Condenado a 112 años de cárcel líder nacional de una pandilla salvadoreña

Un tribunal de El Salvador condenó hoy a 112 años de prisión a José Timoteo Mendoza, considerado líder “nacional” de la facción Sureños del Barrio 18 y quien recibió beneficios carcelarios durante una polémica tregua entre pandillas, entre 2012 y 2014, informó la Fiscalía.

El pandillero recibió la condena por ordenar desde una prisión el asesinato de un hombre y una niña de 8 años en noviembre de 2014; también se le atribuyó un intento de homicidio, tres casos de extorsión y agrupaciones ilícitas.

“Mendoza guarda prisión desde hace varios años por otros homicidios y en el año 2012 fue beneficiado en el proceso de tregua junto a otros pandilleros, que fueron trasladados del penal de máxima seguridad” a otro con un menor régimen, explicó la Fiscalía.

La entidad agregó que el conocido como “El Chory” “era el responsable de controlar el comercio de droga y otros delitos” en los orientales departamentos de San Miguel y La Unión.

Aunque la condena fue de 112 años de prisión, Mendoza deberá cumplir un máximo de 60, de acuerdo con la ley salvadoreña.

Junto a este fueron condenados otros dieciocho miembros de la misma pandilla a penas de entre 4 y 67 años de prisión por los delitos de extorsión, agrupaciones ilícitas y homicidio.

En 2012, alrededor de 30 cabecillas de pandillas fueron sacados del penal de máxima seguridad a presidios comunes en una aparente concesión del Gobierno a estos grupos, supuestamente para facilitar el armisticio.

José Timoteo Mendoza esta relacionado también con el proceso en el que fue condenado y luego excarcelado el sacerdote español Antonio Rodríguez, por introducir objetos ilícitos en las cárceles.

Según la prensa local, la Fiscalía dio a conocer unas grabaciones privadas y utilizadas como prueba en el juicio en las que “El Chory” pedía ayuda a Rodríguez para no ser llevado nuevamente al penal de máxima seguridad.

A principios de junio pasado, el ministro de Seguridad durante la tregua y actual titular de la Defensa, David Munguía Payés, fue el primer alto cargo en admitir públicamente que la tregua fue una política estatal que tuvo el “respaldo” de la OEA bajo el mando de José Miguel Insulza.

En febrero de 2015, citado por la Fiscalía para hablar sobre la tregua, el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) justificó el acompañamiento del Gobierno al pacto de no agresión porque durante esta el promedio mensual de muertes violentas pasó de 340 a 160, y el registro diario de asesinatos bajó de 15 a 5.

El país centroamericano es considerado uno de los más violentos del mundo por sus índices de 103 y 81,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 y 2016, respectivamente, atribuidos principalmente a las pandillas.