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AMP-Defensora del Pueblo cuestiona el trato de crímenes de ETA en libros de texto y pide abordarlo en el pacto educativo

Cita a una editorial que incluye la reivindicación del atentado de Carrero Blanco, mientras ninguna da voz a las víctimas

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Un estudio encargado por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, cuestiona el tratamiento que se da al terrorismo de ETA en varios libros de Historia de España de 2º de Bachillerato y, por ello, pide que esta cuestión se aborde en el marco del futuro Pacto Nacional por la Educación.

En un informe sobre la situación actual de los derechos de las víctimas de la banda terrorista, recogido por Europa Press, la institución advierte de que en los libros de texto hay una "ausencia total de algún ejercicio de reflexión sobre las consecuencias sociales, políticas y personales de los atentados, secuestros o amenazas" cometidas por la organización terrorista.

Al constatar la "falta de precisión" que existe en el tratamiento de los crímenes de ETA en las aulas, la oficina del Defensor del Pueblo pide "fomentar el respeto y consideración a las víctimas de terrorismo" e incluir el rechazo a esta lacra "desde una óptica filosófica y moral" en el futuro pacto educativo y en los reales decretos por los que se establece el currículo básico de la ESO y el Bachillerato.

Durante el análisis de un total de 14 manuales de texto, la institución detectó que un libro de la editorial Akal contiene un documento de ETA que incluye la reivindicación de los terroristas del atentado contra el almirante Luis Carrero Blanco en 1973. Sin embargo, en "ninguno" de los libros examinados "se encuentra un solo testimonio o una reflexión" de una víctima de terrorismo "como texto complementario".

La incorporación del punto de vista de las víctimas, señala el informe, "serviría de ejemplo para los más jóvenes de lo que supone un atentado terrorista y sus consecuencias en la vida de una persona".

"NINGUNA MENCIÓN" A LEYES "CLAVE"

Asimismo, la institución también recalca que en los libros de Historia no existe "ninguna mención" a las leyes "clave" para el tratamiento a las víctimas del terrorismo: la de Solidaridad con las Víctimas, del año 1999, y la de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas, de 2011.

Estas normas son la vía a través de la que la sociedad española "rinde homenaje" a los fallecidos y heridos por terrorismo y expresa "su compromiso permanente" con todas las personas que lo han sufrido, defiende el informe.

También hace hincapié en que los libros "apenas" reflejan estadísticas concretas de asesinatos y de atentados terroristas, y tampoco incorporan "imágenes que reflejen la barbarie del terrorismo".

La oficina del Defensor del Pueblo apunta que el terrorismo de ETA "ha afectado, directa o indirectamente, a toda la sociedad española" y sostiene que, "sin una exposición previa" de lo que ha supuesto esta forma de criminalidad, los alumnos "no pueden percibir" que el terrorismo "ataca" y "destruye" derechos fundamentales.

EXPLICAR EL CARÁCTER "PERVERSO" DE ETA

"Un planteamiento antropológico que explicara el carácter intrínsecamente perverso del terrorismo ayudaría mucho a que las futuras generaciones de españoles conocieran realmente lo que significa y lo que supone convivir con él dentro de un régimen de libertades", destaca.

Previamente a la exposición del análisis, la institución recuerda la famosa cita 'aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo' e incide en que "ante el olvido, se está abocado a volver a padecerlo". Y reivindica un relato sobre ETA "que tenga una perspectiva victimológica, centrada en las víctimas" ya que, si no, "la diferencia entre el bien y el mal quedaría indebidamente difuminada".

"La sociedad en su conjunto tiene el deber moral de elaborar un relato verdadero y objetivo en el que estén presentes --de manera destacada-- las víctimas de terrorismo, para que nuestros jóvenes no tengan duda de quiénes fueron los verdugos y quiénes fueron las víctimas", apostilla.

REFORZAR ACCIONES EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

En este sentido, además de solicitar al Ministerio de Educación que se aborde este asunto de cara al pacto educativo, la oficina dirigida por Soledad Becerril pide a Exteriores un plan de actuación en el ámbito internacional con la participación de asociaciones del víctimas "para un mejor conocimiento del daño causado por el terrorismo en foros internacionales", especialmente en el ámbito de Naciones Unidas, Consejo de Europa y la Unión Europea.

Asimismo, recomienda "reforzar la acción exterior" encaminada a satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas para lograr extradiciones de los autores de atentados terroristas que están en libertad en otros países.

De hecho, el informe recuerda que Bélgica, en el año 2013, negó la extradición de una terrorista detenida en Gante y subraya el intento que hace el entorno de ETA "por instaurar a nivel internacional un relato favorable a sus pretensiones" y por evitar que otros países no reconozcan a España "como un Estado plenamente democrático y de derecho".

COOPERACIÓN INTERNACIONAL "AÚN INSUFICIENTE"

En esta misma línea, avisa de que la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y el derecho a la justicia de las víctimas es "aún insuficiente" a pesar de los "indudables logros alcanzados", Al respecto, apunta que la presencia de víctimas en foros políticos y académicos internacionales "es imprescindible para la construcción de un relato verdadero"

Entre las recomendaciones de la Oficina del Defensor del Pueblo está precisamente "ejercer las iniciativas pertinentes" en el procedimiento de extradición de los miembros de la organización terrorista que no estén a disposición de la justicia española y tienen causas pendientes en España. Y también solicita "evitar" la prescripción de los atentados cometidos por ETA no resueltos y pide "continuar" las actuaciones procesales emprendidas para intentar depurar responsabilidades penales en dichos casos.

Otro de los consejos es unificar en un solo archivo digitalizado todas las causas judiciales por delitos de terrorismo, así como la documentación administrativa complementaria; y crear un registro oficial de víctimas de terrorismo.

Además, la institución aconseja reforzar el derecho de las víctimas a acceder a la información disponible sobre investigaciones judiciales para esclarecer hechos e identificar a los autores de atentados así como revisar la actualización de los plazos para el ejercicio de los derechos de las víctimas con el fin de evitar su prescripción, y atender a los derechos de los heridos.

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