El Congreso debate la reforma integral del Constitucional que propone Ciudadanos

Con el telón de fondo de la reciente renovación del Tribunal Constitucional acordada entre PP y PSOE, el Pleno del Congreso debatirá el próximo martes una proposición no de Ley de Ciudadanos en la que plantea impulsar una reforma del alto tribunal para blindarlo de pactos que lo desprestigian.

Dicha iniciativa llega cuando Juan José González Rivas acaba de tomar posesión como presidente del alto tribunal gracias al apoyo del sector conservador, mayoritario en el tribunal, si bien su elección se ha atribuido a ese pacto entre populares y socialistas en el Senado, criticado por el resto de fuerzas políticas.

También han entrado en el TC el ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, la catedrática de Derecho Constitucional María Luisa Balaguer y el catedrático de Derecho del Trabajo Alfredo Montoya, mientras que ha sido renovado Ricardo Enríquez.

Dice Ciudadanos que “la designación parlamentaria de los magistrados ha venido confundiéndose con una designación partidista, opaca y sometida, no únicamente a la trayectoria profesional sino especialmente a la afinidad ideológica del candidato, cuando no a su efectiva al partido proponente”.

Es por ello que Ciudadanos quiere cambiar algunos aspectos del sistema de elección de los magistrados del alto tribunal, proponiendo que el nombramiento sea a través de una convocatoria pública y con una evaluación del “mérito público” de los aspirantes.

La iniciativa del partido de Albert Rivera plantea también que se vete la entrada al TC a quienes “en los últimos años hayan sido cargos electos, miembros del Gobierno o de los Gobiernos autonómicos, altos cargos de las Administraciones Públicas, de partidos políticos, de sindicatos y cualesquiera otros organismos que se estimen apropiados”.

Reclama que se garantice la limpieza del proceso de elección mediante una convocatoria pública de vacantes, la realización de informes (públicos) por una comisión técnica independiente y la realización de “verdaderas” sesiones de audiencia en las cámaras parlamentarias.

Para Ciudadanos, el mandato de los miembros del tribunal de garantías debe ser de doce años (cuando ahora mismo es de nueve).

Asimismo, pide elevar a 25 años de ejercicio profesional el requisito exigido a los juristas de reconocida competencia e incrementar a 75 años la edad de jubilación de los magistrados.

Y también demanda medidas para evitar el “colapso inaceptable” que a su juicio padece el tribunal mediante la introducción de mecanismos eficaces de cumplimiento de los plazos máximos y de uno concreto “reducido” para aquellos en los que se vean afectados los derechos fundamentales.