La Cámara venezolana recibe una carta de los parientes de los políticos presos entregada a la OEA

Un grupo de familiares de políticos presos venezolanos encabezado por Lilian Tintori, la esposa del opositor encarcelado Leopoldo López, entregó hoy a la Cámara de Venezuela una carta, recibida y firmada por la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que solicitan se aplique la Carta Democrática al país.

“Estamos un grupo de familiares de presos políticos, expresos políticos, (...) familiares de exiliados y perseguidos, venimos respetuosamente a la Asamblea Nacional a entregar un documento al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges”, dijo Tintori a los medios desde la Cámara.

Este documento, que pide “con urgencia” la activación del instrumento jurídico, está dirigido al secretario de la OEA, Luis Almagro, y fue entregado en la sede de ese organismo en Caracas el viernes pasado cuando, según Tintori, fue recibido y firmado y se les solicitó entregarlo en el Parlamento venezolano.

Según la esposa de López, este paso lo realizan “por solicitud” de la OEA y “para cumplir con el orden institucional” de ese organismo.

Desde el Poder Legislativo, este grupo de personas desplegó hoy una pancarta con la lista de los nombres de 117 personas que, según ellos, son “presos políticos” del Gobierno de Nicolás Maduro.

Por su parte, Julio Borges, como jefe del Legislativo, se comprometió a realizar una sesión especial dedicada “únicamente” a los “presos políticos”.

“Vamos a invitar a organizaciones no gubernamentales, a los cuerpos diplomáticos, a las organizaciones que puedan presionar internacionalmente para lograr la liberación, y hacer de ese evento un evento que sacuda las conciencias de quienes tienen secuestrado el poder en Venezuela y tienen también secuestrada la libertad”, dijo Borges.

Este grupo de familiares de opositores encarcelados apoya la aplicación de la Carta Democrática tras considerar que el Ejecutivo tiene un carácter “no democrático y despótico”.

La Carta Democrática es un instrumento jurídico de la OEA cuya última consecuencia es la suspensión de un Estado miembro.