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Aduanas cree que el alcalde Santiago conocía el carácter fraudulento de un contrato

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Aduanas cree que el alcalde Santiago conocía el carácter fraudulento de un contrato

Aduanas cree que el alcalde Santiago conocía el carácter fraudulento de un contrato

Varios informes elaborados por el Servicio de Vigilancia Aduanera, que actúa como policía judicial en la operación Pokemon, atribuyen al alcalde de Santiago, Angel Currás, imputado en esta operación, el conocimiento de "todo el proceso de adjudicación" de una escuela infantil y la contratación de su personal, así como las "circunstancias fraudulentas".

Los citados documentos, instruidos por los supuestos delitos de blanqueo de capitales, fraude, uso de información privilegiada y cohecho, figuran entre las diligencias incorporadas al sumario, al que EFE ha tenido acceso.

Según estos informes, aunque el alcalde "no mantiene contactos directos vía telefónica" con los representantes de la empresa adjudicataria de la escuela infantil de Salgueiriños "sí existen referencias según las cuales mantiene al menos una entrevista personal" con uno de sus responsables en el ayuntamiento "por temas de personal".

Asimismo, continúan los investigadores, "parece claro que propone al menos a una persona de los enchufados para su contratación" en la escuela por la empresa adjudicataria, "si bien es conocedor de la propuesta total de enchufados".

Los currículums de estas personas "son filtrados en el mismo ayuntamiento" en una reunión en la que también están presentes la concejala de Educación, Rebeca Domínguez, también imputada, y el jefe de gabinete del alcalde, Francisco Castro, también imputado, "por lo que también se puede presumir que tiene conocimiento de todo el proceso de adjudicación y sus circunstancias fraudulentas".

En esta pieza los investigadores consideran que dos funcionarios municipales, imputados, coordinaron la tramitación presuntamente fraudulenta del concurso, por una parte y, por otra, comunicaron a la empresa finalmente adjudicataria la existencia del concurso antes de que el pliego de cláusulas administrativas hubiera sido aprobado.

También cuestionan los informes que el concejal socialista Bernardino Rama hubiese facilitado los nombres de otros "enchufados" porque, según se recoge en los documentos en las conversaciones intervenidas a los responsables de la empresa adjudicataria "hay que proponer a alguno del otro lado (oposición) porque esto es cíclico (...) que no metieran a todos de tal (del Gobierno) porque ahora están estos pero después pueden estar otros".

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