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Condenan en Chile a 35 agentes de Pinochet por la desaparición de una embarazada

Condenan en Chile a 35 agentes de Pinochet por la desaparición de una embarazada

EFE

Santiago de Chile —

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Un juez chileno condenó hoy a penas de entre cuatro y diez años de prisión a 35 agentes del dictador Augusto Pinochet por la desaparición de una opositora de 29 años, embarazada de cinco meses en el momento de su detención, en diciembre de 1976, según informaron fuentes judiciales.

La víctima, Reinalda Pereira Plaza, era una tecnóloga médica y miembro del Partido Comunista que daba cobijo a perseguidos por la dictadura militar, según el fallo dictado por el juez especial Miguel Vásquez, de la Corte de Apelaciones de Santiago.

La lista de condenados la encabezan el brigadier Pedro Espinoza Bravo, el coronel Juan Morales Salgado y el comandante de Carabineros Ricardo Lawrence Mires, sentenciados a diez años de presidio por el juez.

Los tres se encuentran actualmente en prisión, cumpliendo sentencias tras ser condenados en decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos, que en el caso de Espinoza suman más de 500 años.

Los demás sentenciados, agentes también de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta de Pinochet, y entre los cuales hay siete mujeres, fueron condenados a penas de entre cuatro y siete años, como autores o cómplices del delito.

Otros once procesados, tres de ellos mujeres, fueron absueltos por el juez al no haberse acreditado su participación en los hechos.

Reinalda Pereira Plaza, embarazada de su primer hijo, fue detenida el 15 de diciembre de 1976 y conducida al cuartel “Simón Bolívar”, un centro de exterminio cuya existencia se conoció hace pocos años por la delación de un empleado de confianza del general Manuel Contreras, el jefe de la DINA, ya fallecido.

De acuerdo con el testimonio de ese delator, apodado “el Mocito”, y los testimonios de otros agentes, se pudo establecer que ningún prisionero llevado a ese lugar sobrevivió.

Durante la dictadura de Augusto Pinoochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, de los que nueve casos corresponden a mujeres embarazadas.

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