La Audiencia Nacional admite a trámite la denuncia de Covite contra 76 presos

El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional ha admitido a trámite la denuncia presentada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo Covite contra 76 presos y exreclusos de ETA a los que acusa de haber utilizado documentación falsa para redimir sus condenas.

El pasado 19 de octubre, Covite presentó su demanda en la Audiencia Nacional para acusar a estas 76 personas de un delito de uso continuado de documentación falsa, que emplearon para matricularse en estudios para obtener beneficios penitenciarios.

En concreto, Covite sostiene que los presos presentaron documentos falsos para poder inscribirse en carreras de la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) y de la UNED, gracias a lo cual algunos de ellos consiguieron reducir casi a la mitad su tiempo de estancia en prisión.

Entre los denunciados se encuentra el coordinador de Sortu en Gipuzkoa, Joxean Agirre, de quien Covite asegura que hizo el examen de selectividad en 2001, diez años después de comenzar sus estudios universitarios.

También fue denunciado Inamol Haranburu Carrera, quien fue propuesto para el cargo de jefe de Negociado de Escuelas de Idiomas y Acreditación de la Consejería de Educación del Gobierno de Navarra, así como el histórico miembro de ETA José Antonio López Ruiz, “Kubati”, Cándido Aspiazu, condenado por el asesinato de Ramón Baglietto, e Iñaki Arakama Mendia, “Macario”, entre otros.

Covite aportó pruebas de que se utilizaron DNI con números falsos -varios de ellos tienen números correlativos-, se duplicaron números de identificación o se obtuvo la selectividad años después de cursar presuntamente los estudios universitarios.

En otros casos, según aseguró el colectivo de víctimas, ni siquiera constan los documentos que acrediten haber cumplimentado las vías de acceso a la universidad.

La asociación de víctimas del terrorismo sostiene que en muchos de los supuestos denunciados los presos utilizaron esos documentos falsos para beneficiarse de la derogación de la doctrina Parot y ser excarcelados.

Covite argumentó en su denuncia que los presos y expresos denunciados han cometido un delito de uso continuado de documentación falsa descrito en el artículo 393 del Código Penal.

En su demanda, Covite solicitó que se requiriese a la UPV-EHU, al centro de la UNED de Bergara y al Ministerio de Educación los certificados correspondientes.

Esta denuncia se suma a las anteriormente presentadas por Covite contra otros 11 presos de ETA por los mismos motivos.