntado también que, por una parte, la nueva Dirección de MARE está "poniendo en marcha" algunas de las recomendaciones que la Intervención hacía --un total de 27-- en la auditoria para mejorar los procesos de contratación, algunas de ellas ya materializadas.

Además, ha explicado, a preguntas de los periodistas, que los servicios jurídicos del Gobierno siguen "estudiando" si de los señalado en la auditoria pueden derivarse algún tipo de responsabilidad por la gestión realizada en MARE durante esa etapa del PP.

En la auditoria se señalaban "incidencias" en las contrataciones durante esa etapa de los 'populares' en el Ejecutivo y alertaba de las capacidades concedidas en esta materia al presidente del Consejo de Administración, que era el entonces consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, y las atribuciones que desempeñaba el director general de la entidad, Antonio Zabala, más allá de las facultades que tenía.

En este informe de la Intervención General de la comunidad autónoma, de 76 páginas Y consultado por Europa Press, se apunta, entre otras consideraciones, que el régimen de apoderamientos en materia de contratación en este periodo era "inadecuado en ciertos supuestos" ya que --asegura-- permite que "el presidente del Consejo de Administración pueda celebrar y autorizar toda clase de contratos sin ningún límite y con el único requisito de firma solidaria".

Según los autores de la auditoria, se considerba que esta capacidad del presidente del Consejo de Administración representaba un "importante riesgo de control interno".

Además, se señalaba que en los expedientes de contratación analizados, todos por un valor estimado de 120.000 euros, el inicio del procedimiento de contratación, la aprobación de los distintos documentos de la fase preparatoria del contrato y la propuesta de adjudicación provisional del mismo los hacía el director general de MARE "cuando no dispone de tales facultades, según el poder que tiene asingnado".

También se cuestionaban las facultades atribuidas al director financiero por "obsoletas" y "poco operativas".

En cuanto a la contratación propiamente dicha, se mostraba la existencia de un "número importante" de modificaciones y prórrogas de contratos hechos "que no han sido autorizados ni celebrados por el correspondiente órgano de contratación competente".

También se advertía de la carencia de normas e instrucciones internas "debidamente aprobadas" que regulasen los procedimientos de contratación; se cuestiona las herramientas informáticas de la entidad para la gestión de contratos, y consideraba no acreditado el cumplimiento de todos los requisitos en materia de contratación pública en distintas fases.

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