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Abierto juicio contra un sacerdote acusado de tocamientos a menores en Soria

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Abierto juicio contra un sacerdote acusado de tocamientos a menores en Soria

Abierto juicio contra un sacerdote acusado de tocamientos a menores en Soria

La Audiencia Provincial de Soria ha abierto esta semana juicio oral para resolver la denuncia interpuesta por el Ministerio Fiscal contra un sacerdote que impartía Religión en un colegio de Medinaceli, por un presunto delito contra la libertad sexual de menores de 13 años, cometido sobre tres alumnas.

Cuatro menores que denunciaron haber sufrido tocamientos, una madre de ellas y dos profesores del CRA El Jalón -de Arcos de Jalón y al que pertenece el colegio de Medinaceli-, declararon ayer a puerta cerrada en la primera sesión de este juicio que continuará mañana con la declaración del acusado, el sacerdote J.S.T., del director del centro y de una inspectora de Educación.

El Ministerio Fiscal sostiene en sus conclusiones provisionales que el acusado, durante un examen de la asignatura de Religión que impartía en el segundo trimestre del curso 2012/2013, "procedió a realizar tocamientos y caricias, con ánimo libidinoso, en los pechos de las menores".

La Fiscalía pide en total ocho años de cárcel para el acusado por estos hechos, además de la prohibición de acercarse a las menores a una distancia inferior a quinientos metros y de comunicarse con ellas durante dieciséis años, así como una indemnización de 3.000 euros a cada una.

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria presentó la denuncia en el Decanato de Juzgados de Soria después de que el Ministerio Fiscal abriera diligencias la primera semana de marzo de 2013, tras poner en su conocimiento la Dirección Provincial de Educación este presunto caso de tocamientos a menores por parte del citado docente.

La Junta decidió apartar al profesor de su trabajo como medida preventiva para evitar la alarma social hasta que se aclarase la veracidad o no de estos hechos.

El obispo de Osma-Soria, Gerardo Melgar, adoptó entonces las medidas cautelares previstas por la legislación emanada de la Santa Sede y de la Conferencia Episcopal Española, y mostró su disposición a colaborar con la Justicia "salvando siempre el derecho de presunción de inocencia del sacerdote".

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