Más confusión, más lío

Uno no tiene vocación de agorero pero ya anunciaba un lío inminente con la implantación de la FP básica en el sistema educativo vasco. Sé que estos temas para el público “municipal y espeso”, que decía una vieja amiga, resultan muy lejanos pero procuraré acercar el tema a nuestros lectores.

Como todo el mundo ya sabe, la aprobación de la llamada ley Wert conlleva un calendario de implantación imposible: el próximo curso se deben implantar los cursos impares de Primaria (1º,3º,5º) y la Formación Profesional Básica. Esta FP nueva se diseña en la ley para alumnado con graves dificultades o con escasas posibilidades de obtener el graduado en ESO; se pretende que tras el primer ciclo de la ESO se oriente hacia esta FP Básica, al alumnado “disruptivo”, alumnado objetor escolar, en riesgo de exclusión o en la exclusión, que antes accedía a los antiguos Programas de garantía social y que desde el 2007 hasta ahora cursaba los Programas de Cualificación Profesional Inicial.

Los nuevos ciclos de la Formación Profesional Básica de la LOMCE serían de oferta obligatoria y carácter gratuito con una duración de 2 años y posibilitarán la obtención de un título de FP Básica en 14 títulos a los chavales a partir de los 15 años. En definitiva, “se trataría”, en la intención de esta ley, de una FP integrada dentro de la Educación básica en la oferta ordinaria de los centros que imparten la ESO y/o la FP.

En algunas comunidades autónomas los Programas de cualificación profesional inicial actuales están, en su mayoría, en los centros públicos; en Euskadi dista mucho de ser así. Es más, durante el período de vigencia de los PCPIs, que empezaron a implantarse en 2007/ 2008, hemos asistido en el caso de los centros públicos a ir conformando centros de FP sin ESO y sin Bachillerato. Nos encontramos ahora que la LOMCE establece una FP básica con unas prácticas que sólo se pueden ofrecer en centros que tengan las instalaciones para ello, es decir, en centros de FP.

En Euskadi, los PCPIs , junto con la Diversificación curricular, han sido las dos grandes medidas de tratamiento a la diversidad escolar; esto nos ha permitido reducir los índices de abandono escolar temprano y de fracaso en la obtención de la titulación del graduado de ESO a unos índices que son los mejores de España.

Pues bien, mientras la Diversificación curricular se ha cursado en los centros ordinarios, los PCPI se han externalizado en su gran mayoría; así vemos que si en el conjunto de España el 77,8% de los centros que imparte PCPIs son públicos en Euskadi de un total de 67 centros sólo 6 son públicos, 27 son municipales y 33 concertados o de entidades sin ánimo de lucro.

Esta es una situación de partida para implantar la FP Básica de Wert que condiciona y complejiza sobremanera su implantación porque la mayoría de los centros de ESO y Bachillerato de la red pública no tiene la infraestructura ni el profesorado para atender esta FP. Es decir, sólo lo podrían hacer los centros de FP pero previa reconversión total del sector que ahora lo imparte. Esto no se puede hacer en 9 meses; entre otras razones porque tampoco está dilucidado el currículo de los 14 títulos que se pretende impartir. ¿Qué hacemos con la infraestructura de años que han levantado los municipios para atender esta oferta o con las entidades sin ánimo de lucro que atiende a esta población escolar de exclusión social? ¿Qué hacemos con estos trabajadores?

En este contexto no cabe sino pedir o “ganar” tiempo para abordar la cuestión; no le debe extrañar a nadie, ni al PP, pues lo mismo pasó con los PCPIs en su día: hubo que retrasar su implantación porque había que decidir previamente aspectos de todo tipo. ¡No hay tiempo material para hacerlo!

Ante esta situación, la consejera de Educación ha presentado un decreto para informe preceptivo del Consejo Escolar muy “creativo” pero de escasa viabilidad jurídica, me temo. El decreto que consta de cinco páginas – 3 de exposición de motivos- pretende modificar el decreto del currículo de la Educación básica en vigor desde 2007 introduciendo un artículo nuevo (29 bis) para presentar el Programa de Formación Transitoria Integrada con el que sustituir a los actuales PCPIs. La novedad, aparte del nombre, consiste en que se abren (art.29 bis 5) estos programas, a la obtención, no sólo, de un perfil profesional de nivel 1 de cualificación profesional, sino también y esto es jurídicamente cuestionable, “a unidades de competencia de Nivel 1 y 2 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales”. Es decir, que en Euskadi a través de esta “FP transitoria integrada” que nos acabamos de inventar damos la posibilidad de que se obtengan unidades de competencia propias de un ciclo de grado medio de FP.

Todo gobierno debe ser fuente de seguridad jurídica; este decreto es una fuente de lo contrario y puede dejar en el limbo jurídico estos estudios, las convocatorias de subvenciones, y todos los actos administrativos que le sucedan, así como los estudios que se cursen quedarían en una suerte de limbo jurídico... Desconozco el informe jurídico que avala el decreto pero me temo que por evitar el problema de su implantación se está creando confusión y lío añadido.

Somos muchos los que compartimos con la consejera su rechazo a la implantación de la LOMCE pero creo que en lugar de meterse en un terreno de tanta inseguridad jurídica lo que procede es convencer al inefable ministro de que lo que no “pué ser no pué ser y es imposible”. No es tarea fácil.