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El PRC pide a Fomento dispositivos de control de vehículos en dirección contraria para las autovías de Cantabria

El PRC pide a Fomento dispositivos de control de vehículos en dirección contraria para las autovías de Cantabria

elDiario.es Cantabria

El Grupo Parlamentario Regionalista ha registrado una proposición no de ley, que se debatirá en el Pleno del próximo lunes, en la que propone al Ministerio de Fomento la instalación de dispositivos de bloqueo en los accesos a las autovías, para evitar vehículos en dirección contraria, y la iluminación “inmediata” de las entradas y salidas.

Así lo ha anunciado hoy el portavoz parlamentario del Grupo Regionalista, Pedro Hernando, en una rueda de prensa en la que ha mostrado su “confianza” en conseguir el apoyo del resto de grupos parlamentarios para sacar adelante esta iniciativa, que, en el caso de los dispositivos 'anti kamikaze', ha partido de una iniciativa ciudadana, impulsada por Eduardo Pesquera, que ha conseguido 340.000 adhesiones en la plataforma Change.org, y que los regionalistas consideran que “no es inviable en su aplicación, ni en lo técnico ni en lo económico”.

Por ello, plantean que el Ministerio de Fomento, que es quien tiene la competencia en la materia, “estudie y acometa” su puesta en marcha, al menos, en las autovías de Cantabria.

Se trata de una iniciativa “importante, factible y razonable”. “Técnicamente se puede; hace falta voluntad”, ha resumido el portavoz regionalista, que ha detallado que se instalarían dispositivos en 72 salidas correspondientes a las autovías A-67 y A-8, que suman 56; dos en la S-20, ocho salidas en la S-10 y seis en la S-30. El coste rondaría los 430.000 euros.

Para el portavoz regionalista, en el caso de Cantabria, es una inversión “pequeña” que permitiría realizar “una pequeña actuación de presente que evitaría situaciones tan tristes como la del 12 de enero”.

“Dentro de esa lluvia de millones, ese sueño para Cantabria, esos 400.000 euros serían una pequeña actuación de presente que evitaría situaciones tan tristes como la del 12 de enero”, ha señalado el parlamentario, en alusión al accidente que causó tres víctimas mortales provocado por un vehículo que circuló por la A-8 en sentido contrario a la altura de Caviedes, y a la inversión 'millonaria' anunciada por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

En este sentido, Hernando ha asegurado que los accidentes con vehículos que circulan en sentido contrario no son hechos aislados en Cantabria, y ha leído una lista que incluía uno o más siniestros de estas características cada año desde 2008 hasta el actual. “No son esporádicos, tienen una enorme gravedad y su consecuencia es la muerte de conductores inocentes”, ha subrayado.

Retahíla de accidentes

Así, ha recordado el accidente ocurrido el 9 de octubre de 2008 donde murió un conductor “suicida” en la Autovía de Parayas tras chocar frontalmente con un turismo; el del 10 de diciembre de 2009 donde tras un choque frontal en la A-8 a la altura de Quijas fallecieron dos personas; el 29 de octubre de 2011, cuando hubo un accidente mortal en Vargas, N-634, a la altura del kilómetro 223; el 9 de mayo de 2012, cuando un 'kamikaze' circuló durante 15 kilómetros en sentido contrario en la autovía A-8, desde San Vicente de la Barquera a Cabezón de la Sal, sin causar víctimas; y el del 13 de agosto de 2014, cuando tuvo lugar una colisión con dos heridos graves en la A-8, cerca de Solares.

Asimismo, el 28 de octubre de 2015, un conductor circuló tres kilómetros en sentido contrario por la A-8, causando un accidente a la altura de Colindres; el 28 de agosto de 2016 un conductor en dirección contraria provocó la muerte de un vecino de Tanos en la A-67; el 7 de noviembre de 2016 un conductor ocasionó una colisión con tres vehículos al circular casi un kilómetro en sentido contrario por la A-8 a la altura de Saltacaballos; y a principios de enero, en esta misma vía, un conductor fue detenido tras escapar en sentido contrario de varios controles policiales en Castro Urdiales.

Hernando ha concluido enfatizando que la iniciativa podría ponerse en marcha en Cantabria “como proyecto piloto” porque “una vida humana no se puede evaluar económicamente”.

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