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AI reivindica en una marcha los derechos sexuales y reproductivos de la mujer
Activistas de Amnistía Internacional (AI) han marchado esta tarde por las calles de Valencia para recordar que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también son derechos humanos.
La manifestación ha completado una jornada en la que cerca de 340 activistas de esta organización humanitaria, en representación de sus 74.000 socios en España, se han reunido en Valencia para celebrar su 41 asamblea general.
La marcha ha partido de la facultad de Medicina, donde ha tenido lugar la asamblea, para recorrer varias calles de la ciudad hasta concentrarse en la plaza del Patriarca, en un acto organizado bajo el lema de la campaña global de AI 'Mi Cuerpo Mis Derechos'.
La portavoz de la organización Ana Gómez ha explicado a EFE que esta campaña tiene por objetivo recordar que los derechos sexuales y reproductivos “también son derechos humanos”.
Según ha recordado, en países como Marruecos el Código Penal distingue entre víctimas de violación “dependiendo de si son vírgenes o no” y que, por ejemplo, en Argelia y Túnez los violadores de adolescentes pueden eludir el castigo casándose con sus víctimas.
También, que en Burkina Faso el personal médico puede negar a las mujeres los métodos anticonceptivos si no tienen permiso de sus esposos.
En la manifestación, ha participado la activista y defensora iraní de derechos humanos Nilufar Saberi, quien ha denunciado que en su país las autoridades “pretenden convertir a las mujeres en máquinas de procrear, dificultando el acceso a los anticonceptivos y excluyéndolas del mercado laboral si no tienen hijos”.
En la asamblea, los activistas han trasladado su “preocupación” por el hecho de que, en España, y a pesar de que el anteproyecto de ley sobre aborto fue retirado, se exija a las “adolescentes de 16 y 17 años el consentimiento parental para acceder a servicios legales de aborto, y el consentimiento expreso de sus representantes legales en el caso de mujeres con discapacidad”.
En su opinión, de materializarse, esta propuesta podría “limitar la autonomía de las menores y desalentar a la mujer de buscar servicios legales y sin riesgos”, tal y como aseguran diversos organismos internacionales.
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