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La Cooperación Española dio préstamos a fondos radicados en paraísos fiscales hasta 2012

El Tribunal de Cuentas sugiere cambiar la ley para prohibir expresamente este tipo de operaciones

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El Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), una de las herramientas principales de financiación de la Cooperación Española, y antes su sucesor, el FAD, concedieron préstamos a fondos radicados en paraísos fiscales, según alerta el Tribunal de Cuentas en un informe hecho público este martes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, del que depende el FONPRODE, ha asegurado a Europa Press a través de una portavoz que "el Comité ejecutivo del FONPRODE acordó en 2012 no autorizar este tipo de operaciones", que fueron "aprobadas en la legislatura anterior".

El informe del Tribunal se refiere expresamente a una operación efectuada con GMF, que se encontraba aún activa en los ejercicios 2012 y 2013, por el que se concedió un préstamo a este fondo constituido en el paraíso de las Islas Caimán por motivos de exención fiscal, y gestionado por una empresa radicada en Panamá.

Según señala el Tribunal de Cuentas, "este préstamo no debería haberse concedido". El informe menciona otras dos operaciones de este tipo, una de ellas financiada por el antiguo FAD, que realizó una aportación de capital a un fondo de inversión domiciliado en Mauricio, el Fondo Africano de Agricultura, por 40 millones de dólares (unos 36 millones de euros).

El informe se refiere a otra aportación al Fondo Africano de Garantías (creado en 2010, anulado en 2012) de 20 millones de dólares (18 millones de euros), con domicilio social en Mauricio, que primeramente se contabilizó como un fondo de capital y posteriormente como una contribución.

LA FALTA DE PERSONAL, PARTE DEL PROBLEMA

El Tribunal de Cuentas atribuye en parte las irregularidades y debilidades encontradas en la gestión del FONPRODE a la escasez de personal que tiene asignado este fondo.

Alerta también de que la documentación que maneja FONPRODE se encuentra "dispersa en diferentes unidades y organismos", por lo que "los flujos de información no son los adecuados y se producen lagunas y discrepancias entre ellos".

Según ha detectado el Tribunal, las Oficinas Técnicas de Cooperación en el exterior, dependientes del Ministerio de Exteriores, "no realizan un seguimiento adecuado de las operaciones financiadas por FONPRODE, limitándose a efectuar las de mero trámite".

Y con carácter general, el FONPRODE "no efectúa un seguimiento individualizado de las entidades prestatarias de segundo nivel". "En consecuencia, no siempre puede comprobarse que los créditos concedidos hayan sido efectivamente destinados al propósito para el que se concedieron", advierte.

El Tribunal afirma haber detectado operaciones que, a pesar de los informes que indican los riesgos que asume el Fondo con la concesión del crédito, "habían continuado, incluso en contra el criterio del Instituto de Crédito Oficial".

La investigación del tribunal también ha detectado la concesión de una contribución al Banco Interamericano de Desarrollo por 78 millones de euros, sin haberse firmado el correspondiente convenio de crédito, y la existencia de al menos tres Fondos de capital en los que la formalización de las relaciones crediticias no se efectuó por el ICO, contraviniendo el artículo 14 de la Ley de creación de FONPRODE.

Por lo que se refiere a las cuentas anuales, el Tribunal de Cuentas ha comprobado que "reflejan la imagen fiel de la situación financiera de la entidad".

El informe del tribunal concluye con una serie de recomendaciones dirigidas al FONPRODE y al Gobierno. Al primero le aconseja culminar la elaboración de un manual de procedimientos (que inició hace más de dos años) donde se concreten las tareas, trámites y documentos que requieren para cada tipo de operaciones en las que participa el Fondo.

Que centralice toda la documentación que maneja, que haga

un seguimiento más apropiado sobre los destinatarios finales de los créditos concedidos, y que evite canalizar sus préstamos a través de cuentas fiduciarias para evitar, tanto la falta de control sobre las cantidades aportadas, como la contabilización de esas operaciones.

Al Gobierno le sugiere aumentar los recursos humanos con los que cuenta el FONPRODE y modificar la ley que regula el fondo para incluir una mención expresa a calificar como operaciones no financiables aquellas que impliquen la toma de participaciones en Fondos que operen en países calificados como paraísos fiscales por la normativa española.

Desde el Ministerio de Exteriores se asegura que "se están subsanando y corrigiendo las debilidades a las que hace referencia el tribunal", según la citada portavoz.

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