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Aduanas recaba expedientes del servicio de agua en el Ayuntamiento de Pontevedra

Aduanas recaba expedientes del servicio de agua en el Ayuntamiento de Pontevedra

EFE

Pontevedra —

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Funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera se han personado hoy en el Ayuntamiento de Pontevedra para requerir documentación relacionada con las empresas Viaqua, antigua Aquagest, y Viuda de Cándido, por orden del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, que dirige Pilar de Lara.

Esta actuación se enmarca en una de las piezas separadas surgidas a raíz de la operación Pokemon.

Los funcionarios reclamaron toda los contratos con empresas del grupo Aguas de Barcelona (Agbar), que en Pontevedra solo incluye a Viaqua, según ha señalado en rueda de prensa el concejal de Régimen Interior, Vicente García Legísima, que ha indicado que Aduanas busca también los datos de facturación con esta empresa y con Viuda de Cándido desde 2009.

Viaqua gestiona el agua de Pontevedra desde 1997, dos años antes de que el BNG desbancase al PP del Gobierno local, y su contrato está en vigor hasta 2017.

Fuentes municipales señalan que para recoger toda los datos de facturación, dispersos entre varios edificios municipales, hará falta una “camioneta”.

Viuda de Cándido es una empresa de autobuses local con la que el Ayuntamiento de Pontevedra contrata de forma ocasional para transportes relacionados con iniciativas locales de empleo y talleres, según citó de memoria Legísima.

Otro edil señala que en la contratación de autobuses se trata habitualmente de mantener un equilibrio entre las empresas del ramo en la comarca, que tienen precios “similares”.

El registro de hoy se enmarca dentro de la pieza cuarta abierta por Pilar de Lara en el marco de la investigación de enchufes y sobornos a cambio de adjudicaciones, que atañe fundamentalmente a Viaqua (que cambió de nombre precisamente para evitar su identificación con la investigación), de la que en parte se ha inhibido ante los juzgados centrales de Instrucción.

“Mirad cómo tiemblo”, ironizó Legísima moviendo las manos, tras ser preguntado por si en el Gobierno local cundiría la preocupación tras este registro.

El edil se ha mostrado crítico con la jueza, cuya actuación, “con todos los respetos, no causa sorpresa”, ha dicho en alusión al ingente tamaño de la operación, y de nuevo irónicamente, ha atribuido a “casualidades” que el registro se produzca el mes previo a las elecciones generales.

“Suscribo, y no lo hago muchas veces, las palabras del fiscal superior de Galicia y del presidente del TSXG de que se le hace flaco favor a la justicia manteniendo estas causas abiertas eternamente”, ha añadido el edil, abogado de profesión, que entiende también que “habrá juzgados competentes en Pontevedra para investigar esto”.

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